La posibilidad de que el asesino confeso de Ivonne Negrón Cintrón de 36 años cuyo cadáver fue apuñalado y descuartizado en noviembre de 2013, sea evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) tras cumplir el mínimo de su sentencia, ha generado una sensación de incertidumbre en su familia que los ha llevado a revivir el dolor en carne viva del momento en que se enteraron de su macabro crimen.

La JLBP citó a la progenitora de la víctima, Carmen Cintrón, a una vista el 22 de julio, ya que Juan Ramos Álamo de 59 años, cualificar bajo la Ley 85-2022, para que su caso sea considerado mediante un referido del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

“Llevo diez años y seis meses que yo no vivo, que yo me la paso en el aire, porque no hay día que no llore por Ivonne, no hay día que yo tenga que explicar que pasó con Ivonne, ahora mismo Ivonne tiene dos nietos, tiene un nieto de cinco años y cada vez que el niño se entera cómo murió su abuela me pide explicaciones y yo no sé qué yo le voy a contestar”, sostuvo Cintrón, durante una rueda de prensa para exigir al gobierno que proteja el derecho a la seguridad de los familiares de las víctimas.

Aunque el fin de semana trascendió información de que había sido pospuesta por falta de tiempo para citar a los familiares de la víctima y se tendría que optar por el método de edicto, doña Carmen no ha sido notificada al respecto, por lo que se disponen a corroborarlo.

Hace dos semanas le entregaron a la JLBP días una tabla con toda la información de todos los familiares directos de la víctima por correo electrónico y no ven dificultad alguna para emitir las citaciones.

El día que llegó la citación al buzón “mataron a Ivonne otra vez porque fue revivir la película otra vez”, así lo describió su hermano Víctor Manuel Negrón, entre lágrimas quien expuso que siente “horror nada más de saber que otra mujer puede pasar por esto”.

El cuerpo de la mujer fue apuñalado en 26 ocasiones y despedazado por Ramos Álamo fue encontrado por su hijo de 16 años, en partes, entre su casa y una quebrada del barrio El Cerro, en Gurabo, donde todos vivían. Ramos Álamo fue sentenciado a 84 años y tres meses de prisión, tras rebajarse el delito de asesinato en primer grado a uno de segundo grado.

Su madre lo que pide es que el convicto cumpla una sentencia acorde con el crimen cometido. “Yo no pido maravillas, pero cómo le van a dar el privilegio de aplicar le una ley que ellos hacen nuevas para vaciar las cárceles a un asesino como este. De ninguna forma lo entiendo y no estoy de acuerdo”.

La JLBP debe analizar un informe psicosocial del DCR junto al referido, pero la familia planteó que el expediente está incompleto y les preocupa las contradicciones contenidas en los informes incluidos y la falta de recursos. Hace una semana solicitaron copia de su evaluación comunitaria y no se les ha provisto.

“Nuestra familia es firme defensora de derechos humanos incluyendo los que corresponden a la población penal. Repudiamos la pena de muerte y no abogamos por la prisión perpetua. Pero sí creemos que es muy difícil que en diez años una persona que cometió un crimen tan atroz como el feminicidio de Ivonne esté rehabilitado y listo para salir a la comunidad”, advirtió la hermana de la víctima, Leila Negrón.

A su vez cuestionó la aprobación de la Ley 85-2022 que en su exposición de motivos explica que la JLBP adquiere jurisdicción y puede decretar la libertad bajo palabra a cualquier convicto cuando haya cumplido la mitad de la sentencia fija que le ha sido impuesta, excepto cuando la persona haya sido convicta bajo dicho sistema de sentencia determinada por asesinato en primer grado, en cuyo caso la Junta adquirirá jurisdicción cuando la persona haya cumplido 25 años de su sentencia.

“Tenemos una gran preocupación de que se haya firmado esta ley sin que se hayan tomado la molestia el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes si el país cuenta con los recursos para el manejo y la evaluación de todos estos casos”, subrayó la hermana de Ivonne.

La coordinadora de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Josefina Pantoja Oquendo, abogó por una revisión completa de la ley, al preguntarle si favorecía su derogación. Ivonne Negrón Cintrón de 36 años cuyo cadáver fue apuñalado y descuartizado en noviembre de 2013, sea evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) tras cumplir el mínimo de su sentencia, ha generado una sensación de incertidumbre en su familia que los ha llevado a revivir el dolor en carne viva del momento en que se enteraron de su macabro crimen.

“La ley se va a seguir aplicando, a menos que con los cuestionamientos que se hagan y el activismo se logre una modificación. Nosotras no estamos diciéndole a la junta no puedes aplicar la ley, estamos diciéndole que ejerza correctamente su discreción de verificar, fiscalizar, si además de que cumpla con el término para referirlo a la junta tiene otros criterios que tienen que ver con peligrosidad, con que verdaderamente se haya rehabilitado, que tienen que ver con las evaluaciones psicológicas”, detalló Pantoja Oquendo.

Adelantó que considera que la ley es demasiado amplia en términos de aplicarla a todos los delitos por igual y no toma en consideración a las víctimas, para así crear un balance justo.

Su hermana resaltó que no se enteraron durante el proceso para la apropiación de la ley. “Esto se hizo a puertas cerradas y es parte del gran problema que tenemos en este país”, comparando con la amplia discusión que se lleva a cabo en la legislatura por la excarcelación de Hermes Ávila, al amparo de la Ley 25, que se trata de un estatuto humanitario, quien estando en libertad cometió un feminicidio.

Al presente se desconoce la cantidad de casos citados para evaluación, pero vio un listado de julio de unas 200 personas citadas a revisión.

“Nos preocupa que la legislatura siga haciendo este trabajo y exponiéndolos a todos porque es nuestra familia la que está en riesgo, por su puesto, pero es que aquí somos todas las mujeres las que están en riesgo”, afirmó su hermana.

La progenitora de Ivonne se comunicó con la oficina del senador José A. Vargas Vidot y uno de sus asesores legales y ambos están al tanto de que quieren promover una revisión de la ley, pero no lograron ningún compromiso.