Pese a que la defensa de Christopher Sánchez Ascencio y José Luis Bosch Mulero anunció esta mañana que no estaba preparada, la jueza Sylvia Díaz Solla, del Tribunal de Bayamón, determinó que esta tarde, a las 4:00 p.m. iniciará la vista preliminar contra los dos imputados por la matanza de cuatro miembros de una familia ocurrida en Guaynabo en noviembre pasado.

El dúo enfrenta cuatro cargos de asesinatos, un cargo de tentativa de asesinato, nueve violaciones a la Ley de Armas, dos cargos de secuestro agravado, un cargo de agresión grave, un cargo de destrucción de prueba, un cargo de robo y otro de conspiración.

Mientras, la defensa de los imputados acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la paralización del procedimiento.

La vista debía arrancar esta mañana con el testimonio por circuito cerrado del menor sobreviviente de la tragedia, pero los abogados Orlando Cameron Gordon, Mayra López Mulero y Oscar Martínez Borrás argumentaron sin éxito que el proceso no podía iniciar porque habían recibido con tardanza las confesiones de sus representados.

También plantearon que la magistrada tomó dos determinaciones contrarias a derecho que afectan el debido proceso de ley, así como a un juicio justo de sus clientes.

López Mulero y Cameron Gordon argumentaron que ayer en la tarde recibieron las declaraciones juradas, confesiones y admisiones de los imputados, información que le debió haber sido entregada con premura por el Ministerio Público y sin que mediara una petición de la defensa.

Además, señalaron que la magistrada erró al declarar ha lugar una moción de los fiscales Janet Parra, Miguel Alameda y María del Mar Ortiz para añadir a las acusaciones una segunda modalidad de asesinato sin conocer la posición de la defensa y sin escuchar primero la prueba.

Inicialmente el Ministerio Público imputó al dúo el delito de asesinato premeditado, pero el 31 de diciembre de 2014 solicitó mediante moción que se añadiera lenguaje para imputar la modalidad de asesinato estatutario.

El asesinato estatuario se trata de la muerte que ocurre en medio de otro delito, en este caso un robo. No requiere el elemento de premeditación.

"Esa alegación era una enmienda sustancial sobre la cual este tribunal estaba incapacitado de adjudicar porque no había tenido contacto con la prueba", afirmó López Mulero.

Los abogados defensores también insistieron en que una vez la jueza admitió la enmienda tenía que concederle cinco días adicionales para prepararse para la vista, periodo que todavía no se había cumplido hoy.

Afirmaron, además, que los casos de sus clientes debían separarse porque existían defensas encontradas ya que había confesiones de cada uno acusando al otro.

La fiscal Parra, por su parte, afirmó que el Ministerio Público, al amparo de las Reglas de Procedimiento Criminal, podía enmendar las acusaciones o denuncias en cualquier momento antes de un veredicto.

Señaló también que estas reglas establecen que los procesos judiciales se separan a nivel de juicio y no de vista preliminar y que, por eso, el Ministerio Público objetó la petición de los abogados defensores por entender que se trataba de una solicitud prematura.

Indicó también que el Ministerio Público no tenía que entregar las declaraciones juradas, confesiones y admisiones de los imputados si no había una petición expresa de la defensa.

"Nosotros tenemos que entregar la prueba exculpatoria. En este caso no existe prueba exculpatoria", aseguró.

El fiscal José Virella Santana, además, aseguró que los documentos entregados a la defensa no eran necesarios para contrainterrogar al menor sobreviviente del crimen porque "la declaración del menor no está vinculada a las declaraciones de los imputados".

Ante este escenario, la jueza concedió a los abogados defensores cuatro horas para entrevistarse con sus clientes y determinó que la vista iniciará a las 4:00 p.m.

Luego de escuchar el testimonio del menor por circuito cerrado, Díaz Solla indicó que concederá a los abogados defensores el tiempo necesario para prepararse para contrainterrogar a los otros testigos que el Ministerio Público presentará en esta etapa.

En medio de todo este debate, los abogados defensores acudieron al Tribunal de Apelaciones poco antes del mediodía para solicitar la paralización de la vista preliminar.

También piden a este foro que revoque las determinaciones de la magistrada de no conceder la separación de la vista preliminar y de declarar ha lugar la enmienda del Ministerio Público.

Los hechos de este caso ocurrieron el 18 de noviembre pasado en la urbanización Parque de los Frailes, en Guaynabo. Se alega que Sánchez Asencio y Bosch Mulero asesinaron a Miguel Ortiz Díaz, de 66 años, a su esposa Carmita Ulceda Ciriaco, de 45, y a su suegra Clementina Ciriaco López, de 71. Al hijo mayor, Michael Ortiz Ulceda, de 15, lo mataron en otro lugar, a donde llevaron también a su hermano de 13 años, al que apuñalaron y lanzaron por un puente, dejándolo por muerto. Sin embargo, el joven sobrevivió y es el principal testigo del caso.