“La Policía está ejerciendo una acción legal... jamás los incitaré a que cometan delitos”.

Así lo sentenció hoy Gabriel Hernández Ramos a través de una transmisión por su red social de Facebook en defensa de los ataques que ha recibido ante la interrupción de servicios en el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), para exigir que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) implemente la Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía (Ley 81), entre otros servidores públicos.

A su juicio, lo que está ocurriendo hoy en Puerto Rico ha sido una decisión que tomaron los policías a base del dolor que llevan arrastrando por los pasados nueve años, del que responsabilizó a la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, rechazando tajantemente que sea el líder del movimiento.

Hernández Ramos, un policía retirado en el 2014 con 20 años de servicio y que no está afiliado a ningún gremio, explicó que utilizó sus redes sociales para expresar su posición entorno al retiro digno al tiempo que rechazó nuevamente que haya sido el organizador del movimiento de ausentismo que comenzaron los Uniformados este martes porque él es solo es uno de los cientos de afectados y que se vio obligado a vivir en Estados Unidos en busca de un mejor porvenir para su familia.

“La policía está pasando por un momento injusto que llevaba arrastrando por años. Oye, la Policía está cansada, queremos que se implemente la Ley 81 nada más... nosotros no estamos negociado nada, nosotros no somos terroristas, sáquense eso de la mente, no me llamen a mi, yo no soy el organizador de esto... pueblo de Puerto Rico, la Policía no quiere hacer esto, es que están cansados porque no queremos vivir así”, manifestó Hernández Ramos, quien el martes encabezó una protesta frente a la JSF.

A su vez, suplicó al gobernador Pedro Pierluisi, a los senadores, representantes, alcaldes, políticos y a todos los sectores para que escriban, se reúnan y tomen acción a favor de su reclamo ante la JSF.

“Hay más de 65 cuarteles cerrados, comandancias, unidades y esto es preocupante, gobierno. ¿Por qué en vez de buscar una solución seguimos tirando leña al fuego? Ahí es donde se demuestra la falta de liderazgo... No traten de adjudicar culpas o fabricarle culpas a una persona para ustedes salir del paso“, sostuvo Hernández Ramos, al reaccionar a las advertencias hechas por algunos políticos de que podría haber incurrido delitos federales por presuntamente “incitar” a los agentes que no acudan este fin de semana a trabajar.

Esta mañana las policías municipales de San Juan y Arecibo tuvieron que atender dos escenas, una de un tiroteo que alcanzó las paredes del cuartel municipal de Barrio Obrero y otra persecución de dos delincuentes.

Mientras, en los municipios como Isabela y Barceloneta se han decretado órdenes ejecutivas para decretar un estado de emergencia, por lo que se suspendieron los días libres y otras licencias para activar a los policías municipales en turnos de 12 horas y cubrir la falta de agentes estatales.

La Policía Municipal de Cabo Rojo y Salinas cubrirá la seguridad las 24 horas hoy, mañana y el domingo, pues ha trascendido información de que no hay agentes en los cuarteles de Ponce, Yauco, Guayanilla, Guánica, Añasco, Dorado y Aguas Buenas, los cuales son cubiertos por la seguridad de los pueblos, entre otros.

Este tipo de movimiento de ausentismo no es nuevo. Entre finales del 2017 y a principios del 2018 se le llamó el “Blue Flu” para exigir el pago de las horas extras para los huracanes Irma y María, acogiéndose a su Licencia por Enfermedad durante tres días, período en que la ley no les requiere que muestren un certificado médico como evidencia.

La cantidad de policías u oficiales activos afectados son alrededor de 2,000 que ingresaron en el año 1990 o antes, a quienes se les aplicó la Ley 447 del Sistema de Retiro de Empleados Públicos del Gobierno y los que fueron reclutados después de esa fecha, entre el 1991 al 1999, que quedaron bajo la Ley 1. Los que están cubiertos por la Ley 447, recibirán una pensión de un 42 por ciento de su salario y los de la Ley 1, solo un 28% del sueldo que devengan para el 2013, cuando se cobraba un promedio de $1,800 a $1,900.

“Y si la Policía hoy día, desde el martes, mejor dicho, de Mayagüez hasta Fajardo y de Ponce hasta San Juan, están tomando una decisión, es porque ellos libre y voluntariamente lo están haciendo, porque están cansados del atropello. Pero claro ustedes ahora quieren buscar a quien echarle toda la culpa de esto. Le voy a decir algo a Alejandro García Padilla, no adjudiques el problema social de un país a una acción que la Policía está accionando en estos días, porque el problema social de nuestro país y lo que vaya a suceder en el país no es culpa de la Policía y mucho menos la mía”, sentenció el expolicía.

Se amparó a su derecho constitucional a la libre expresión y manifestó que se cometería un acto de injusticia si se le radica algún cargo.

La Ley 45 de Relaciones del Trabajo para Servicio Público de Puerto Rico prohíbe participar, decretar o inducir a los miembros de una organización sindical o cualquier otro grupo de empleados del sector público, ya fuere por una persona en su carácter individual o por una organización sindical a que, a que decreten o participen en una huelga.