El centro de la isla, montaña adentro, es el lugar idóneo para montar un “junker”, un taller de hojalatería y pintura o de mecánica, todos clandestinos, de esos que se convierten en depósitos de chatarra afectando su entorno.

No obstante, la creatividad y la impunidad no tiene límites, por lo que el Negociado de Vehículos Hurtados, encargado de su fiscalización, ha intervenido en las barriadas donde más abundan. Pero los delincuentes no desisten, llevando sus operaciones bajo carpas a residenciales públicos -a pesar de que están regulados por el Departamento de la Vivienda- en urbanizaciones de acceso controlado, en marquesinas o a orillas de la calle, lo que podría atraer otras actividades fuera de ley.

De acuerdo con las estadísticas del negociado, las inspecciones en ocasiones no son suficientes para disuadirlos, ya que un 30% de los establecimientos intervenidos vuelve a violar las leyes.

Por tal razón, próximamente se estaría evaluando la posibilidad de aumentar las penalidades mediante legislación, en especial para las personas que han cometido esta falta en el pasado.

“Lo que ellos alegan es que son muy caras las multas. Para mí son excusas, porque si tú quieres tener un negocio, tienes que estar en ley... hay que tener más responsabilidad del ciudadano que, hoy día en Puerto Rico, lo que quiere es vivir de lo fácil y cuando uno va a intervenir en un taller ilegal, se molestan”, expuso el inspector Víctor Serrano, director del negociado.

Recordó que en Utuado se toparon hace dos semanas con un “junker” que era ilegal y la Junta de Calidad Ambiental le expidió $25,000 en multas y una orden de cese y desista. En este caso, aun cuando no han pasado los tres meses para volverlos a inspeccionar, si un patrullero lo ve abierto se puede intervenir.

Serrano informó que en Puerto Rico hay registrados 90 “junkers” y se estima que más 30 operan ilegalmente o sin algunos de los permisos que se les requiere por ley, basado en intervenciones recientes.

Los negocios lícitos se concentran en San Juan, Bayamón, Arecibo, Aguadilla, Aibonito, Caguas, Carolina y los vehículos que más se encuentran allí son los Toyota y los Hyundai, ya que son los que más abundan en nuestras carreteras y facilita su mercadeo.

“Las piezas se compran más, porque mientras más accidentes de tránsito hay, más piezas van a vender”, destacó.

“Lo más que me están robando es la Kia Sportage y la Hyundai Tucson, ahora mismo, pero decirte que he entrado a los ‘junkers’ y he visto piezas hurtadas de ellos, no las he visto. Posiblemente años atrás (eso sí ocurría), pero ahora no”, puntualizó el inspector.

“Yo entiendo que es un problema de calidad ambiental, porque delitos como tal los hemos trabajado bastante y ha mermado. Son pocos (los talleres y ‘junkers’) en los que usted va a encontrar un vehículo hurtado”, manifestó.

Las intervenciones

Para poder detectar si se han cometido delitos graves, además de no cumplir con los requisitos en ley para operar, es necesario que el personal acuda a inspeccionar junto a representantes de agencias como la Oficina de Gerencia de Permisos, Departamento de Hacienda, Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Junta de Planificación, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y de las diferentes oficinas de las ordenanzas municipales.

“Nosotros vamos a buscar si hay piezas ilegales. Si conseguimos la pieza ilegal, paramos el trabajo y consultamos con fiscalía para sacar una orden de allanamiento para registrarlo completo... en el ‘junker’ vamos más a regular que no vaya un carro robado o un carro desaparecido, que es un carro que usted sacó y lleva cinco meses que no lo paga, lo vende, ese ‘junker’ lo puede pagar para sacarle las piezas para su venta ilegal”, describió.

El inspector aclaró que cuando realizan investigaciones administrativas, no puede entrar a registrar el inventario directamente si no tienen el motivo fundado para solicitar una orden de allanamiento en busca de evidencia de actos delictivos. Por ende, se comienza por detectar si operan sin licencias.

Al preguntarle cuán común es que encuentren que en estos negocios -sean legales o no- se cometan otras violaciones de ley, sostuvo que no ocurre con frecuencia.

“Encontramos vehículos hurtados, (metidos) en el monte, escondidos, porque nos llega información de que en la finca de ‘fulano de tal’ hay siete carros robados. Ahí podemos realizar un trabajo de vigilancia, coordinar con el dueño de la finca y hacemos un plan de trabajo, y si hay gente desmantelando (los vehículos), los arrestamos. Eso pasa más en esos sitios, pero en ‘junkers’ o talleres no pasa mucho”, indicó Serrano.

En el caso de los talleres, abundan los que contratan técnicos y mecánicos automotriz sin certificaciones ni licencias, si su propietario paga o no los arbitrios o cuenta con los permisos o paga patentes municipales.

