La jueza Iraida Belén Rodríguez Castro, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró en la tarde de este miércoles causa para arresto contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y la gerente de Finanza del municipio, Yahaira Valentín Andrades, por cargos de malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber, ambos tipificados bajo el Código Penal.

De inmediato, le impuso una fianza de $100,000 a cada uno. Ambos la difirieron a través del Programa de Servicios con Antelación al Juicio, quedando en libertad sin la necesidad de portar un grillete electrónico. Fueron citados para el próximo 7 de junio a una vista de estatus de los procedimientos y al 14 de junio para la vista preliminar.

Los cargos contra el alcalde de Mayagüez y la gerente de Finanzas fueron presentados por los Fiscal Especial Independiente (FEI), Miguel Colón Ortiz y Manuel Núñez Corrada.

Los funcionarios, implicados en unas supuestas acciones irregulares que llevaron a la supuesta pérdida de $9.8 millones cedidos por la Legislatura para el Centro de Trauma de Mayagüez, se exponen a ocho años de prisión por el cargo de malversación de fondos públicos y tres años por negligencia en el cumplimiento del deber, de ser hallados culpables en juicio, dijo Colón Ortiz.

A su llegada a la corte, el alcalde informó que no renunciará a sus funciones mientras se ventila el caso criminal en su contra. No obstante, este se encuentra suspendido de manera sumaria desde el pasado 31 de marzo por orden del PFEI.

Luego de que la jueza le encontrara causa para arresto, Rodríguez guardó silencio a pedido de su abogado, Harry Padilla.

Cuando se le requirió que, al menos, estableciera si estaba tranquilo, dijo: “Seguro que sí”.

¿Corrupción?

De los cargos imputados se destacó que el delito por malversación de fondos públicos fue tipificado bajo el inciso B del Código Penal, el cual establece el uso no autorizado de fondos públicos para un fin contrario a la ley o reglamentación que los regula. Por tal razón, el FEI Colón Ortiz dejó por sentado que se trata de un caso de corrupción pública.

“Es delito de corrupción. El hecho de que tú eres funcionario público y tú omites un cumplimiento de la ley a sabiendas, eso es corrupción. No tienes que echarte un peso al bolsillo”, manifestó el FEI.

No obstante, Padilla insistió que al alcalde lo timaron y que fue una víctima más de un caso de fraude. Por los hechos, las autoridades federales acusaron a Arnaldo J. Irizarry, un exasesor del alcalde, así como a Eugenio García Jiménez, Stephen Kirkland, Steve Minger, Alejandro Riera Fernández, Joseph Kirkland y Roberto Mejill Tellado, por supuestamente orquestrar el esquema a través de la empresa municipal Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI). El caso todavía se ventila en el foto federal.

El fiscal destacó la palabra corrupción pública para hacer referencia indirecta a unas expresiones que el pasdao martes hizo el alcalde en torno a que el PFEI no podría imputarle delitos relacionados.

Específicamente, Rodríguez estipuló que “no habrá acusaciones de corrupción, soborno, fraude, ni de apropiación de fondos públicos para mi beneficio. Daremos la batalla hasta el final”.

Pero, el FEI explicó que el caso se trata de unas inversiones que provocaron la pérdida de $9.8 millones que habían sido designados por la Legislatura para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Estos trabajos de mejoras no se realizaron.

“Aquí no se está imputando que el alcalde ganó con esto, (es) que el alcalde actuó y omitió su poder y responsabilidad. De eso es lo que se le acusa al alcalde y a Yahaira, de omitir sus deberes y poner en riesgo, por omitir sus deberes, el patrimonio del pueblo de Puerto Rico y el dinero para su salud”, comentó.

El caso en específico, según argumentó, inició con la transferencia de $9.8 millones asignados por la Legislatura mediante resoluciones conjuntas al municipio de Mayagüez para atender el Centro de Trauma.

“Ellos no lo usan por varios años y después deciden invertirlo y se lo dan a un mequetrefe, (García Jiménez, quien era el asesor de inversión del alcalde), que ni siquiera tenía licencia y es función de la oficial de Finanzas del municipio y función del alcalde cuidar los fondos públicos. En este caso, se lo entregaron a este mequetrefe, porque es un mequetrefe que no tenía ni licencia, y este se lo entregó a otras personas y el dinero se perdió. Se perdieron $9 millones”, resumió.

El FEI estipuló que el alcalde de Mayagüez y la gerente de Finanzas actuaron en común acuerdo y concierto, al tomar decisiones sobre un dinero que le correspondía a la salud del pueblo.

“Esto ha sido una comedia de errores y horrores, un desastre administrativo que el pueblo ha tenido que pagar las consecuencias”, afirmó Colón Ortiz, al estipular que los mayagüezanos fueron “víctimas” de las acciones de Rodríguez y Valentín Andrades.

Reitera que no hay caso

Tras la determinación de causa, el abogado del alcalde insistió en que no había ninguna comisión de delito y que todo ocurrió porque el alcalde fue engañado.

En su argumentación ante la jueza, Padilla reconoció que el municipio usó los $9 millones para invertirlo. Pero, estableció que “aquí no ha habido ninguna pérdida” de fondos.

