La representante Mariana Nogales Molinelli enfrentará cargos criminales por, entre otras cosas, haber omitido en un informe financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que ocupaba puestos en varias corporaciones como presidenta, tesorera, secretaria y agente residente, confirmó este martes la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives.

La radicación de cargos, liderada por los fiscales especiales independientes (FEI) Ramón Mendoza Rosario y Miguel Colón, será el miércoles, 3 de mayo, a las 9:00 a.m. en la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, dijo.

“Es de un caso que envió el Departamento de Justicia y esa investigación fue ampliada y así consta de las resoluciones. Se amplió conforme a los hallazgos”, detalló.

Cotto Vives no pudo precisar, de inmediato, cuáles son los cargos específicos que enfrentaría la legisladora.

Dijo que los datos se darían a conocer una vez se presenten las denuncias.

Mientras, el fiscal Mendoza Rosario también indicó a Primera Hora que no podía detallar las acusaciones que enfrentará la legisladora.

“No vamos a adelantar nada que tenga que ver con la prueba y el caso en términos sustantivos”, manifestó.

En cambio, rechazó que el caso se trate de una persecución política, tal y como denunció Nogales Molinelli y el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal.

“Nosotros respondemos únicamente a la prueba que hemos recopilado mediante la investigación. Es absolutamente irresponsable ese tipo de señalamiento y hay que ponerle un detente a los ataques infundados, no solo al FEI, sino a la institución que le sirve bien al país y el récord público está ahí de cuál ha sido el historial. Totalmente irresponsable ese tipo de expresión”, afirmó el FEI.

Asimismo, negó que se haya violentado el debido proceso de ley por haberse demorado unos más de un año en la pesquisa.

“Nosotros ampliamos la investigación, solicitamos ampliación de la investigación al Panel que supervisa la oficina y estos conforme a la ley concedieron”, señaló, al no dar detalles de cuánto más se extendió la investigación.

Según el tracto del caso, la pesquisa contra Nogales Molinelli inició a raíz de que Justicia recibiera tres querellas por parte de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías, así como del director de la OEG, Luis Pérez Vargas, para finales del 2021.

El punto en controversia está relacionado a la entidad Ocean Front Villas Corporation, que posee varias propiedades en alquiler en el complejo de Palmas del Mar, en Humacao, y el rol de la legisladora en la misma.

En la investigación que realizó la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia determinó que la representante del Movimiento Victoria Ciudadana habría cometido perjurio, según tipificado en el artículo 269 del Código Penal, al omitir en un informe financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental que ocupaba puestos de liderato en esta y otras corporaciones, según consta del referido que hizo al PFEI en marzo del 2022.

Además, se alegó Nogales Molinelli habría infringido las disposiciones del artículo 20 de la Ley 272-2003, según enmendada, al dejar de cumplir con su obligación de remitir a la Compañía de Turismo el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación del inmueble de su propiedad, que tenía destinado al arrendamiento a corto plazo.

También ha trascendido que la querella presentada por el director de la OEG se sustenta en infracciones a los delitos de falsificación de documentos, y otros de naturaleza similar, en cuanto a que la legisladora presuntamente alteró el informe financiero presentado sin la autorización de dicha oficina y sin utilizar la plataforma electrónica reservada para estos fines.

Se alude que también omitió otra información en estos informes financieros.

Cabe destacar que Nogales Molinelli reconoció el 15 de septiembre de 2021 que en el informe financiero presentado por el año 2020 omitió incluir sus puestos en diversas corporaciones con y sin fines de lucro, y anunció que renunciaba a todas las posiciones. Reclamó, además, que no devengaba remuneración en la organización sin fines de lucro Brigada Legal Solidaria ni en las organizaciones Greater Caribbean For Life y en la Coalición en Contra de la Pena Muerte, y que tampoco generaba ingresos de la corporación Ocean Front Villas, que incorporó en 2004 y que era dirigida por su madre.

La propia legisladora pidió al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, que refiriera el caso a la Comisión de Ética. Tras una investigación, el ente determinó el 23 de febrero de 2022 que no existía base para imponer sanción contra Nogales Molinelli.

Sin embargo, la pesquisa de Justicia y del PFEI ahora concluirá con la radicación de cargos criminales contra la representante.