“En talleres buscamos si hay un vehículo hurtado que lo están pintando o si el mecánico le está cambiando el motor y la transmisión para ponérselo a otro carro”, explicó Serrano.

Mientras que, la capitana Carmen Vega, agregó que “de un solo vehículo te sacan muchas piezas, y ahí es que entra el hojalatero, porque hay piezas que están identificadas con ‘label’ (etiqueta). (Entonces) ellos lo remueven y cuando chocas el carro, vas al hojalatero para pedir el servicio y te dice: ‘Yo tengo esta puerta’ y a lo mejor no conoces que tiene que estar regulada con ese ‘label’, que pertenece a un vehículo hurtado y la persona lo tiene en su vehículo sin saber que la pieza es hurtada”.

Apuntó Serrano que este tipo de modo de operación es independiente y no está integrada por poderosas organizaciones criminales de las que aportan a incrementar la economía subterránea.

“Organizaciones criminales grandes, como tal, no tenemos”, aseguró.

En cuanto a aquellos que se dedican al hurto de vehículos, ha observado que es una práctica que se “hereda” por generaciones, como ha ocurrido en Vega Baja, Vega Alta y Bayamón, de acuerdo con la experiencia adquirida desde el 2008.

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Cuando ocupan vehículos que son “pedidos”, o sea, que se los roban, los llevan al punto de drogas, donde les pagan entre $400 y $600 para luego utilizarlos para cometer fechorías, el panorama es diferente a pesar de que tienen la opción de desmantelarlos para vender sus piezas. En cambio, los delincuentes optan por quemarlo.

“No es lo mismo matar a una persona con un carro registrado a que tú la mates con un carro robado... puede haber un ‘junker’ clandestino que se preste para desaparecerlo, pero no hemos tenido muchos casos de eso. Casi siempre los queman o los abandonan en las fincas esas (cementerios de vehículos hurtados) en el monte”, observó el director del negociado.

¿Qué hacer?

Para vender un carro en un “junker” se debe dar de baja en el sistema del Departamento de Transportación y Obras Públicas, por ser chatarra.

No obstante, la mayoría de estos negocios, si están bien regulados, pueden tener un sistema para verificar si la tablilla corresponde a ese carro y se les tiene que entregar un documento que certifique que ya no puede transitar por la vía pública.

“En este último trabajo que realizamos, encontramos carros dentro de los ‘junkers’ que no estaban dados de baja y eso es una violación a la ley, y esos son los que están trabajando ilegalmente. Porque si ahora mismo usted va a comprar una pieza, si la compra y no está dado de baja como chatarra y un agente de Vehículo Hurtados te para, te va a quitar el carro, porque esa pieza no pertenece a tu carro”, advirtió.

Por ejemplo, si el número de serie de la puerta no corresponde a la que está en el “dash” del vehículo, se le ocupará para investigación.

Una vez la chatarra es aplastada, sin el motor, es vendida como metal posiblemente a China.

Serrano exhortó a la ciudadanía a que llame a la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 cuando tengan un taller ilegal cerca de su residencia, urbanización, barriada o el monte. También se puede llamar a División de Vehículos Hurtados que corresponda al lugar donde esté ubicado.

Regulaciones

• En Puerto Rico, la Ley de Depósitos de Chatarra (Ley 125 de 1966) regula la operación de estos establecimientos, incluyendo aspectos como la ubicación, registro y acceso para inspecciones por parte de la policía.
• Ubicación: En los casos de solicitudes nuevas, el depósito debe estar a 300 pies o más de un cuerpo de agua.
• Registro: Cada dueño de un depósito de chatarra debe pertenecer a la Asociación de Junkers de Puerto Rico.
• Acceso para inspección: La Policía de Puerto Rico tiene libre acceso a las oficinas, archivos y al área del negocio del depósito de chatarra para inspeccionar el libro registro requerido por esta sección.
• Ley 22-2000 (Ley de Vehículos y Tránsito): Esta ley regula la utilización de vehículos de motor en las vías públicas de Puerto Rico, así como los aspectos de la titularidad de estos y la capacidad de los ciudadanos a ser conductores.
• Ley 40: Relacionada con las licencias de mecánicos automotrices.
• Ley 107: Sobre patentes municipales.
• Ley 125: Que regula el manejo y operación de depósitos de chatarra.

Estadísticas:

• Hasta el 15 de marzo, el Negociado de Vehículos Hurtados había intervenido en 8 talleres de hojalatería y pintura, seis más que el año pasado.
• Talleres de mecánica: 17 inspeccionados; 10 más que el año pasado.
• “Junkers” clandestinos: 8 inspeccionados; 3 más que en el 2024.
• Dealers clandestinos: 1 inspeccionado.