VIP Healthcare Solutions, empresa que administraba el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Job Andújar en Cataño, así como su presidenta Ivelisse Rivera Padilla y su secretaria Carla Carrillo Torres, se declararon culpables de fraude ante el juez federal Raul M. Arias Marxuach, informó la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico este miércoles.

El acuerdo de culpabilidad se dio luego de que en febrero pasado se anunciara la acusación contra esta empresa y las imputadas en relación a un préstamo del Programa de Protección de Pago (PPP, en inglés), por una cantidad de $249,755.35, con declaraciones falsas, así como lavado de dinero en relación a pagos recibidos como parte de un contrato municipal.

Este miércoles la Fiscalía indicó que VIP Healthcare se declaró culpable de hacer una declaración falsa en relación a dicho préstamo.

También, la Fiscalía detalló que Carrillo Torres admitió ante el tribunal que la compañía certificó falsamente la exactitud de su solicitud de préstamo, del 7 de abril de 2020 por $249,755.35, y que no identificó dueños adicionales de VIP Healthcare que poseían más del 20% de la compañía.

Además, Carrillo Torres admitió haber presentado la solicitud de préstamo fraudulenta a nombre de VIP Healthcare y haber respondido “no” cuando se le pidió que revelara si algún propietario de VIP Healthcare estaba actualmente involucrado en algún procedimiento de quiebra. En ese momento, Carrillo Torres sabía que su socia Rivera Padilla poseía más del 20% de VIP Healthcare y estaba involucrada en un procedimiento de bancarrota.

Dicha quiebra habría impedido a VIP Healthcare obtener el préstamo si se hubiera informado a la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA, en inglés), explicó la Fiscalía.

Mientras, Rivera Padilla, quien también es abogada autorizada, se declaró culpable de 14 cargos de fraude de quiebra por hacer representaciones materialmente falsas.

Se alegó que Rivera Padilla ocultó propiedades e ingresos, y no reveló todo el patrimonio de la quiebra durante el curso de su procedimiento, incluidos la creación, operación, propiedad y control de VIP Healthcare, que administró el CDT hasta aproximadamente el 25 de marzo de 2023.

Rivera Padilla también ocultó la compra de un apartamento en el condominio Golf y Playa en Cabo Rojo por $270,000 y un terreno de 2,159.5152 metros cuadrados ubicado en Rainforest and Sea View Resort en Luquillo por $275,000.

De igual manera, ocultó su interés en otra entidad corporativa conocida como Farmacia Libertad, así como ingresos de un negocio de propiedades de alquiler a través de Airbnb.

Ambas acordaron perder cualquier interés en las dos propiedades ocultas como parte de su acuerdo de culpabilidad, además de la sentencia que les impondrán el 17 de enero de 2024.

Este caso sigue bajo investigación por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Oficina de Fideicomisario de los Estados Unidos, junto a los fiscales federales José Capó Iriarte y José C. Díaz Vega.