En la continuación de la vista preliminar contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, una empleada de la Oficina del Contralor, identificada como “especialista en fraude”, aceptó este viernes que se equivocó en dos instancias durante su testimonio.

El primer error reconocido fue al estipular durante el proceso judicial que la Legislatura le asignó al municipio de Mayagüez $20 millones para la construcción del Centro de Trauma. El segundo era referente a cuánto dinero logró recuperar el municipio al realizar una inversión de alto riesgo con dinero que fue asignado por la Legislatura y en la que los responsables resultaron convictos en el foro federal.

La vista preliminar se realizó ante juez Héctor L. López Sánchez, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Los trabajos del día culminaron a eso de las 4:00 p.m., cuando se reseñaló la continuación de la vista preliminar contra Rodríguez y la directora de Finanzas del municipio, Yahaira Valentín Andrade, para los días 2 y 3 de noviembre.

Este viernes la vista preliminar se centró en el contrainterrogatorio a la “especialista en fraude”, Wanda J. Said Pérez, por parte del abogado de defensa del alcalde, Harry Padilla. Al culminar el día, su testimonio no culminó.

Su declaración comenzó con la aceptación de que no ofreció al tribunal la cifra correcta sobre el dinero que le otorgó la Legislatura al municipio para construir un Centro de Trauma.

“Lo indiqué (que eran $20 millones), pero es incorrecto... Me equivoqué”, indicó Said Pérez a preguntas de Padilla.

Al corregir su testimonio, dado el pasado lunes, la funcionaria estipuló que en total la Legislatura le asignó $18 millones al municipio de Mayagüez y que sólo se le desembolsaron $9,850,000.

Esta suma de dinero está en controversia, pues el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) acusó al alcalde y a la directora de Finanzas del municipio de utilizar los fondos designados al municipio mediante tres resoluciones conjuntas para realizar una inversión de alto riesgo que resultó en pérdida.

Según habían ordenado las resoluciones conjuntas, emitidas en el 2012, 2014 y 2015, el dinero era para la construcción del Centro de Trauma de Mayagüez.

Pero, este no fue el único error que aceptó la funcionaria durante la primera parte del contrainterrogatorio.

Said Pérez también indicó que en su testimonio ante el tribunal dio dos cifras distintas sobre las pérdidas que tuvo el municipio al invertir el dinero dado por la Legislatura.

Con un “sí” expuso que el pasado lunes le dijo a la fiscal especial independiente a cargo del caso, Leticia Pabón Ortiz, que el municipio perdió $7.2 millones. No obstante, en su testimonio del día, comentó que el municipio recuperó $7.6 millones del dinero invertido y que la pérdida fue de $1.4 millones.

En su tercera versión, emitida luego del almuerzo, la funcionaria aceptó que el municipio recuperó la totalidad de los fondos.

Como parte del testimonio, Padilla hizo que la empleada del Contralor leyera una legislación municipal que alude a que el municipio de Mayagüez y la Junta de directores de la empresa municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) fueron víctimas bajo “treta, fraude y engaño” de unas siete personas que fueron acusados por las autoridades federales.

En marzo de 2021 un gran jurado federal emitió una acusación formal en la que se le imputaron 33 cargos de fraude electrónico y lavado de dinero a estas siete personas. Los imputados fueron identificados como los excontratistas Eugenio García Jiménez y Roberto Mejill Tellado; Steve Minger; el exasesor del alcalde Arnaldo J. Irizarry; el exfuncionario Alejandro Riera Fernández, así como los hermanos Stephen y Joseph Kirkland. Se alegó que entre el 2016 y el 2018 organizaron un esquema para defraudar al municipio de Mayagüez y a MEDI.

Irizarry y Riera Fernández fueron hallados culpables el pasado año, mientras García Jiménez, Mejill Tellado, Minger, y los hermanos se declararon culpables.

La teoría de Padilla es que el alcalde “fue timado por funcionarios que él contrató” y que fueron acusados por las autoridades federales. Por ello, alude que no proceden los cargos estatales presentados en su contra por malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber, ambos tipificados bajo el Código Penal.

Durante sus expresiones, Said Pérez aceptó que las personas señaladas en la legislación municipal resultaron convictas a nivel federal.

Asimismo, el abogado cuestionó a la funcionaria cómo es el proceso que sigue en el Contralor cuando se detecta que en otros municipios usan fondos de resoluciones conjuntas para otros fines.

Said Pérez aceptó que los informes señalan el hallazgos y pide al municipio que devuelva los fondos a la cuenta de banco en la que se deben guardar los fondos asignados por la Legislatura.

Tras entrarse a este tema, el proceso judicial se colmó de objeciones. Ocurrió cuando Padilla intentó que la testigo expusiera que en otros casos similares al del alcalde de Mayagüez nunca se refirieron al Departamento de Justicia ni se encausó a los alcaldes.

En un momento del careo, por el intento de Padilla para que la testigo autenticara un informe del Contralor del 2018 del municipio de Maunabo y la oposición de la fiscal para que lograra su objetivo, el juez soltó: “vamos. Se me comportan los dos”.

La funcionaria expuso que ella no revisa todos los informes del Contralor, por lo que desconoce si hubo algún otro referido a Justicia por el uso incorrecto de fondos legislativos. Luego, se acordó que evaluó tres casos similares para los años 2002 y 2004. Dijo que se encausaron a dos empleados.

“Alcaldes no”, respondió cuando Padilla intentaba verificar el proceder común de las autoridades cuando un municipio le da un uso distinto a los fondos asignados por la Legislatura.

Padilla, en un instante en el que la testigo no se encontraba en sala, reveló que su interés en la defensa al alcalde de Mayagüez es plantear durante esta vista preliminar que desde el 2012 se han registrado unos 43 casos en que el Contralor señala a un municipio por usar fondos legislativos para otros fines y no se le acusa.

“Este es el primer alcalde que se le ha aplicado un 264 Código Penal (malversación de fondos públicos) por una situación que es común en Puerto Rico. Este es el primer alcalde que ha sido acusado por eso... No se puede perder de perspectiva que este proceso comenzó con una carta de queja de un representante de la Cámara”, expuso.

De ser hallado culpable durante un juicio, el suspendido alcalde de Mayagüez y la directora de finanzas del municipio se exponen a cumplir hasta 18 años prisión, 15 por malversación de fondos públicos y tres por negligencia en el cumplimiento del deber. En ocasiones, las sentencias pueden imponerse de manera concurrente, por lo que el máximo de prisión podría ser 15 años. El Código Penal también provee al juez la potestad de reclamar la restitución del dinero.