El juicio federal por corrupción pública contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, inició ayer, lunes, con la divulgación del listado de los testigos que presentará la Fiscalía federal, encabezada por el empresario Oscar Santamaría y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, así como con la selección del jurado, el cual estará dominado por mujeres.

Pérez Otero, quien llegó al Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey, acompañado de su esposa, la exrepresentante y exjueza Liza Fernández, se mostró tranquilo y enfocado durante los trabajos del día. Sólo pidió a los que seguirán su caso que “oren por todas las personas que van a estar participando en este proceso”.

“Hoy, obviamente, comenzamos la etapa más difícil de este proceso. Pero, yo desde el día uno les había solicitado a mis abogados que yo quería defenderme y hoy comienza ese proceso. Confiamos en Dios y en la imparcialidad del jurado de escuchar todas las partes antes de hacer un juicio, y confiamos en eso”, afirmó durante su ingreso a la corte.

Los trabajos del primer día del juicio se centraron, principalmente, en la selección del jurado, paso que duró unas tres horas y media.

Para escoger a las 12 personas que deberán juzgar si Pérez Otero es culpable o no culpable de participar en un esquema de corrupción liderado por el empresario Santamaría, en el que se alega recibió dinero en efectivo a cambio de un contrato para la compañía de construcción Island Builders, la jueza federal Aida Delgado Colón preguntaba aspectos personales y profesionales a unas 60 personas. Estas eran en su mayoría mujeres y adultos mayores.

Entre otras cosas, preguntó si conocían personalmente o profesionalmente a los testigos que espera la Fiscalía federal sentar a testificar para intentar probar su caso contra el también expresidente de la Federación de Alcaldes. La acción dio paso a que el fiscal federal, Nicholas Warren Cannon, leyera el listado de testigos. Resonaron los nombres de Santamaría y Delgado. Ambos cuentan con acuerdos con la Fiscalía federal, que los llevarán a cumplir una pena mínima en prisión, por su cooperación en este y otros casos de corrupción pública que salpicó a varios alcaldes y empresarios.

De hecho, Pérez Otero fue arrestado luego de que Santamaría y Delgado acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y los de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero sería el único que enfrentará juicio.

El testimonio de Santamaría sería trascendental porque sería la primera vez que habla públicamente sobre la manera en que logró sobornar a alcaldes tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático.

En específico, la Fiscalía federal imputa a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders.

Por los supuestos delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa, Osvaldo Carlo, José Olmo y Eduardo Ferrer, sin embargo, han alegado en fallidas mociones radicadas ante la corte que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Otros de los testigos que usará la Fiscalía federal para sentar las bases de su caso criminal son el director auxiliar del área de Auditoría de Informes Financieros de la Oficina de Ética Gubernamental, Héctor Blaudell, así como dos empleados de la Oficina del Contralor Electoral, la abogada Sarah Rodríguez y el auditor senior, Abraham David Espada.

Sería de esperar que estos funcionarios estipulen si Pérez Otero en alguna ocasión reportó el ingreso que supuestamente recibía en efectivo de manos de Santamaría, que pudo haber alcanzado los $100,000, a modo de donativo de campaña o de manera personal.

Otros testigos serán el exdirector de Recursos Humanos del municipio de Guaynabo, Eduardo Farría; el dueño de la empresa Island Builders, Carlos de Jesús Pagán; el agente federal Miguel Rodríguez, e Ibis Figueroa, quien trabaja en el Head Start de Guaynabo y afirmaría que el municipio recibe sobre $10,000 en fondos federales para su operación lo que permitiría al gobierno de los Estados Unidos ejerza fiscalización en ese ayuntamiento.

Durante el proceso de selección de jurado, el fiscal federal también mencionó otros nombres. La jueza hizo claro que no serían testigos, pero sí mencionados durante los interrogatorios. En la lista, figuraron los exalcaldes de Aguas Buenas, Humacao y Trujillo Alto, así como José “Bou” Santiago, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas, empresarios que se han declarado culpables.

Asimismo, se mencionaron los nombres de la esposa de Pérez Otero, Liza Fernández; el exvicealcalde de San Juan, Alberto Escudero, así como del exalcalde de Cidra y exsecretario Auxiliar para Asuntos Municipales de la administración de Pedro Pierluisi, Javier Carrasquillo.

Carrasquillo es investigado por un fiscal especial independiente (FEI) por un supuesto contrato de asesoría que le dio a Santamaría en el municipio de Cidra. En la querella se alegó que el empresario determinó disolver un contrato de recogido de basura por $14.7 millones. Entre los posibles delitos que se investigan figuran aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y soborno.

Al jurado también se le cuestionó si conocen o están asociados a algunas de las empresas que se destacarán durante el juicio, como la de construcción, Island Builders, y la de recogido de basura, Waste Collection. Estas empresas fueron utilizadas por Santamaría para cometer sus sobornos en varios municipios, según ha trascendido.

Si tenían algún impedimento personal, religioso o profesional para atender el juicio, entendían inglés, si ha realizado donativos a campañas políticas, si leyó reportes de prensa sobre Pérez Otero y lo creyeron culpables, así como si creen que todos los políticos son corruptos fueron otras de las preguntas lanzadas al panel que se usó para seleccionar el jurado.

El proceso culminó con la selección de nueve mujeres y tres hombres.

Además, habría dos jurados mujeres y otros dos hombres que servirían de alternos, en caso de que un miembro del jurado se dé de baja en medio del proceso judicial.

Entre los miembros del jurado no hay nadie que resida en Guaynabo o haya estado vinculado al municipio en alguna manera. Quedó compuesto por tres miembros que residen en el oeste de la Isla, otro en la zona este y uno en el sur. El resto reside en municipios que quedan a aproximadamente a media hora de Guaynabo.

Destaca, además, que dos de las personas que residen más cerca a esa ciudad han tenido experiencia como jurado en casos criminales de la esfera federal. Aunque, también otro jurado residente del sur ha servido ya como jurado.

En general, la edad del jurado ronda entre los 40 a 60 años, en su mayoría casados.

Para cumplir su función, los integrantes de panel deben tomar una decisión unánime de culpabilidad o no culpabilidad. Si no logra un acuerdo, se disolvería el panel y se escogería otro jurado para realizarse un nuevo juicio.

Antes de que se llevara el proceso de selección del jurado, la jueza federal Delgado Colón atendió una moción radicada por los abogados de Pérez Otero, cuyo contenido fue restringido en el expediente criminal.

No obstante, la jueza reveló que la controversia está relacionada al testimonio al gran jurado que dio Santamaría en torno a las contribuciones políticas que la defensa alega este realizaba a favor de Pérez Otero. La moción fue denegada.

El proceso judicial reanuda el jueves, donde se le darían las instrucciones al jurado, los abogados y los fiscales realizarían los argumentos iniciales, así como se pasaría al desfile de testigos.