El secretario de Justicia, César Miranda, aseguró esta tarde que los responsables de golpear salvajemente a un abogado el pasado 9 de agosto en la Marina Puerto del Rey, en Fajardo, serán acusados.

Miranda, sin embargo, no se aventuró a indicar cuándo se presentarían denuncias contra los sospechosos de agredir al letrado. 

“Si hay un caso que me ha indignado es este. Desde el primer día que me enteré, y fue por una llamada que me hicieron, solicité una investigación a fondo directamente con el fiscal (José) Capó. Es un caso que hacía tiempo no veía en Puerto Rico. Unas personas que aparentemente por su orientación (posición) socioeconómica asumen esas actitudes. El caso se está investigando a fondo”, dijo Miranda en entrevista telefónica con este medio.

El funcionario hizo referencia las circunstancias en que el abogado Roberto N. Guzmán Jiménez sufrió una golpiza a manos de tres individuos identificados por las autoridades hace poco menos de dos semanas. 

Las lesiones sufridas han sido de tal severidad que han dilatado la pesquisa del caso relacionado a un altercado en el que los agresores le faltaron el respeto a la esposa del agredido, según la investigación preliminar de las autoridades.

¿Por qué ha tardado tanto la radicación de cargos?, se le preguntó a Miranda.

“La tardanza se ha debido en parte a conversaciones directas con los afectados y ha requerido mucha prudencia en el manejo del asunto. La persona no se ha recuperado de la golpiza que le propinaron. Estuvo a punto de perder la lengua. No voy a revictimizar a estas personas. Eso implica darles el espacio que nos están solicitando antes de llevarlos a la rueda de confrontación. El caso se está investigando y se va a radicar”, puntualizó Miranda.

Este medio supo que Guzmán Jiménez, de 47 años, será sometido a prueba adicionales médicas dirigidas a establecer el alcance del daño sufrido en la lengua, la quijada y uno de sus oídos. El hombre y su esposa finalmente fueron entrevistados el miércoles pasado, 10 días después de la golpiza. La entrevista no se pudo realizar antes debido al mal estado de salud del abogado y su dificultad para hablar.

La Policía ya ha entrevistado a varios testigos de la golpiza, atribuida a dos hermanos y un primo, quienes según ha trascendido públicamente son miembros de una acaudalada familia de comerciantes. Sin embargo, desde el día de los hechos tanto el Departamento de Justicia como la Policía han sido extremadamente cautelosos en no identificar a los tres sospechosos, cuyas imágenes han circulado por redes sociales por las pasadas dos semanas y se les identifica como los responsables de la agresión.

Preguntado sobre por qué el Departamento de Justicia no identifica a los sospechosos del crimen. Miranda indicó que no veía nada “extraordinario” en identificar a los investigados. 

“Pero en este caso, ante la situación y las circunstancias particulares dejaré que el fiscal Capó en su momento nos indique…. Estas personas tienen su defensa y no los vamos a preparar”, dijo.

La Policía explica su silencio

Sobre el mismo tema la Policía, a través de su portavoz Maricarmen Ortiz, envió declaraciones escritas para explicar política oficial de la agencia sobre identificación de sospechosos. 

"En etapas tempranas de la investigación criminal, cuando no esté disponible el testimonio de la parte querellante o no se haya podido corroborar el mismo, la Policía de Puerto Rico no ofrece datos de la identidad de la parte querellada para no afectar el esclarecimiento del delito que se trate. Distinto resulta cuando se arresta a una persona, o cuando se ofrece la identidad de un individuo para que las personas ayuden a su captura, pues se trata de casos o donde ya la persona es sospechosa como tal, y/o pesan órdenes de arresto contra su persona. En ese sentido, cuando la investigación criminal está iniciando no sólo se puede afectar la misma como dijéramos anteriormente, sino que haríamos demandable tanto a la Policía de Puerto Rico como al Superintendente, si se da la identidad de personas que luego de una investigación preliminar se concluye que no participaron del delito como tal”, reza el escrito.

Ortiz hizo la distinción entre este panorama y el uso de “billboards” donde se colocan imágenes para dar con el paradero de individuos. En estos casos, dijo Ortiz, se le consideran prófugos de la justicia y la Policía cuenta con información “convincente” que apunta a que la persona en la imagen no sólo es sospechoso sino que también se evitar que continúe con su conducta criminal.

Otro factor que ha atrasado la presentación de cargos es el vídeo de seguridad recuperado por la Policía. El mismo está grabado en un formato que no es compatible con los sistemas de la Policía, por lo que solamente ha podido ser evaluado en el lugar de los hechos.

La pesquisa es desarrollada por la fiscal Leilani Vargas, la fiscal de distrito interina Phoebe Isales y el teniente Carlos Nazario, director del Cuerpo de Investigación Criminal de Fajardo. Miranda indicó que Isales ha mantenido comunicación constante con los querellantes.

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