Después se metió en un torbellino de eventos hasta acabar sin trabajo, en una casa sin agua ni luz, con muchas deudas y demandado. A cambio, él también presentó una demanda contra la AAA por $9 millones que todavía no se ha resuelto.

Esto sucedió en la continuación del juicio en el tribunal federal contra cuatro coacusados de corrupción gubernamental.

Ramón, como muchos otros contratistas del gobierno, veía cómo los cheques por hacer una labor “que nadie quería” salían a cuenta gotas. Él iba como en penitencia cada 45 días aproximadamente a tratar de que le pagaran.

Un día en la primavera de 2012 se encontró a Marielis Falcón, una de las coacusadas a quien no veía hacía muchos años. Ramón le contó que estaba subcontratado por la AAA y también se dedicaba a remoción de vegetación. Ella le pidió ayuda con unos árboles que quería sacar de unos apartamentos que estaba remodelando. Ramón le envió algunos empleados que en dos semanas concluyeron. Cuando quiso cobrar por la labor, Marielis le preguntó cuánto dinero le debía la AAA. Acto seguido hizo una llamada, según Ramón a su hermana Ivonne Falcón, quien era la tesorera de la corporación pública y con eso bastó para que saliera un cheque de $20,000 para el saldo de la deuda.

“Pensé: ‘me chavé’... cuando tienes el poder de sacar un cheque en 5 minutos y por teléfono, también tienes poder para detenerlos”, declaró el vigésimo testigo de cargo.

Así quedó sellado un pacto macabro en que alegadamente Marielis lo embaucó porque, según su relato, de ahí en adelante todo el dinero que le pidiera, él se lo daba.

En total, el testigo estimó que Marielis le sacó unos $100,000.

La única vez que se atrevió pagarle menos del 10% de lo que pedía Marielis, estuvo un mes sin saber de ella y sin que la AAA le pagara. 

El pacto se rompió, inesperadamente para Ramón, en el 2013, cuando “unilateralmente” le enmendaron el contrato para limitarlo a una sola tarea y eliminar los trabajos de emergencia que era donde obtenía verdadera ganancia.

El contratista alegó una y otra vez que no sabía por qué había ocurrido el cambio cuando nunca tuvo ni una sola queja o mala evaluación del trabajo.

El contratista dijo que conoció a Rey Rivera, quien se presentaba como la mano derecha del exsenador Eder Ortiz. Rey le dijo a Ramón que podía ayudarlo con el contrato y le vendió una taquilla por $2,500 para una actividad en marzo de 2013 en el Hotel Vanderbilt con el gobernador Alejandro García Padilla. Allí el contratista conoció a Eder  y a Anaudi, quien se declaró culpable de 14 cargos relacionados con el esquema de corrupción. Ramón dijo que Anaudi y Eder lo “ignoraron” cuando él pidió ayuda para saber qué sucedía con su contrato en la AAA y lo redirigieron con Rey.

Al terminar la actividad “con $2,500 menos y un poco de hambre”, Rey le pidió $5,000 para ayudarlo a tener acceso a Anaudi y a Eder, a quienes acababa de ver compartir de cerca con el gobernador. 

Poco después, Rey le arregló una cita con Anaudi que se realizó en El Buen Café de Hatillo. Lo hicieron esperar cinco minutos, luego le permitieron hablar con él. Anaudi ya sabía que para entonces la AAA le debía $1 millón al contratista y sin pelos en la lengua le dijo que si quería ayuda con eso, tenía que pagarle el 10%.

“Cuando tú ves a alguien que tiene sentado al gobernador a su derecha y a Eder Ortiz a su izquierda, sabes que esa persona tiene poder”, dijo el testigo. Una segunda reunión con Anaudi en el restaurante Pelayo fue el momento en que accedió a pagarle para que lo ayudaran a cobrar la deuda. 

Ramón le comentó la situación a uno de sus empleados y para que quedara evidencia de lo que se sentía obligado a hacer, comenzó a pagarle a Rey en cheques. Excepto una vez en que le dio $50,000 en efectivo dentro del mismo banco donde hizo el depósito de la AAA “para que las cámaras lo cogieran”. Rey se llevó 25 fajas de $2,500 cada una en un bulto que llevó, según el contratista. Se desconoce si ese video existe o se mostrará en sala.

“¿Quién se benefició del dinero que usted pagó a cambio de la gestión con la AAA?”, preguntó el fiscal Timothy Henwood. “Primero Eder Ortiz, segundo Anaudi Hernández y Rey debió coger lo suyo también”, indicó.

Pero el asunto siguió torciéndose y el contrato de Ramón con la AAA quedó cancelado. El exsecretario de Agricultura Orlando Fabre por medio del abogado de Ramón, accedió hablar con el presidente de la AAA, Alberto Lázaro, porque era amigo suyo para saber qué había pasado. A Fabre no le soltó ningún dinero, dijo. Finalmente, las deudas arroparon a Ramón, quien se quedó sin compañía, sin carros, sin equipo y acabó un año en condiciones pésimas. A cambio Ramón demandó a la AAA por $9 .1 millones, admitió.

“Yo no quiero ser millonario yo lo que quería era trabajar”, dijo.

A preguntas del abogado Francisco Adams Quesada, Ramón negó que tuviese una relación estrecha con Marielis o que estuviera detrás de la conexión política. Aceptó que no pagó las aportaciones de sus empleados a Hacienda o al seguro social. También reconoció que le siguió pagando a Marielis cuando ella ya no le ayudaba con las deudas de la AAA.

En esta etapa están en juicio, además de Marielis, su hermana Ivonne Falcón, exvicepresidenta de la AAA; Sally López, exdirectora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) y Glenn Rivera Pizarro, exayudante del administrador de la Cámara de Representantes.

El juicio continúa el lunes.