La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, encontró en la tarde de este jueves causa para arresto contra Juan Maldonado y a Aaron Vick, quienes eran representantes de la empresa Apex General Contractors, por la compra fallida de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 al inicio de la pandemia en el 2020.

Lo hizo tras determinar que el Fiscal Especial Independiente (FEI) tiene jurisdicción para encausar a estos individuos, pese a que no son funcionarios públicos.

De inmediato, fijó una fianza de $250,000 contra Maldonado, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). No se le colocó un grillete electrónico y solo se le impuso una restricción de horario, dijo su abogada Mayra López Mulero.

A Vick, entretanto, la jueza permitió que fuese acusado en ausencia, por lo que emitió en su contra una orden de arresto con una fianza de $200,000.

Maldonado, quien era el abogado gestor del controvertible contrato otorgado a la empresa Apex General Contractors, estuvo presente en la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan, cuando los FEI Ramón Mendoza, Manuel Núñez y Juan Catalá radicaron los cargos en su contra por tentativa de fraude, falsificación de documentos privados, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal o indebida en procesos gubernamentales.

Vick, quien aparecía como el enlace de la empresa Apex General en la transacción, no pudo ser contactado por los fiscales y presuntamente no reside en la Isla. Este fue acusado en ausencia de iguales cargos, exceptuando la falsificación de documentos privados.

Ambos acusados se exponen a una pena básica de tres años de prisión.

Una conferencia previo a la vista preliminar fue citada para el próximo18 de noviembre. La vista preliminar quedó, entretanto, pautada para el 22 de noviembre.

Sin embargo, López Mulero anticipó que apelará la decisión de la jueza Rodríguez Castro en torno a que el FEI tenía jurisdicción para acusar a individuos que no son funcionarios públicos. Esto podría paralizar el proceso judicial.

“Vamos a insistir que el FEI no tiene jurisdicción después de haber exonerado a todos los funcionarios públicos”, afirmó la abogada.

Pero más allá del aspecto procesal, López Mulero insistió que “mi cliente no ha cometido delito alguno”.

Maldonado no emitió declaraciones a la prensa.

El fiscal Mendoza, por su parte, aceptó que no se acusaron funcionarios públicos, pues no contaban con prueba suficiente para sostener ningún delito en su contra.

En esta pesquisa, realizada por el FEI y el Departamento de Justicia, fueron implicados la exgobernadora Wanda Vázquez, así como Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al task force médico del coronavirus, y el general José Burgos, quien fue comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias.

“Vamos a llegar a donde la prueba nos lleve. Si no podemos, si no tenemos determinada prueba, no podemos especular, no podemos dar ningún otro paso. Así que en este momento, a la fecha que es hoy, específicamente, estamos parado aquí y el hecho de que puede haber otros implicados o que mañana se continúen o inicien nuevos procesos investigativo, eso no es una excusa para que aquellos que han violado la ley y que, en este momento, estamos trayendo ante el tribunal, pues paguen por eso”, afirmó Mendoza.

Rechazó que la pesquisa que realizaron haya sido deficiente.

La prueba contra los acusados

Las denuncias contra Maldonado y Vick se sometieron a base de prueba por expediente, que incluye declaraciones juradas. No hubo testigos presentes en sala, solo los agentes investigadores del FEI.

El fiscal Mendoza aceptó a la prensa que cuentan con una persona que colabora en esta pesquisa. Se trata del presidente de Apex, Robert Rodríguez, a quien se le dio “inmunidad total”.

Fue el 26 de marzo de 2020 que se le adjudicó el contrato de $38 millones a la empresa constructora Apex para venderle pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno de Puerto Rico y que concluyó con esta radicación de cargos.

Ese contrato fue cancelado, luego de que un banco detuviera la millonaria transacción y los detalles de la irregular compra salieran a la luz pública.

Según trascendió, en un proceso expedito, el gobierno pretendió comprar a sobreprecio a la empresa de construcción un millón de pruebas serológicas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos, pero con conexión con el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP).

