Miembros del gremio Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Local 2099, que representa a los empleados del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), exigieron hoy la aprobación de la legislación que viabiliza su separación del Departamento de Seguridad Pública (DSP). El reclamo se realizó durante una manifestación que se llevó a cabo durante el mediodía frente a su sede en Río Piedras.

A pesar de que se ha anticipado que el Senado aprobaría mañana, jueves, el proyecto de ley que independizaría al NCF, ante la advertencia de la comisionada, María Conte Miller, de que renunciaría al cargo si no se toma acción ya que la burocracia no le permite adelantar los proyectos en curso, la presidenta del gremio, Aixa Estrada, explicó que la protesta debe servir como un recordatorio para que el asunto no sea olvidado.

Tanto Conte Miller como los empleados del NCF enviaron ponencias a la Comisión de Seguridad Pública a favor de que se desligue del departamento sombrilla del que forma parte desde el 2017, mientras que el comisionado del DSP, Pedro Janer, ha insistido en que gracias a su estructura administrativa es que se han obtenido los logros en esa dependencia.

“Hasta mañana, jueves, sabemos que no hay una determinación final y como nosotros los empleados -como unión y como empleados del Negociado de Ciencias Forenses- hemos agotado todos los recursos y ahora la doctora está en busca de que el proyecto sea aprobado, pues realmente no queremos caer en oídos sordos y que volvamos a ser olvidados”, afirmó Estrada.

El sistema establecido por el DSP que administra de los presupuestos de siete negociados a los cuales requiere su certificación antes el desembolso de fondos, ha ocasionado retrasos en los proyectos en curso, como la renovación del contrato de los “rape kits”, en la asignación de fondos para adquirir equipo especializado y darle mantenimiento para evitar la acumulación de cadáveres en espera de identificación y autopsias y en reclutamiento de personal.

“Estamos hablando de un equipo que lo necesitamos para poder continuar con el trabajo, los cadáveres realmente no esperan, el personal aquí no puede salir a cualquier lugar cercano e ir a comprar un equipo que es especializado para trabajar aquí, no estamos hablando de una resma de papel, no estamos hablando de una caja de bolígrafos, entonces pasa por una burocracia donde a veces tarda el proceso y al momento de trabajar nos encontramos con el equipo o no está o es limitado“, detalló la portavoz.

También reiteraron su pedido de un ajuste salarial por el trabajo de alto riesgo que realizan, el pago de las horas extra atrasadas y la permanencia para los empleados en período probatorio.

Estrada planteó que si Conte Miller renuncia porque se ve imposibilitada de tomar las decisiones necesarias para el funcionamiento el negociado regresarían a la crisis que vivieron luego del paso del huracán María.

“Esto es sencillo, si ella se va, vamos a volver a donde estábamos antes. Probablemente traigan a una persona a administrar al negociado que no sabe de las necesidades que hay aquí, no sabe de las necesidades del negociado y ya lo vivimos, pasó con la antigua comisionada Beatriz Zayas, fue un fracaso total, inclusive en la administración”, dijo Estrada.

La patóloga ocupa la posición desde el 21 de octubre del 2019 y ya lo había dirigido bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño Burset desde el 2009 al 2012.

Cuando Conte Miller dirigió el Instituto de Ciencias Forenses había 500 empleados, entre ellos químicos, serólogos, balísticos, de evidencia digital y transcriptores forenses, de los cuales quedan unos 200.

Sobre Janer, indicó que no se ha preocupado por conocer de primera mano sus necesidades ni cómo funciona ese negociado que realiza labores especializadas como ningún otro bajo la sombrilla de seguridad.