La sentencia recomendada por la Fiscalía federal contra la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano podría ser la más extensa que se le aplicaría a una persona convicta por corrupción pública en la Isla, describió este miércoles el exfiscal federal Osvaldo Carlo.

Al opinar que una pena de 15 años de cárcel es “excesiva”, comentó que la única persona que ha sido sentenciada a mayor tiempo en prisión por corrupción, bajo el foro federal, fue el exsecretario de Educación, Víctor Fajardo.

El exfuncionario de la administración de Pedro Rosselló González fue acusado en enero de 2002, junto a otros 16 individuos, por cargos de soborno, conspiración, extorsión, robo de fondos federales y lavado de dinero por las autoridades federales debido a un esquema de extorsión que desvió $4.3 millones de dinero de Educación. Fue sentenciado a 12 años y medio de cárcel a nivel federal y tres años de libertad supervisada.

En el foro estatal, Fajardo también fue sentenciado a cumplir 25 años en prisión. Pero, la Junta de Libertad Bajo Palabra le otorgó libertad condicionada en 2013, tras completar su condena federal, por lo que nunca estuvo en una prisión de la Isla.

Se le cuestionó la razón por la que el caso de Charbonier Laureano, quien será sentenciada este próximo viernes, podría ser más grave que el de un convicto que robó dinero para la educación de los niños. Expuso que la diferencia es que Fajardo no era un funcionario electo y la también exsecretaria general del Partido Nuevo Progresista fue electa a la Cámara de Representantes.

“Las penalidades más altas son para aquellas personas que son funcionarios electos, porque son personas que violaron la confianza de los electores. Mientras que un secretario de un departamento, no es un político. Es una persona que no fue, ni es electo, es una persona que fue nombrado por el gobernador de turno. Puede ser que jamás haya ido a un mitin político en su vida y esa distinción es lo que las guías de sentencias toman en consideración”, manifestó el abogado.

Según Carlo, el promedio de convicción de una persona acusada por corrupción en los Estados Unidos es de 24 meses y en la Isla fluctúa en sobre 30 meses de cárcel.

Por ejemplo, sentencias recientes por corrupción pública han sido muy diferentes a la propuesta contra la exlegisladora. El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, fue sentenciado a cumplir cinco años y tres meses de cárcel por recibir sobornos del empresario Oscar Santamaría. Mientras, al empresario se le impuso una pena de dos años y medio de cárcel, ya que cooperó con la Fiscalía federal para encausar una decena de políticos, ayudantes municipales y empresarios.

No obstante, la Fiscalía federal recomienda 180 meses de encarcelamiento contra Charbonier Laureano, quien empleó un esquema ilegal en su oficina de la Cámara de Representantes en la que le infló el salario a Frances Acevedo Ceballos, quien era su “recepcionista-secretaria”, hasta llevarlos a $8,000 mensuales para que esta devolviera a la familia entre $1,000 a $1,500 bisemanales. Se alude que, bajo este esquema, la exlegisladora habría recibido unos $100,000 desde septiembre de 2017 hasta verano del 2020, los cuales no reportó como devengados ni en sus planillas contributivas ni en sus informes éticos.

Carlo indicó que los 15 años de cárcel son el máximo en el nivel 34 de la guía de sentencia federal en que la Fiscalía federal ubicó a la exlegisladora. El mínimo bajo este nivel es de 12 años de cárcel, dijo.

Estos niveles se establecen matemáticamente al sumar agravantes y otras consideraciones. Varios de los agravantes establecido por la Fiscalía federal en el caso de la exlegisladora es que la suma de dinero que supuestamente se hurtó fue de sobre $95,000, así como que hubo varias personas implicadas en el esquema, incluyendo el hijo de la exlegisladora.

El exfiscal federal Juan Mancini dejó claro que, según el cálculo de la guía de sentencia que utilizó la Fiscalía federal, esos 15 años de prisión están justificados.

“Basado en la manera que ellos entienden se desfiló la prueba en juicio, la guía de sentencia que ellos proponen son cónsonas”, precisó.

Sin embargo, el exfiscal explicó que hay cuatro puntos de la guía de sentencia en controversia, de los 34 achacados a Charbonier Laureano. El primero es que no se le dedujo dos puntos por no tener antecedentes penales. Otros dos puntos en controversia fueron achacados por obstrucción a la justicia, ya que borró información de su teléfono celular antes de entregarlo al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Mancini recordó que a Charbonier Laureano se le juzgó y fue encontrada culpable por el cargo de obstrucción a la justicia.

Explicó que el juez a cargo del caso, en este caso Silvia Carreño Coll, tendría a su cargo dilucidar si le aplica o no esta rebaja.

“Si se le bajan cuatro puntos, eso significa que el Adjusted Offense Level sería de 30, lo que equivale a 91 a 121 meses” de prisión, dijo el abogado. Esto representaría un promedio de ocho a 10 años de cárcel.

Pero, Mancini dejó claro que la imposición de la sentencia es discrecional del juez.

“El juez puede poner desde cero hasta el máximo estatutario (20 años). El juez puede variar de esas guías e imponer una sentencia mayor o menor, en acorde con distintos factores. Pudiera ser aumentar o disminuir la sentencia basado en otras sentencias. Pero, cada juez es independiente”, dijo.

Carlo, por su parte, explicó que la jueza tomará en consideración que el caso sería sometido a una apelación. De hecho, el abogado de Charbonier Laureano, Francisco Rebollo, ya solicitó que se le permita permanecer en libertad bajo fianza en lo que ocurre este proceso en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston. El mismo sería presentado una vez ocurra la sentencia.

“El punto es que tú quieres imponer una sentencia que cuando vaya en apelación, no se la revoque. Porque en los tribunales apelativos lo que van a ver es sentencia. Las sentencias no pueden ser excesivas. No pueden ir por encima de lo necesario para castigar a las personas. Es un elemento de ley”, afirmó.

Asimismo, explicó que la defensa ha radicado mociones para objetar los cálculos establecidos para la guía de sentencia.

“Entre cosas, están argumentando, por ejemplo, que se llega al cálculo más alto porque tú ves cada acto que se realizó de pago a Tata como un acto independiente de soborno y se ve como múltiples actos de soborno. La defensa está intentando que se vea como un acto de soborno”, señaló.

Bajo este precepto, Carlo también calculo que la sentencia contra Charbonier Laureano podría bajar a un nivel 30, que corresponde a entre ocho a 10 años de cárcel.

Comentó, además, que la sentencia contra el esposo de la exrepresentante y quien también resultó convicto en este caso, Orlando Montes Rivera, disminuya a entre cuatro a cinco años de cárcel. La recomendación de prisión que hizo la Fiscalía federal en su contra es de cinco años y tres meses.