De las declaraciones juradas levantadas en la pesquisa surge que varios funcionarios y personas sin autoridad legal intervinieron indebidamente con los procesos de compras, indicó el Panel del FEI en diciembre pasado. Ello incluyó presionar a la entonces secretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, para que firmara en 20 minutos una orden de compra millonaria sin seguir el análisis y rigor que la normativa exige.

El fiscal Mendoza explicó durante la vista de radicación de cargos que la resolución corporativa en la que supuestamente Maldonado falsificó la firma dio paso a obtener ese contrato gubernamental.

“De ahí, surge entonces lo que es una intervención ilegal y/o indebida en un proceso gubernamental para obtener un contrato. La prueba es absolutamente clara”, sostuvo.

Añadió que “lo que tenemos es lo siguiente, un intento mediante una documentación falsa de obtener un contrato de $38 millones de fondos públicos. Es una forma ilegal e indebida de hacerlo, mediante una documentación falsificada y una treta, una intención de engañar, de esconder, por ejemplo, la figura del señor Maldonado, a cambio de un dinero que se iba a pagar, como bien surge, es decir Aaron Vick y el señor Maldonado en conjunto. La prueba es directa, es circunstancial, es clara y es inequívoca”.

López Mulero ni el equipo de abogados que la acompañó refutó la prueba, ya que no tuvieron acceso a las declaraciones juradas que dieron pie a la acusación y a la determinación de causa para arresto. Insistieron en la falta de jurisdicción del FEI.

Ocurrió en el tribunal

Previo a la determinación de la jueza, López Mulero cuestionó la jurisdicción que tenía el FEI para someter cargos contra personas que no son funcionarios públicos. Aludió que le correspondía al Departamento de Justicia someter los cargos.

Sostuvo que “encausarlo (por el FEI) es un contrasentido. Violenta los propios estatutos que fueron legislados y sería alargar demasiado la facultad y jurisdicción para perseguir a un individuo por alegadas acciones ilícitas, que cuare (sic) si cumple con el lenguaje que se suprime, que habla de funcionario público no contra individuo”, señaló en corte, al reclamar que desestimaran los cargos.

Mendoza, por su parte, reveló que cuentan con una carta firmada por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en la que autoriza al FEI a proceder con el proceso criminal contra Maldonado y Vick.

“Una vez que el secretario de Justicia determina que no van a procesar ellos, sino el FEI, cualquier persona ya sea privada o pública puede ser procesada por la Oficina del FEI”, sostuvo.

López Mulero describió esta acción de Justicia como el haberle “pasado la papa caliente” al FEI.

Por otro lado, la abogada reprochó la presencia de la prensa en el proceso judicial, conocido como Regla 6. Se dilucidó si no se permitía que el proceso fuese público, pero Rodríguez Castro ordenó que la prensa permaneciera en sala.

“Por encima de mi repudio e indignación, para evitar malos entendidos que puedan afectar la presunción de inocencia que cobija a mi representado, y el rechazo a otro derecho sagrado, que es el derecho a la libertad de prensa, y estando entrampada por el tribunal, no me queda otra alternativa que acceder a la presencia de la prensa, porque actuar de otra manera podría afectar los derechos que cobijan a mi representado”, dijo la abogada de Maldonado.

El tiempo “nos dio la razón”

La exgobernadora Wanda Vázquez reaccionó a la decisión de la jueza, indicando que “hoy se confirma lo que les expresé en una ocasión: ‘Bajo mi administración en esta situación, ningún funcionario público obró en contra de la ley’. Hoy el tiempo, una vez más nos da la razón.

“Mi gestión al igual que la de los funcionarios públicos y los miembros del excelente Task Force Médico, estuvo guiada exclusivamente por la honestidad, lo correcto y sobretodo en la búsqueda de salvar vidas. A quienes se cegaron por faenas políticas y personalistas hoy les corresponde retractarse por haber hecho un juicio político y público contra servidores y personas íntegras al servicio de Puerto Rico”, expresó la licenciada.