El exprocurador del Ciudadano, Carlos López Nieves, se metió en otro lío judicial.

La Policía lo detuvo la madrugada del 22 de mayo por conducir un Honda Accord blanco del 2014 por la carretera PR-22 en Arecibo bajo los efectos del alcohol, según la denuncia del agente Luis Ambert Cruz.

Posterior a la detención, el agente Ambert Cruz le realizó al exombudsman una prueba de aliento, que indicó que tenía un nivel de 19% de alcohol en la sangre.

En la Isla, el .08% es el nivel máximo de alcohol en la sangre permitido para conducir un vehículo de motor.

En la denuncia, el agente Ambert Cruz imputó al exrepresentante del Partido Nuevo Progresista un cargo por violar el artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito al manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Sin embargo, en una vista celebrada el 10 de junio, el juez Erik Rolón Suárez, del Tribunal de Arecibo, no encontró causa para el arresto de López Nieves, quien estuvo representado por el licenciado Gabriel Rubio Castro.

Inconforme con esta determinación, el Ministerio Público solicitó una vista para determinar causa probable para arresto en alzada.

Esa vista está señalada para 29 de julio a las 2:00 p.m. en la sala de la jueza Iris Reyes Maldonado, confirmó Ileana Velázquez Lugo, oficial de Información de la Oficina de Prensa y Relaciones con la Comunidad de la Oficina de Administración de los Tribunales.

En el Tribunal de San Juan, López Nieves, encara 26 cargos por malversación de fondos públicos y por aprovechamiento ilícito de servicios públicos por supuestamente utilizar a sus empleados para actividades personales relacionadas a una gallera, a la Federación de Softball y a la construcción de un monumento al exalcalde penepé de Bayamón, Ramón Luis Rivera.

Los cargos también están vinculados al alegado mal uso de la tarjeta de crédito de la agencia en viajes realizados a Madrid y Las Vegas junto a su examante y exempleada Catalina Carrión y por los cuales López Nieves facturó a la agencia unos $7,000.

Recientemente la defensa de López Nieves acudió al Tribunal Supremo en otro intento por lograr la desestimación de los cargos que pesan en contra del hombre, que reside en Camuy.

La defensa insiste en que el Departamento de Justicia no tiene jurisdicción para radicar cargos en contra del exombudsman. Esa facultad, según el licenciado Luis O. Rodríguez Rosario, recae sobre la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

Los fiscales Rosa Molina Pérez y Jesús Bautista Bautista, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, representan al Ministerio Público en este caso.