Una persona que no cumpla con una orden de un tribunal puede ser declarada incursa en desacato, ya sea en un caso civil o un caso criminal.

La petición de desacato que hizo el reguetonero Daddy Yankee, cuyo nombre de pila es Ramón Luis Ayala Rodríguez, en contra de su futura exesposa, Mireddys González Castellanos y su cuñada Ayeicha González Castellanos, surge en medio de una demanda civil, por lo que el incumplimiento que se señala también es civil.

Sin embargo, el portavoz de los tribunales, Jean Carlos Pérez, explicó que el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, lo que citó fue a una vista para “mostrar causa”.

Detalló que en este tipo de vista se le permite a la parte demandada, en este caso a las hermanas González Castellanos, que muestre prueba “por la cual no se deba conceder el remedio solicitado por la parte demandante, que es que se encuentre incurso en desacato”.

“Si un tribunal impone un desacato civil por incumplir una orden judicial, esto puede conllevar el arresto y la reclusión de la persona hasta que cumpla con lo ordenado”, detalla la organización Ayuda Legal Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas y orienta sobre asuntos legales.

La pena en estos casos civiles no es fija. Se pudiese imponer hasta tanto la parte señalada cumpla con lo ordenado.

En el caso de un desacato criminal, la penalidad expuesta es de $500 de multa y/o hasta 90 días en prisión, precisa Ayuda Legal.

Pérez, quien es abogado, explicó que una detención o arresto no es la única herramienta con la que cuenta un tribunal para provocar que una de las partes cumple con la directriz dada por el juez.

En este caso, el juez Cuevas Ramos escuchará en una vista citada a las 4:00 p.m. los argumentos de los abogados de Daddy Yankee, que son el experto en derecho corporativo y analista político, Carlos Díaz Olivo; la también analista político, Anabelle Torres Colberg, así como Heileene Colberg Birriel. También conocería la postura de las hermanas, a través de sus abogados, Pilar Pérez Rojas, Hipólito Torres Rivera y David Carrión Baralt, quien fue ayudante General de la Guardia Nacional bajo la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Según ha trascendido de las mociones presentadas, los abogados de Daddy Yankee alegan que no han tenido cooperación de parte de las hermanas González Castellanos para lograr la orden del tribunal, que es que el artista asuma el control de las corporaciones creadas para dirigir su carrera.

Previo a la petición de divorcio que sometió Daddy Yankee contra Mireddys, el pasado 2 de diciembre, su esposa era la presidenta de las corporaciones, mientras la hermana de esta era la secretaria y tesorera.

Los abogados de Mireddys, entretanto, aludieron en una moción que la petición de información que realizó Daddy Yankee el pasado 23 de diciembre es “vaga y genérica” y que no se la hizo llegar a los abogados.

También han establecido que “se entregó Resolución Corporativa de ambas corporaciones designando al señor Ramón L. Ayala Rodríguez como presidente de las mismas y cesando las aquí comparecientes de sus posiciones como oficiales de las corporaciones, conforme a Sentencia emitida”.

Es común que el juez Cuevas Ramos resuelva sus casos por escrito. Por lo que, habría que esperar su determinación ante esta petición realizada en medio de disputas acontecidas en un proceso de divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys.