Tras haber sido declarado culpable el 22 de marzo de 2023 en un juicio por jurado por actos de corrupción pública, el exalcalde de Guaynabo y expresidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez Otero, será sentenciado en la tarde de hoy, lunes, por la jueza federal Aida Delgado Colón.

La vista de la sentencia se da pese al intento que realizaron los abogados del ahora convicto, Osvaldo Carlo, Eduardo Ferrer y José Olmo, durante la semana pasada para detener el proceso en espera de que en junio próximo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determine si “se requiere un quid pro quo para demostrar el soborno”.

En su decisión, la jueza alegó que “las pruebas presentadas al jurado fueron suficientes para condenar a Pérez Otero por conspirar y participar en sobornos de programas federales y en extorsión bajo apariencia de derecho oficial. Demostró que, como alcalde de Guaynabo, Pérez Otero aceptó utilizar y utilizó su autoridad e influencia para beneficiar a Oscar Santamaría a cambio de pagos en efectivo”.

Además, la jueza no le dio paso a la solicitud de desestimación del caso por alegada insuficiencia de prueba para sostener los delitos.

En cuanto a la sentencia, un memorándum radicado en agosto pasado por la Fiscalía federal solicita que la pena que se le imponga a Pérez Otero por haber cometido conspiración, soborno y extorsión fluctúe entre cinco años y tres meses a seis años y seis meses en prisión.

“Tal sentencia responde a la audacia del crimen de Pérez, su violación de la confianza pública y la necesidad de proporcionar un disuasivo adecuado para futuros funcionarios públicos y contratistas”, indica el documento suscrito por los fiscales a cargo del caso, Nicholas Cannon y Myriam Fernández González.

Sin embargo, Pérez Otero pudiese beneficiarse con los cambios introducidos a finales del pasado año a las guías para dictar sentencia y la pena pudiese ser menor.

Tan pronto se dé a conocer el futuro del exalcalde en una cárcel federal, sus abogados de defensa, Osvaldo Carlo, Eduardo Ferrer y José Olmo, se disponen a apelar la convicción.

Carlo adelantó a Primera Hora que tienen 10 días, tras conocerse la sentencia, para someter la notificación de apelación ante el Primera Circuito de Boston.

“Prácticamente, el 100% de los casos que van a juicio por jurado y hay un veredicto adverso se apela. Prácticamente, es mala práctica no hacerlo”, afirmó.

Añadió que “aquí es un caso donde, pues, todos los asuntos ocurrieron en sala, todas las objeciones que no nos concedieron, todos los argumentos que se presentaron para las instrucciones al jurado, todos esos aspectos son aspectos que se suben en apelación. O sea, que el menú es bastante amplio de lo que vamos a considerar. O sea, que sí, nosotros estaremos radicando la moción e identificando qué vamos a apelar tan pronto se dé la sentencia”.

Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre de 2021, luego de que el empresario colombiano Oscar Santamaría y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresario daba dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero fue el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal.

Durante el proceso judicial, se indicaba que la pena máxima en prisión a la que se exponía el exalcalde por haber sido encontrado culpable de tres cargos relacionados a corrupción pública era de hasta 20 años. No obstante, se siguen la guía de sentencias federales para determinar la pena, por lo que la Fiscalía federal recomendó que el periodo de encarcelamiento se extienda entre 63 a 78 meses.

Carlo comentó que este periodo recomendado “es razonable dentro de los parámetros de ir a juicio”. Más, sin embargo, aceptó que su cliente hubiese cumplido mucho menos tiempo en prisión si hubiese acogido una de las cinco ofertas que le presentó la Fiscalía federal para llegar a un acuerdo de culpabilidad.

“Obviamente, si tú examinas las sentencias que le impusieron a los demás alcaldes que hicieron alegación de culpabilidad, pues, había una sentencia razonable de 30 a 37 meses”, dijo, al aceptar que la disminución de la pena se utiliza como un “incentivo” para que se haga alegación de culpabilidad.

“La Fiscalía, obviamente, nos trajo esos incentivos en un momento dado. La determinación siempre es del cliente si acepta o no la oferta del gobierno, y en este caso, ninguna de las ofertas que hizo el gobierno fue aceptada”, añadió Carlo.

En específico, la Fiscalía federal imputó a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2018 al 19 de agosto de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo. Por los delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa, sin embargo, alegaron durante el juicio que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas ilegales para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Como parte de la prueba que desplegó la Fiscalía federal durante el juicio se destacaron fotos y vídeos grabados por Santamaría en el que se le ve al exalcalde recibiendo el dinero en sobres. En una ocasión, Pérez Otero se escondió la paca de dinero en la media que utilizaba.

¿Quién es Ángel Pérez?

Pérez Otero, de 53 años, está casado con la exrepresentante y exjueza, Liza Fernández, con quien tiene dos hijas. También tiene un hijo de otro matrimonio.

Comenzó su carrera política como representante del distrito que comprende a Guaynabo, Bayamón y Cataño. Estuvo en este cargo político, como miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP), entre 2005 al 2012. Llegó a ser presidente de la Comisión cameral de Hacienda.

Durante su estancia en la Cámara de Representantes, enfrentó conflictos con el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, al punto de que perdió el escaño legislativo. Pero, en agosto del 2017, logró su renacer político cuando sustituyó a O’Neill en medio de un escándalo de hostigamiento sexual por el que se declaró culpable años más tarde. En estas elecciones especiales, fue retado por el senador y exsecretario de la Palma, Carmelo Ríos.

Revalidó con el voto del pueblo en las elecciones del 2020, tras haber enfrentado unas primarias contra el hijo de O’Neill, Edward O’Neill Rosa. En diciembre de ese mismo año fue seleccionado por sus pares para convertirse en presidente de la Federación de Alcaldes. Un año más tarde, específicamente el 9 de diciembre de 2021, las autoridades federales sorprendieron al tocar la puerta de su hogar para arrestarle por los cargos de corrupción.

Un día después de su arresto, Pérez Otero presentó su carta de renuncia al municipio. O’Neill Rosa lo sustituyó como alcalde de Guaynabo, tras vencer a varios aspirantes en una elección especial.