La presentación de prueba durante el juicio de corrupción pública contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, terminó este martes.

La jueza federal Aida Delgado Colón, del Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey, informó que mañana, miércoles, a las 9:30 a.m. se le impartirán las instrucciones al jurado y luego las partes darán las argumentaciones finales. Probablemente, en horas de la tarde el jurado se retirará a deliberar.

Cabe destacar que una vez el jurado, compuesto de dos hombres y 10 mujeres, tiene que tomar una determinación unánime de culpabilidad o no culpabilidad. Si no llegan a un acuerdo, el jurado sería disuelto y el proceso judicial tendría que comenzar nuevamente con la selección de un nuevo jurado.

De ser encontrado culpable, el abogado de defensa, Osvaldo Carlo, estimó que podría ser sentenciado entre cuatro a siete años de prisión.

Fue a media mañana la Fiscalía federal sometió el caso, tras sentar a testificar a tres testigos.

De inmediato, el abogado de defensa de Pérez Otero, el exfiscal federal Carlo, presentó una moción. No detalló de qué se trataba, pero se cree que es para que se desestimen los cargos contra Pérez Otero por soborno, extorsión y conspiración.

La jueza Delgado Colón llamó a las partes al estrado para discutir los planteamientos en derecho que a bien tenían que hacer las partes sobre dicha moción. Determinó no darle paso.

Previo a presentar el caso, la primera testigo que llamó el fiscal Nicholas Warren Cannon durante este martes lo fue Marisol Monserrate Conde, directora de Head Start del municipio de Guaynabo. En esencia, la funcionaria estableció que las autoridades federales pueden fiscalizar al ayuntamiento, ya que reciben fondos federales.

Según estableció Monserrate Conde, el programa de Head Start recibe un 80% de fondos federales, alrededor de $8.9 millones anuales. Otro 20% lo presupuesto lo pone el municipio, lo que corresponde a $1.9 millones. Además, mencionó que el programa recibió dinero para reparaciones relacionadas a los daños del huracán María.

Afirmó que este programa, subvencionado en su mayoría con los fondos federales, sirve a 760 familias de Guaynabo.

Tras esta testigo, se sentó en el banquillo Abraham David Espada, auditor senior de la Oficina del Contralor Electoral. Este habló de los informes de ingresos y gastos radicados por Pérez Otero para sus campañas políticas, que en esencia estipulaban que el exalcalde no tenía deuda de campaña para inicios del 2019 cuando el empresario Oscar Santamaría comenzó a pagarle $5,000 mensuales para supuestamente salda una deuda de $70,000 que le dejó la elección especial en la que compitió contra Carmelo Ríos.

La Fiscalía estableció con este testimonio que los miles de dólares dados por el empresario Santamaría no aparecen en tales informes.

La tercera testigo del día lo fue una empleada de Hacienda, Leisa Alejandro Castro.

La mujer estipuló que Pérez Otero solo reportó en sus planillas del 2019, 2020 y 2021 el dinero que devengó del municipio.

Específicamente, para el 2019 reportó haber recibido $88,540, para el 2020 unos $87,840 y para el 2021 unos $84,211.

La defensa de Pérez Otero solo sentó a testificar al expresidente de la Junta de Subasta y exdirector de Desarrollo Económico del municipio, Raúl Torres Gómez. Este reveló que fue esposo de la actual esposa de Pérez Otero, Liza Fernández, entre marzo de 1999 a diciembre de 2004, detalló cómo se hacen los procesos de subasta y afirmó que “no recuerdo escuchar de Island Builders”.

La fiscal Myriam Fernández confrontó, por su parte, al testigo con una serie de fotografías en la que se ve a varios miembros de la Junta de Subasta en fiestas y de crucero con Pérez Otero y su esposa.

Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre de 2021, luego de que el empresario Santamaría y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero es el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal y determinó enfrentar un juicio que lo podría llevar a cumplir hasta un máximo de 20 años en prisión.

En específico, la Fiscalía federal imputa a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo. Por los supuestos delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa, Carlo, José Olmo y Eduardo Ferrer, sin embargo, han alegado en fallidas mociones radicadas ante la corte que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Los fiscales federales en este caso son Cannon y Myriam Fernández.