El desfile de prueba contra el exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez y la exdirectora de Finanzas, Yahaira M. Valentín Andrade, aún sigue sin señalarse, ya que la defensa espera por la respuesta del máximo foro judicial, en el cual se han presentado varios recursos para la desestimación de los cargos.

La información se desprende de una vista híbrida sobre los estados del procedimiento, celebrada este martes ante el juez William Machado Aldarondo del Centro Judicial de Mayagüez, donde las partes coincidieron en no contar con novedades para el avance del caso.

Ambos exfuncionarios están acusados de incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos por el desvío de unos $9.8 millones que fueron otorgados en tres resoluciones conjuntas de la Legislatura Estatal para completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez.

A su salida de la sala 201, el licenciado Harry Padilla, abogado de Guillito Rodríguez, manifestó que, “lo que se había solicitado ante el Tribunal de Instancia, del Apelativo y del Supremo era que se desestimaran los cargos porque, a nivel de vista preliminar, lo que se llama la causa probable de vista preliminar no se hizo, en nuestra opinión, conforme a derecho”.

“Ahora mismo hay ante el Tribunal Supremo una moción de reconsideración que dicha acusada (Valentín Andrade) presentó. El Tribunal Supremo no la ha resuelto. Por consiguiente, el Tribunal (de Primera Instancia), para dar el espacio de que termine el proceso apelativo, señaló una nueva conferencia para el viernes 28 de febrero”, sostuvo.

“Para esa fecha, ya se tiene que saber cuál ha sido el resultado del proceso apelativo. Ante el Tribunal Supremo se han radicado un sinnúmero de escritos. Se radicó una segunda reconsideración el 4 de diciembre que es la que está ahora”, mencionó.

Por su parte, Rodríguez Rodríguez habló con Primera Hora de las acusaciones en su contra e insistió en que se siente “tranquilo y respetuoso de los procedimientos judiciales”.

Al destacar su esperanza “en la justicia y lo que representa la justicia para todo ciudadano, independientemente de las posiciones que ocupen”, el otrora alcalde de Mayagüez aseguró que “hay cierto prejuicio con relación a las personas que ocupan posiciones públicas”.

“En las dos constituciones están salvaguardados los derechos constitucionales y civiles que tienen todas las personas que acudan a un tribunal en busca de justicia y de que se ejerza el derecho como debe ejercerse. Esta es mi esperanza. Pero estamos tranquilos con nuestra conciencia”, confesó.

Sobre las imputaciones, Rodríguez recalcó que, “el dinero que se habla fue devuelto al Municipio de Mayagüez, no ahora, (sino) en mayo del 2021”.

“(Es la) información que tenía, tanto la fiscalía como los tribunales, y se recupero más dinero del que se había depositado en una cuenta de ahorros del Banco Popular a una cuenta de ahorro en los Estados Unidos, en bancos que honraron con sus seguros y su responsabilidad, devolver ese dinero al municipio en un momento determinado”, argumentó.

Entretanto, apuntó a que “ese dinero está depositado hace más de dos años; no era suficiente para desarrollar el Centro de Trauma en las dos fases que faltaban porque había una promesa de $20 millones y solamente llegaron $9 millones al Municipio de Mayagüez”.

“(Eso fue) dicho bajo juramento por la persona que representó aquí a la Contralor, en el proceso de la vista preliminar. Ahora hay que buscar más dinero para completar esas dos fases del Centro de Trauma que desarrollamos cuatro fases”, apuntó.

“Fui el único alcalde que salió en defensa de un Centro de Trauma nuevamente para Mayagüez; Mayagüez lo tenía y lo perdió y no fue porque el alcalde de Mayagüez se lo quitó a Mayagüez y el área oeste. La historia está escrita de la reorganización que se hizo del sistema de salud”, agregó.

Igualmente, expresó que, “ahora (queda) terminar esas dos fases para que, no solamente el área oeste, (sino) el área este, el área este, el área sur, el centro de la isla, el área norte, tengan unos centros de atención de emergencia para los casos de riesgo de vida en el área de situaciones traumáticas que requieran cirugía y atención”.

“Fue inconstitucional”

De otra parte, alegó que la suspensión a sus funciones como alcalde, ordenada por la Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario (UPAD), el 31 de marzo de 2022, “fue inconstitucional”.

“Es una suspensión que todavía seguimos argumentando porque fue inconstitucional; de un oficial electo que no se le permitió terminar, según el mandato del pueblo, su cuatrienio, en un proceso donde no había una convicción todavía, solamente unas acusaciones”, lamentó.

“(Fue) privar al pueblo de lo que fue una decisión de que el alcalde de Mayagüez iba a estar finalmente hasta diciembre de 2024, ejerciendo su derecho ganado por el pueblo de administrar los recursos del Municipio de Mayagüez. Ya eso será que lo apelen en un momento determinado, como le hicieron igualmente al alcalde de Ponce que, yo creo que fue un proceso anticonstitucional a un oficial electo por el pueblo”, esbozó.

Asimismo, reveló que está dispuesto a “colaborar en lo que Mayagüez necesite que yo pueda colaborar”.

“Yo soy un servidor público de corazón y de vocación. Todo lo que necesite mi ciudad de Mayagüez de mí, lo va a tener porque tengo mucho agradecimiento a esta ciudad que me dio su confianza y su apoyo por tantos años. No fui piedra para que se hiciera esa transición”, subrayó.

“Qué bueno que la estrategia de que se ganara Mayagüez porque sacaron al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, eso no se le cuajó al PNP, ni en Mayagüez ni en Ponce. Seguimos en la lucha”, concluyó.