Una publicación que incluye testimonios sobre supuestas humillaciones en centros de tratamiento para uso de drogas en Puerto Rico es el eje de una controversia que se dilucida en el Centro Judicial de San Juan entre la organización de rehabilitación de adictos Hogar CREA y la entidad de base comunitaria Intercambios Puerto Rico, Inc.

La investigación de la autoría de Rafael Torruella, director de Intercambios Puerto Rico, y de la psicóloga social Débora Upegui-Hernández, describe como una violación de derechos humanos, civiles y de pacientes algunas prácticas empleadas en algunos centros residenciales de tratamiento de adictos, entre los que se menciona a Hogar CREA, así como a otras organizaciones cristianas. 

El informe “Humillación y abusos en centros de ‘tratamiento’ para uso de drogas en Puerto Rico”, difundido en mayo por Intercambios Puerto Rico en la página en línea descriminalización.org y reseñado en múltiples medios de comunicación, concluye que los participantes de estos programas residenciales, muchos de los cuales son internados por “desvío” ordenado desde el tribunal, son expuestos a dolor mental físico y severo, trabajo forzado sin remuneración económica, encierro y trato que raya en tortura física y psicológica.

Ante los señalamientos, Hogar CREA demandó por $350,000 a Intercambios Puerto Rico por libelo, calumnia y difamación, con la alegación de que los datos incluidos en la investigación son falsos.

Además, la entidad con 81 centros en la Isla, así como en nueve países, solicitó un interdicto preliminar y permanente para que cese la publicación del informe y su contenido.

En la primera vista que se realizó en la mañana de hoy, martes, ante el juez Ángel Pagán Ocasio, Hogar Crea, representado por Yuri J. Valenzuela, argumentó que no es cierto que la entidad cometa los abusos imputados y que la difusión de esa información ha causado daño a la reputación de la entidad, al punto que los pacientes y sus familiares dudan de la efectividad del tratamiento y muchos pudieran escoger no internarse para atender su adicción.

El abogado de Intercambios Puerto Rico, Franciso Ortiz Santini, indicó que el estudio es un enfoque crítico a tratamientos tradicionales y consideró que el único foro donde se debe debatir su contenido es ante la opinión pública del país y no en el tribunal. 

“Aquí hay un intento claro (de los demandantes) de valerse de los recursos del Tribunal para imponerle una censura previa a los investigadores y castigarles por hacer uso de su derecho constitucional a la libre expresión”, argumentó Ortiz Santini. 

De acuerdo con el representante legal de Torruella, José Juan Nazario, “no se puede acudir al tribunal para excluir la presentación y el debate de ideas”. 

Consideró que las consecuencias y supuestos daños ocasionados por el estudio son especulativas y que la probabilidad de prevalecer, uno de los requisitos para la expedición del interdicto solicitado por los demandantes, favorece a la parte demandada.

“El interés público en este caso es la libertad de expresión. El demandante no ha podido demostrar un interés público por encima de ese”, sostuvo.

También intervinieron los abogados Luis José Torres Asencio, representante de la codemandada Débora Upegui-Hernández, y Jaime Rosa Malavé, de la Comisión de Derechos Civiles (CDC). 

El juez determinó consolidar las peticiones de interdicto preliminar y permanente y celebrar una vista evidenciaria el viernes, 21 de agosto, a las 9:30 a.m.

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