Los planes de seguridad previo a las protestas programadas para el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que este año se celebra en medio de la pandemia por coronavirus, no deben interferir con protocolo de prevención contra la enfermedad.

El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera Rivera, advirtió hoy que todo supervisor que no siga el protocolo establecido para atender los casos de coronavirus ante la mera sospecha de contagios pudieran ser sancionados.

Sus expresiones surgieron ante las numerosas llamadas que ha recibido Primera Hora de agentes y de varios sargentos de Ceiba, Cataño y Carolina, entre otras áreas, quienes han manifestado su preocupación por que el protocolo se ha flexibilizado desde el 15 de abril para evitar el cierre de cuarteles, enviando en aislamiento solo un grupo reducido, sin seguir el rastreo de contactos.

“Hay incertidumbre con lo que pueda pasar el 1 de mayo y no se quieren quedar sin personal. Nos preocupa que estén flexibilizando el protocolo. Nos amenazan con tomar represalias contra los que levantamos la voz y hasta con escribirnos cartas de amonestaciones”, sostuvo uno de los policías afectados.

Una situación similar ocurrió en el cuartel de autopista de Ceiba que no fue cerrado a pesar de que dos supervisores arrojaron resultados positivos en la prueba rápida que se les practica en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina las cuales son provistas por la Guardia Nacional. Los supervisores están asintomáticos y hoy el cuartel fue desinfectado.

“El que haga esto va a tener consecuencias administrativas, aquí hay un protocolo que tiene que seguir toda la oficialidad; todo supervisor tiene que seguir el protocolo establecido. Si se expuso o tiene síntomas similares a los del COVID-19 el procedimiento es aislar y hacer las pruebas requeridas. De la evaluación se determina el cierre (del cuartel), el aislamiento de los agentes y la descontaminación”, respondió Escalera Rivera, en entrevista con Primera Hora.

El funcionario reveló que hoy se reunió con el superintendente auxiliar de Operaciones de Campo, el coronel Luis Colón, a quien le recalcó sus instrucciones de cumplir con el protocolo establecido.

“Aquí tenemos que proteger a los compañeros y descartar que contamine a sus familiares cercanos o sus hijos”, insistió.

A su vez, exhortó a cualquier agente al que su supervisor le imparta instrucciones distintas al protocolo para que le radique una querella administrativa.

Los policías temen que mientras solo un grupo reducido de ellos estén en aislamiento preventivo, y no todos los que hicieron contacto con su compañero sospechoso, cuando regresen enfrenten nuevamente el riesgo de contagio porque no se controló el foco de infección.

También comentaron que han esperado por más de seis días por los resultados de sus pruebas, ya que las mismas se envían al Departamento de Salud y de ahí a la doctora María de Carmen Calderón, médico del NPPR, para que los certifique.

La Orden Ejecutiva 2020-021 otorga una licencia de 14 días de descanso sin cargo a la licencia de enfermedad o vacaciones a los empleados públicos que presente una certificación médica indicando que tienen o se sospechan que ser contagiaron con el virus.

El deceso hoy del agente Miguel Martínez Ortiz, adscrito a la División de Operaciones Conjuntas, a consecuencia del coronavirus ha consternado aun más a los uniformados, quienes son parte de los trabajadores de primera respuesta que más se han visto afectados.

En el NPPR hay 90 casos positivos, 923 aislados preventivamente y se han incorporado 831. Sin embargo, no se ha revelado cuántos casos están pendientes de análisis, la cantidad de hospitalizados ni los que se encuentran en condición crítica de salud porque la Oficina Médica no los posee.

Según cifras oficiales, la Uniformada cuenta con 11,522 agentes activos.