Rufino Soto Román, contra quien pesaba una fianza de $1 millón tras enfrentar acusaciones de fraude, practicar la cirugía dental sin licencia y dispensar medicamentos de receta sin ser farmacéutico, es un exconvicto federal.

El padre del exponente Xavi “The Destroyer” fue identificado como el líder de un grupo de odontólogos que practicaban ilegalmente la medicina dental en Puerto Rico.

Soto Román fue capturado el miércoles por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos en conjunto con alguaciles, cuando llegó a entregarse al Tribunal de Mayagüez.

Primera Hora se comunicó con la portavoz de prensa del intérprete de “Menos ropa” para requerir una reacción, pero informó que el exponente no brindaría expresiones.

Previo a ser imputado de practicar la medicina dental de manera ilegal, Soto Román tuvo una convicción federal por un cargo de conspiración para distribuir narcóticos y dos cargos de distribución de narcóticos.

El caso se remonta al 8 de agosto de 2001, cuando un gran jurado emitió la acusación contra el hombre, así como contra Wilfredo Torres Figueroa, Rafael Soto Román, Raúl Ferrer Ramos, Raúl Ferrer Aguilar, Carlos Omar Acevedo Colón, Irving Torres Figueroa, Carlos Mercado Jiménez, José Medina Padilla, Walter Román Lugo, William Cortés Morel, Brenda L. Rivera Agustini y Yanira Ferrer Aguilar, según surge del expediente federal.

Por ser un caso cerrado, la acusación ya no está disponible para conocer las imputaciones que se hicieron contra el grupo.

El grupo fue arrestado el 28 de agosto de 2001. Un día después, la Agencia federal Antidrogas (DEA, en inglés) emitió un comunicado de prensa que precisa que a los individuos se les imputó pertenecer a una organización de distribución de cocaína y heroína con sede en Mayagüez. Específicamente, estaban a cargo de suministrar drogas a puntos de Mayagüez y de la zona oeste de la Isla.

“Los arrestos fueron el resultado de una compleja investigación de conspiración criminal iniciada en junio de 1999″ por varias agencias federales, incluyendo la DEA”, se informó.

Se estableció, además, que “esta organización de narcotraficantes estaba liderada por Wilfredo Torres Figueroa, alias Ado, residente de Mayagüez”.

Casi un año después, específicamente el 1 de abril de 2002, Soto Román acogió un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal. El documento tampoco está disponible.

Fue el fenecido juez federal Juan Pérez Jiménez, quien lo sentenció el 18 de septiembre de 2002 a cumplir 37 meses -o lo que representa tres años y un mes- de cárcel, así como otros cuatro años de libertad supervisada.

Según el expediente judicial, no han ocurrido más transacciones relacionadas al caso desde febrero de 2021, cuando los abogados establecieron que ya no están ligados a ninguno de los acusados.

La nueva orden de arresto en la esfera estatal contra Soto Román, de 49 años, fue expedida el pasado 28 de marzo, por la jueza Margarita Gaudier.

El acusado quedó ingresado en el Complejo Correccional Sargento Pedro J. Rodríguez Mateo (Las Cucharas), en Ponce, al no prestar la fianza.

Junto a Soto Román fueron acusados Johan Eduardo Posse Torres, de 43 años, y Santiago Andrés García Briñas, de 27 años, ambos de nacionalidad colombiana. Estos dos fueron arrestados en un establecimiento identificado como Colombia Smile Design, en Mayagüez, durante un allanamiento coordinado entre el Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia, con la colaboración de la Administración Federal de Control de Drogas (DEA, en inglés) y el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.

En el allanamiento se ocuparon medicamentos y equipos administrados por empleados que no están autorizados legalmente para ejercer la práctica de la medicina dental en Puerto Rico.

La investigación reveló que los sospechosos coordinaban las citas a través de plataformas digitales, lo que les permitía operar en el clandestinaje para ofrecer sus servicios dentales, uno de estos es conocido en el mercado como rediseño de sonrisa. Los imputados practicaban la medicina dental ilegalmente desde un local comercial que operaban sin ningún tipo de permiso ni protocolos de salubridad en la calle Sr. José E. Arrarás en Mayagüez.

Una de las querellas radicada el 20 de marzo, denunciaba que el paciente recibió una publicidad del negocio a través de Facebook e hizo contacto con ellos a través de la aplicación de Messenger y al verificar sus nombres con el Colegio de Cirujanos dentistas le indicaron que ninguno era colegiado ni tenía licencia para ejercer esa profesión que la expide la Junta Dental Examinadora.