Comentó que el municipio contrató “abogados competentes” que recuperaron el dinero. Aludió, entonces, a que no se configuraron los delitos.

“No hay causa para ordenar el arresto de mi representado”, sentenció Padilla.

Asimismo, el abogado sostuvo que el alcalde, aun cuando ha estado 29 años frente del ayuntamiento, no es especialista en inversiones. Por ello, dijo que no se dio cuenta de la transacción fraudulante, así como dijo no se dio cuenta la Oficina del Contralor a través de sus auditorías, ni las entidades bancarias estadounidenses.

“Al alcalde lo timaron”, aceptó. “El señor alcalde encomendó a cuatro expertos para que bregaran con ese asunto y esos cuatro expertos hicieron unas inversiones. ¿Usted sabe qué? Que cuando la hicieron no cumplieron con las cuatro directrices del señor alcalde”.

Esas instrucciones incluían analizar el mercado, determinar la cantidad a invertir y cumplir con la Ley de Municipios Autónomos, entre otras cosas.

“La evidencia que sí existe es que se impartieron instrucciones específicas, que hay autoridad en ley sobre los municipios para hacer inversiones y que esas inversiones se hicieron y se hicieron fraudulentamente. Usted no tiene evidencia que el municipio o mi representado actuara en esa conspiración de ilegalidad”, le señaló Padilla a la jueza, al recordarle que los federales no incluyeron al alcalde en la acusación de fraude referente a este caso.

“El unico pecado de mi representado es que lo engañaron”, agregó el abogado.

Primera Hora cuestionó a Padilla en torno a que los fondos fueron designados para el Centro de Trauma y no para una inversión. Este insisitó en la teoría de que “al municipio lo timaron”.

“Se supone que se iba a soltar dinero disponible para inversión, no dinero de resoluciones”, aludió el abogado, al insistir en el timo.

El FEI Colón Ortiz, por su parte, reiteró en que el dinero de la inversión se perdió. Aceptó que el municipio recuperó unos fondos, pero se trató de que la entidad Securities and Exchange Commission reconoció unas fallas y aceptó devolver unos $4 millones, de los cuales el municipio pagó $1.2 millones a los abogados por el litigio.

“Yo no sé si lo timaron o no, lo cierto es que si él no deja la puerta abierta cuando la ley le dice que la tenía que tener cerrada, estas cosas no ocurren. Si sigue cumpliendo con la ley, si hubiera cumplido con la ley, estas cosas no ocurren”, manifestó.

Añadió que “el verdadero perjudicado es el municipio de Mayagüez, que se quedó sin Centro de Trauma”.

Le ofrecen inmunidad

Por otro lado, el abogado de Valentín Andrades, Ramón Parga, confirmó que el FEI le iba a conceder inmunidad a su clienta y no la aceptaron.

“Nosotros tomamos la determinación, porque el FEI no hizo una oferta de prueba a este abogado para poder tomar una determinación libre e inteligente”, señaló.

“Este es un caso selectivo. Esto es un caso abusivo y el PFEI ha perdido su talante, su dirección, su brújula. Y por tanto, yo llamo a que ese PFEI renuncie inmediatamente a sus funciones, porque ha abusado de los derechos de mi cliente”, agregó Parga, al indicar que su clienta no ha cometido ningún delito.

En corte abierta, Parga extendió las justificaciones hechas por Padilla a favor de su clienta.

“Aquí no hay beneficio económico no permitido por las leyes... que haya beneficiado a mi cliente de alguna forma”, manifestó.

La prueba presentada

Para sostener su caso, los fiscales presentaron su prueba mediante declaraciones juradas, documentos y una certificación de la presidenta de la Legislatura Municipal, Pura Vicenty.

Solo presentaron como testigo, para identificar a los imputados del caso, al agente investigador del PFEI, Alexander Feliciano Dominguez.

Las declaraciones juradas fueron de Kenneth Soto, exfuncionario municipal y miembro de la junta de directores de MEDI, así como de la oficial de la Oficina del Contralor, Wanda Said Pérez.

También se presentó a la jueza documentación que certifica que la empresa a la que el Municipio de Mayagüez le entregó $9 millones de fondos públicos para invertirlo en el mercado de valores no tenía licencia para realizar ese tipo de transacción. Mientras, se sometieron las resoluciones de la Legislatura asignando el dinero y una certificación en la que Vicenty señala que el uso del dinero para inversiones no pasó por la aprobación de la Legislatura Municipal.

Padilla, por su parte, presentó prueba en defensa del alcalde. Incluyó varios informes de la Oficina del Contralor, así como cartas entre el alcalde y García Jiménez en la que se le solicita la devolución del dinero dado para la inversión.

Fue el 16 de noviembre de 2021 que el PFEI designó fiscales especiales para que realizaran una investigación a fondo contra Rodríguez por posibles actos contrario a la ley ante sospechas de que incurrió en la malversación de fondos públicos y omisión en el cumplimiento de su deber y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

De acuerdo con la investigación preliminar, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa asignó, mediante resolución conjunta la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez, sin embargo, se teoriza que la partida fue desviada para otros fines. En la actualidad, hay una investigación federal en curso sobre este particular.