Son demasiadas las denuncias de abuso policiaco que pesan contra la Guardia Municipal de Guaynabo y el Gobierno de Puerto Rico tiene que investigar  y tomar medidas sobre la situación de inmediato, exigió ayer la  American Civil Liberties Union of Puerto Rico (ACLU).

La ACLU le estará cursando el lunes una carta al Departamento de Justicia de la Isla en la que le solicitará que inicie una pesquisa oficial “sobre las violaciones en que incurre la Policía Municipal de Guaynabo y determine qué medidas se van a tomar para reformar dicho cuerpo”.

La petición surge tras la muerte  de Carlos Sandoval de Jesús, quien fue tiroteado el martes por un  agente de dicha guardia municipal.

El joven de 24 años estaba desarmado y recibió varios balazos en su cuerpo luego que su automóvil impactara el carro en que viajaba el policía Joel Huertas Pérez.

La intervención de la ACLU es importante porque fue la entidad que exigió, con éxito,  la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos   en los casos de violación de derechos civiles de la Policía de Puerto Rico.

La División de Derechos Civiles  de Justicia federal  emitió un informe devastador sobre el comportamiento de la Policía estatal y el Gobierno de Isla quedó sujeto a implantar una abarcadora reforma en la Uniformada, que no ha concluido.

El director ejecutivo de la ACLU, William Ramírez, explicó que en el caso de Guaynabo ellos van a esperar que Justicia estatal actúe y si no lo hace,  recurrirán de nuevo al Gobierno federal.

La División de  Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos     será informada la semana próxima sobre lo que está pasando en Guaynabo, pero de manera informal, precisó el defensor de los derechos civiles.

“Hemos visto cómo a jóvenes desarmados se les troncha la vida por el impulso de oficiales de la Policía Municipal con serias  deficiencias sobre el desempeño constitucional de sus funciones... o por un craso menosprecio de la vida y bienestar de la ciudadanía”, dijo Ramírez.

Sobre Sandoval de Jesús, señaló que este recibió    varios impactos de bala. Primera Hora había confirmado que su cuerpo  presenta heridas en la espalda y en el rostro. 

“De inmediato, y sin el beneficio de una investigación, el Comisionado de Seguridad de Guaynabo se apresuró a adjudicar que el oficial se defendía de este joven desarmado… quien alegadamente lo atropelló”, indicó.

El letrado subrayó que aun cuando se hubiese   evidenciado algún “atropello” de parte de Sandoval de Jesús, eso no justifica que el policía municipal le quitara la vida.

La ACLU mencionó otros casos de “alto perfil” en que la guardia municipal ha sido acusada de abuso policiaco.

Uno de los más sonados fue el de una anciana, doña Catalina Reyes Rivera, de 83 años, quien perdió el  control de su guagua en un centro comercial y un agente de Guaynabo le tiroteó el  vehículo.

El policía municipal  finalmente se declaró culpable y fue sentenciado a siete meses en probatoria.

Otro caso es el de  un motociclista  también baleado, esta vez con consecuencias fatales. A esto se suma -denunció  la ACLU- las actuaciones de  fraude electoral en las que  participaron oficiales del cuerpo policiaco, según acusaciones.

Ramírez advirtió, de otro lado,  que el hecho de que el policía Huertas Pérez estuviera franco de servicio al momento de tirotear a Sandoval de Jesús “no cambia el panorama de lo acontecido”. 

“El problema sigue siendo uno de pobre selección de oficiales y de pobre entrenamiento en el manejo de un arma de fuego, entre otras deficiencias serias”, dijo.

El alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, no estuvo disponible para entrevista con este diario. Su ayudante de prensa Alex Ramos, actuando como portavoz, indicó que el Municipio va a cooperar plenamente con la investigación que realiza Justicia sobre el caso. 

“Lo que nos ha requerido el Negociado de Investigaciones Especiales de Justicia lo hemos provisto”, dijo y agregó que el agente Huertas Pérez sigue hospitalizado.

El policía fue desarmado y cuando esté apto para trabajar se le asignarán solamente tareas administrativas.