¿Se puede rehabilitar a un maltratante?

La posibilidad que tiene un imputado de violencia de género de reeducarse para romper ese ciclo de maltrato quedó mal parada cuando uno de los casi 1,500 participantes que tienen estos programas de desvíos asesinara a su pareja el pasado 13 de abril frente al cuartel de la Policía Municipal de Morovis.

El acusado del feminicidio de Jackeline Santiago Rodríguez, de 39 años, identificado como Luis Cruz Santiago, debía haber cumplido con su proceso de rehabilitación el próximo 26 de octubre. Según informó el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), este asistió a 11 sesiones de terapias preventivas por adicción al alcohol y a 52 terapias grupales para agresores en casos de Ley 54 de Violencia Doméstica realizadas por el programa Cuaresma.

El debate, que de inmediato se suscitó, apuntaba a que es la verdadera intención de un participante de los programas de desvío lo que cuenta para establecer la efectividad de este privilegio.

Pero, desde un punto de vista más amplio, conocedores del tema señalan una falla mayor. Está relacionada a que no se analiza o investiga si lo que reciben los participantes del programa de desvío es verdaderamente efectivo para cambiar su comportamiento de violencia, inequidad y dominio en sus relaciones interpersonales.

La consultora en violencia de género, exparticipante del grupo para la Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la violencia de género (PARE) y expresidenta de la Red de Albergues de Violencia de Género, Vilmarie Rivera Sierra, estableció la urgencia de “comenzar a investigar, a evaluar, a monitorear con mayor control estos centros de desvíos”.

“Si nosotros queremos poder atender este problema de una forma responsable, no basta con dar servicios nada más a víctimas, tenemos que trabajar con la rehabilitación, que también la rehabilitación es un derecho que tiene la persona de poder recibir. Así que nosotros lo que tenemos es que fiscalizar para que esta persona pueda recibir los servicios de la forma correcta, que estén los centros certificados, que estén en cumplimiento, que tengan profesionales también, que tengan credenciales, que se mantengan sus educaciones continuas al día. Porque, ahora mismo la mayoría de educaciones continuas son para trabajar con las víctimas. Yo no he escuchado por ahí de educaciones continuas para trabajar con las partes agresoras, y eso es algo que el mismo reglamento establece, que los funcionarios que estén en estos programas y los profesionales tienen que tener educaciones continuas para estar específicamente formados en el área para trabajar con la parte agresora. Yo no sé de dónde están recibiendo ese tipo de capacitación. O sea, que son muchos los ‘gaps’, verdad. Hay muchas de las situaciones que todavía a nosotros nos faltan. Pero se nos va la vida, no podemos seguir”, añadió.

El primer llamado que hizo Rivera Sierra fue poner a funcionar la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, creada a través de la Ley 449 del 2000. Aludió a que esta Junta es la que se supone que esté a cargo de medir la efectividad de estos centros de desvío y emitir un informe anual al Gobernador, aspecto que alegó no se ha realizado por años.

La procuradora de las Mujeres, Madeline Bermúdez Sanabria, reconoció varios percances que se han tenido en la Junta, como lo fue que el reglamento “no había sido enmendado en muchísimos años”, específicamente desde el 2008. También dijo que, aunque el nuevo reglamento entró en vigor en noviembre de 2022, todavía no se han diseñado las nuevas guías para el funcionamiento de estos centros de desvío.

Explicó que estas nuevas guías, que “regulan cómo estos programas de desvío van a manejarse”, no se realizaron luego de aprobado el reglamento, ya que “la Junta se queda sin quorum”.

Comentó que en la actualidad falta que el Senado confirme a un trabajador social y un representante de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), los cuales fueron nombrados por el gobernador Pedro Pierluisi en enero pasado.

Mientras, tanto la secretaria de Corrección, Ana Escobar, como la procuradora apuntaron a que la Junta ha comenzado a reunirse nuevamente. Al menos, se informó que tuvieron encuentros el 24 abril, luego de registrado el feminicidio, así como el 3 de mayo.

Bermúdez Sanabria señaló a Primera Hora que la misión que el grupo se ha fijado incluye enmendar la Ley 449 que crea la Junta y la Ley 54, así como medir la efectividad de los centros de desvío para poder fijar las nuevas guías que los regirían.

Entre las enmiendas a la ley que se requieren y que serían sometidas por la Junta antes de que culmine la sesión legislativa está que los miembros de la Junta sean nombrados todos a un mismo término y que el mismo sea de cuatro años. Señaló que algunos miembros tienen nombramientos de dos años, otros de tres y varios por cuatro.

Esta Junta está compuesta por representantes del DCR, Departamento de la Familia, ASSMCA, abogado, trabajador social, psicólogo y la Procuraduría de la Mujer.

Mientras, requirió enmiendas a la Ley 54 para fijar, entre otras cosas, que la “persona que violenta una orden de protección no se beneficie en esa parte de los programas de desvío. Puede ser peligroso que una persona como esta esté en la libre comunidad”. Señaló que este fue uno de los fallos que se cometió en el caso de Morovis.

Bermúdez Sanabria denunció que esta misma petición se la hicieron en una propuesta de ley que sometió la Procuraduría, pero que la medida quedó engavetada desde que la presentaron en el 2021.

Pese al señalamiento de la procuradora, Primera Hora encontró que la Ley 54 ya estipula que se le debe conceder un desvío a aquella persona “que no haya violado una orden de protección expedida por cualquier tribunal al amparo de esta ley o de cualquier disposición legal similar”.

