En un acto en el que asumió su responsabilidad por residir en una vivienda que no tenía permiso de uso y no informar a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) la construcción de una piscina, el ex representante novoprogresista, José Luis Rivera Guerra, hizo hoy alegación de culpabilidad ante la jueza Isabel Llompart Zeno, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

 “Es parte del proceso. Hay que ser responsable, como siempre he sido. Siempre he dicho las cosas de frente en la política y en mi vida privada, así también asumo mi responsabilidad”, sentenció Rivera Guerra a su salida de la sala 1108 del Tribunal, en la que se limitó a decir que era “culpable” de los cargos imputados.

Para declararse culpable, el abogado que defiende a Rivera Guerra, el licenciado Iván de Luis Miranda, logró establecer un preacuerdo con los fiscales especiales Emilio Arill García y Luz Ivette Burgos Santos. El mismo contempla una reclasificación de los dos cargos que se le imputaban por violaciones al artículo 4.11 de la Ley de Ética Gubernamental a dos por violación al artículo 268 del Código Penal del 2004, el cual estipula como delito menos grave la “negativa a contestar o suplir información fiscal”

Asimismo, se reclasificó un cargo de violación al artículo 9.12 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico por una infracción al artículo 16 de la misma ley, que cambia a menos grave el delito de usar una propiedad sin permiso, detalló el fiscal especial Arill.

El acuerdo también contempla que Rivera Guerra acuda a la OEG antes de que se dicte sentencia el próximo 11 de julio, para que enmiende los informes financieros en los que obvió información.

Aún se desconoce las penas que podrían imponerse a Rivera Guerra con esta declaración de culpabilidad. Esto se debe a que Arill no había sometido su recomendación de sentencia al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) para la aprobación, según informó en sala.

No obstante, por la violación al Código Penal se le podría imponer seis meses de cárcel o una multa de $500 al exlegislador. Mientras, por vivir en una propiedad sin permiso de uso se le podrían imponer entre 90 días de cárcel o una multa convalidada por días de cárcel, detalló el fiscal especial.

 La jueza también advirtió que le podía imponer al exrepresentante una sentencia en la que tendría que cumplir con trabajo comunitario.

 Este acuerdo de culpabilidad se logró hoy mismo, debido a una petición hecha por el abogado de la defensa.

 “Realmente hubo un diálogo con el ministerio público, representado por la figura del fiscal especial, y entendemos que se hizo lo que procedía, luego de las enmiendas”, se limitó a decir el abogado de defensa a su salida del Tribunal.

Por su parte, el fiscal especial informó que el Panel del FEI aceptó el acuerdo de culpabilidad, porque el caso no implicaba apropiación ilegal de fondos públicos.

“Tú debes recordar que en este caso no hay dinero del Gobierno de Puerto Rico ni de ningún tipo de naturaleza. O sea, aquí el Gobierno de Puerto Rico no ha perdido un solo centavo. Es un caso de no informar la construcción de una piscina, que él pagó, y es un caso donde no solicitó permiso para vivir en una residencia. O sea, aquí no hay dinero del Gobierno de Puerto Rico envuelto en este caso. Es, simplemente, que no solicitaron ni se suplió la información”, precisó García.

Añadió que este caso debe servir de ejemplo a “todos los funcionarios públicos, todos, incluyendo jueces, fiscales, políticos, todos, de que hay que rendir los informes que la ley dispone”.

Específicamente, las denuncias contra Rivera Guerra estipulan que violentó el proceso ético impuesto a los funcionarios públicos al no divulgar entre los años 2009 al 2011 la liquidación de una deuda contraída por la construcción de una piscina en su residencia; y no divulgar en los informes financieros la construcción de una mejora por más de $3,000 a su residencia.

La violación a la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos se le imputó por vivir en su propiedad residencial en el barrio Caimito Alto de Aguadilla, de diciembre de 2009 a enero de 2012, sin permiso de la Oficina de Gerencia de Municipios Autónomos.

De no haber llegado al acuerdo y haber sido encontrado culpable, Rivera Guerra se exponía a un año de cárcel en cada uno de los cargos a las violaciones de Ética o $2,000 de multa en cada caso. En el caso de la violación a la Ley para la Reforma de Permisos, se exponía a 180 días de cárcel o $10,000 de multa.