La técnico sociopenal Vilma Beltrán Viera reconoció la mañana del miércoles que Gioverti García Cabello, convicto por restringir la libertad de una octogenaria en Toa Baja, no presenta señales de que vaya a incurrir en conducta delictiva nuevamente.

“Presentó un bajo riesgo”, afirmó Beltrán Viera durante una vista de impugnación del informe presentencia que elaboró y que no recomienda una sentencia suspendida para García Cabello.

Ante el juez Julio de la Rosa Rivé, del Tribunal de Bayamón, reconoció que el guardia de seguridad no tiene antecedentes penales y que no existe evidencia que sugiera que utilizó drogas.

En el interrogatorio realizado por el licenciado Alex Ramos Díaz, Beltrán Viera también aceptó que no verificó el preacuerdo que llevó al hombre a declararse culpable y que contó con el endoso de la víctima.

Como parte del acuerdo, el hombre de 46 años se declaró culpable de un cargo de negligencia en el cuido de una persona avanzada. Otro cargo por este delito fue archivado.

Además, hizo alegación de culpabilidad por un cargo de restricción a la libertad y otro cargo por este delito se archivó.

García Cabello restituyó $1,343 a la víctima. Como resultado de esta devolución de dinero, el Ministerio Público archivó dos cargos de apropiación ilegal.

Bajo estas condiciones, el caso se refirió para la elaboración de un informe presentencia para auscultar la posibilidad de que pudiera cumplir cuatro años de cárcel mediante el privilegio de la sentencia suspendida.

Confrontada sobre su señalamiento de que el hombre estaba desempleado, Beltrán respondió que en ningún momento García Cabello le comentó que la publicidad que recibió el caso le dificultaba encontrar trabajo.

Tampoco le presentó, según la testigo, evidencia de las gestiones que realizó para recuperar su trabajo como guardia de seguridad o para emplearse en otras compañías.

Beltrán Viera también señaló que había convictos que se beneficiaban del privilegio de la sentencia suspendida pese a que estaban desempleados y reconoció la crisis económica que vive el País.

La sociopenal no recomendó al convicto para la sentencia suspendida porque entiende que el hombre mintió sobre los lugares de su residencia, porque no presenta arrepentimiento, porque no se mostró cooperador durante el proceso de investigación del informe presentencia y porque la víctima se opone a que disfrute de ese privilegio, según resumió el abogado defensor en sala.

La vista de impugnación del informe continúa el 30 junio con las preguntas de la fiscal Rosaura González Vélez. 

Según las autoridades, García Cabello mantuvo a Adela Mendoza, de 85 años, encerrada por un año y medio en su hogar en la urbanización Levittown, donde la octogenaria vivía con 15 perros.

En ese tiempo, se apropió de los ingresos de la mujer, quien recibía Seguro Social, una pensión y mensualidades por concepto del alquiler de una propiedad.

La hija de Mendoza, quien reside en los Estados Unidos, alertó a las autoridades de la situación cuando viajó a la Isla porque no lograba comunicarse telefónicamente con su mamá.

Víctima disponible para declarar