Sin métrica

Sobre la medición de la efectividad de los programas de desvío, que es una de las fallas principales que se le ha hecho al sistema, la procuradora reconoció que la necesidad de realizar un análisis exhaustivo que verdaderamente mida si estos programas rinden resultados.

Al menos, la única métrica que pudo proveer la secretaria de Corrección a Primera Hora es que entre el año 2023 a abril de 2024 se le ha revocado por incumplimientos el derecho del desvío a cinco participantes

“No es ni 1% realmente de la cantidad de participantes de los que se le revoca el privilegio. No es una cantidad significativa”, expuso Escobar.

La funcionaria aceptó, sin embargo, que no cuentan con estadísticas que presenten si un imputado de violencia de género ha vuelto a reincidir tras haber participado entre 52 semanas a tres años en un programa de desvío, según el periodo establecido por ley.

“Esa data de reincidencia no la tenemos”, afirmó.

Debido a la ausencia de estas estadísticas, la doctora Ida Nevárez Sánchez, propietaria de los Institutos de Reeducación de Puerto Rico, localizados en Bayamón, Carolina y Juncos, realizó su propio estudio en el 2021 para conocer qué aspectos debía mejorar internamente. La muestra que tomó fueron 200 participantes que habían completado para el 2019 su tratamiento en sus centros. Encontró que el 76% de los casos no habían reincidido y no tenían nuevos casos judiciales relacionados a violencia de género.

“Eso es un número significativo”, señaló, al adjudicarse buenos resultados. “Que el 76% de los casos no reincidieron, te está dando una información valiosa. Te está diciendo estamos haciendo algo bien y yo no tengo dudas”.

La consultora psicológica aceptó que una investigación más completa, que incluya entrevistas con las partes involucradas y otros análisis comunitarios, requerirían de fondos y expertos con los que no contaba.

En la actualidad, lo que se hace con los centros de desvío es que se “mide la efectividad (desde) la oficina aquí a nivel central con el análisis que se hace durante las visitas que lleva a cabo la compañera Selma Ríos”, precisó la secretaria.

De inmediato, Selma Ríos Calderón, coordinadora de Programas de Desvío en el DCR y quien está a cargo de los procesos de revisión y licenciamieto de los programas de reeducación y adiestramieto, indicó que el análisis que realizan para darle licencia a los 18 centros de desvío privado y cinco del DCR se rige por el reglamento y las guías establecidas.

Bajo estas regulaciones, dijo que han preparado un formulario que se utiliza para “hacer la visita y se corrobora que está funcionando adecuadamente”.

¿Cómo se corrobora ese funcionamiento?, se le cuestionó.

“Lo que se corrobora en específico es lo siguiente. Las credenciales de los profesionales y características del personal; la filosofía, misión y metas del programa; el currículo y contenido del programa; los procesos de intervención y ayuda del programa, y la adecuacidad del procedimiento de admisión en el programa. Adicional, la adecuacidad de planta física, los procesos de evaluación. Ese es el instrumento. Este instrumento está diseñado de acuerdo a la guía que contamos y el reglamento”, detalló.

Bajo este precepto, en la actualidad todos los programas de desvío tienen su licencia para poder funcionar al día, algunos hasta agosto del 2025 y otros hasta diciembre del 2026.

Inconforme

Pero, la procuradora aceptó que no está conforme con este proceso de medición de efectividad.

Mostró preocupación con que lo que se obtenga como resultado de la participación de una persona en uno de estos centros “es un certificado de que completaron las horas del programa de desvío y que terminaron el programa de desvío. Pero, no tengo certeza del cambio conductual de esa persona”.

Por ello, coincidió con Rivera Sierra en esa urgencia de realizar un monitoreo más exhaustivo de los programas de desvío.

“Necesitamos hacer esa evaluación más profunda de cada uno de los programas para que todos y cada uno estén en cumplimiento, no solamente de reglamento, no solamente de la ley, sino dar la milla extra, que entiendan que simplemente el hecho de que una persona firma un documento y pague unas clases no lo rehabilita y no lo reeduca, y tenemos que ver que cuando esa persona sale a la libre comunidad puede ser un potencial peligro”, sostuvo.

Los planes de la procuradora es que antes de que culmine el año se haya realizado ese estudio de la efectividad de los centros de desvío a base de su impacto en el participante. Para ello, dijo que se utilizarán a varios miembros de la Junta, así como han solicitado al DCR que nombre a un director ejecutivo del ente y asigne presupuesto para contratar “personal administrativo nos ayude a cómo medimos la efectividad”.

Estipuló que estas visitas a los centros que realizarían ayudará a tomar medidas correctivas en los mismos, así como a delinear las nuevas guías con las que estos trabajarían para reeducar al agresor.

“Como sociedad, nosotros tenemos que lograr que los agresores o agresoras de violencia de género erradiquen totalmente esa conducta, porque son personas que terminan con una pareja hoy, pero comienzan con otra pareja mañana. Eso es lo que tenemos que medir en estos programas. Y los programas, sí emiten unos informes de cuántas personas atendieron, cuántas horas tomaron los talleres, y si cumplieron con la hora o no cumplieron con la hora. Pero, eso no mide la efectividad de esos talleres. Lo más importante es que, si tenemos que cambiar la metodología, lo hacemos. O sea, eso es lo importante. Es que los programas también entiendan que las mismas teorías que utilizábamos hace 20 años, no son las mismas teorías que se trabajan hoy en día en la psicología y en la sociología. Así que tenemos que cambiar esas teorías y esos métodos. No podemos hacer un cambio en la guía si no tenemos esas métricas (de efectividad), porque sería trabajar un cambio en la guía sin la información empírica”, sentenció Bermúdez Sanabria.