Una “empleada de carrera”, que trabajó 28 años para la Administración del Seguro Social (SSA, en inglés), fue arrestada esta mañana por, presuntamente, apropiarse de $1.8 millones de fondos provenientes de la agencia federal.

Contra la mujer, identificada como Myrna Faria y también conocida como Myrna Oliveras Santiago, pesa una suma de 17 cargos criminales que incluyen uno por robo de propiedad del gobierno, ocho por fraude postal, cuatro por uso indebido del uso de números de seguro social y cuatro por robo de identidad agravado.

“Este comportamiento de parte de un funcionario público es una vergüenza. Su trabajo era para servir al pueblo, no robar al gobierno. Los funcionarios públicos de todas las agencias del gobierno tienen que entender que se les exige un estándar más alto. La gente depende de nosotros”, acotó en conferencia de prensa Joseph González, jefe del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) en Puerto Rico.

“Siempre decimos en este país (que) la limpieza empieza por la casa. Así que, no vamos a tolerar este tipo de conducta en ninguno de los empleados federales radicados en esta Isla”, aseguró, por su parte, Héctor Ramírez Carbó, segundo al mando de la Fiscalía federal.

“El arresto de hoy demuestra nuestro compromiso de investigar todo tipo de caso de fraude contra el Seguro Social”, agregó el agente residente encargado de la Administración de Seguro Social en la Oficina del Inspector General, Julián Lugo.

Faria trabajó en la SSA desde el 1991 y se retiró el 30 de agosto de 2019, lapso de tiempo en el que ocupó los puestos de especialista en seguro social y especialista en reclamaciones en la unidad de apoyo, ubicado en San Juan.

Según reza el pliego acusatorio, “desde o alrededor del 20 de marzo de 2012″ hasta la fecha de la acusación, el pasado 7 de marzo, Faria, “intencionalmente y a sabiendas malversó, robó, hurtó y convirtió para su propio uso o el uso de otro” dinero de la SSA del seguro de jubilación, beneficios de seguro de sobrevivientes y pagos de beneficios auxiliares. El total sumó cerca de $1,812,455.10.

La Fiscalía federal especificó que, durante 12 años, sometió 13 reclamaciones fraudulentas, de las cuales 10 aún estaban activas, por lo que continuó recibiendo dinero hasta el 7 de marzo, día que un gran jurado federal la acusó. Faria, además, llamaba a la SSA y a una institución bancaria, únicamente identificada en el pliego acusatorio como “Banco A”, para actualizar sus reclamos y mantener viva el esquema fraudulento.

“Tenemos a una empleada de carrera que robó casi dos millones de dólares de la Administración del Seguro Social sin pensar en las consecuencias. Usó su acceso para recibir dinero de forma ilegal. Incluso, después de jubilarse, continuaba recibiendo dinero ilegalmente”, subrayó González.

Para apropiarse de este dinero, aparentemente, aprobó reclamaciones falsas y sometió su propia información bancaria y direcciones para recibir los beneficios directamente. Por ende, usó la identificación de 13 personas, quienes ella pensaba habían fallecido debido a la inactividad de sus cuentas de la SSA, para así apropiarse de los beneficios que les tocarían a ellos. Estas cuentas, sin embargo, correspondían tanto a personas fallecidas que no habían sido reportadas como muertas al igual que a personas vivas con cuentas inactivas.

Luego, a través de Direct Express -tarjeta de débito prepago que se les ofrece a quienes reciben beneficios federales electrónicamente- el “Banco A” le enviaba tarjetas de débito a Faria con los fondos que había recibido de manera ilegal. Las tarjetas eran enviadas a cuatro direcciones postales distintas, tres en San Juan y una en Carolina. También, recibía depósitos directos a su cuenta de banco.

“Sus actos fueron ilegales e irresponsables y no representan la buena encomienda de los miles de servidores públicos que laboran para… la Administración del Seguro Social”, aseveró Ramírez Carbó.

Los programas de donde aparentemente hurtó el dinero son específicos para el beneficio de retirados, viudos y viudas de algún empleado que cualificaba para recibir el Seguro Social y las parejas, sobreviviente, hijos o padres de un trabajador que también recibe Seguro Social.

“Quiero dejar claro que no importa en qué nivel está el funcionario público, si está haciendo las cosas mal, lo vamos a investigar. Nadie está por encima de la ley”, recalcó González.

De ser hallada culpable, Faria podría enfrentar 10 años de prisión por robo de propiedad del gobierno, 20 por fraude postal, cinco por uso indebido del uso de números de seguro social y una sentencia mandatorio consecutiva de, al menos, dos años por robo de identidad agravado.

La fiscal federal Vanessa D. Bonano Rodríguez está encargada del caso.

Los federales le recordaron al público que, de tener algún familiar que fallezca, debe informarlo inmediatamente a la SSA para evitar que alguien haga uso de este dinero, tal como lo hizo Faria. También, hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier tipo de fraude a la SSA comunicándose al 1-800-269-0271 o https://oig.ssa.gov/.

Además de Faria, hoy también se arrestaron a cuatro carteros por no entregar 40 votos adelantados a electores activos en San Juan que participarían de la elección especial del 2022 que buscaba llenar la vacante que dejó Henry Neumann en el Senado.