La jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan expidió hoy cuatro órdenes de protección al amparo de la Ley contra el Acecho en Puerto Rico contra el candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina Pérez que fueron solicitadas por empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos quienes se han sentido amenazados tras la divulgación de su información personal.

Según se desprende de las órdenes suministradas por la Administración de Tribunales, una de las querellantes expresó que desde principios del mes de agosto Molina Pérez y en específico durante los pasados días presuntamente ha estado acechando a los empleados que entran y salen del edificio al extremo de poner en riesgo su seguridad tras revelar tanto a los ciudadanos que reclaman ser atendidos para recibir sus beneficios de desempleo frente ante la sede central en Hato Rey, como a otras personas a través de redes sociales, sus nombres y números de teléfono celular.

Otro de los empleados denunció que Molina Pérez hizo expresiones que violentan su integridad como ser humano y empleado público. “A partir de sus declaraciones he recibido cientos de llamadas, mensajes que han perturbado mi paz y la de mi familia”.

“Se encuentra protestando y poniendo la vida y seguridad de todos los que allí estamos. En los últimos días la protesta ha subido de tono y tiene un patrón de acoso a todos aquellos que entramos y salimos de allí. En el día de ayer Sr. Molina publicó el # de cel. (celular) de varios compañeros incluyendo el mío. Escribieron en una cartulina nuestros nombres y # de celular e incitó a las masas presentes y al público a través de un vídeo en vivo a través de las redes sociales que hicieran con nosotros lo que quisieran poniendo en riesgo una vez más nuestra vida y seguridad física”, sostuvo el mismo perjudicado.

Otra de las empleadas dijo que no ha podido dormir por las múltiples llamadas que ha recibido, algunas amenazantes.

El tribunal le ordenó a Molina Pérez que se abstenga de acercarse a los empleados, a su lugar de trabajo, su hogar, a sus familiares, a los negocios que frecuenta, al cuido de sus hijos y hasta a sus mascotas. Tampoco puede contactarlos a través de correos electrónicos ni redes sociales.

Además, deberá entregarle al Negociado de la Policía de Puerto Rico cualquier arma de fuego que posea.

Los casos se verán de manera independiente en los tribunales de San Juan, Bayamón y Fajardo y los perjudicados deberán acudir en diferentes fechas entre el 9 al 14 de septiembre para prestar declaración con relación a su denuncia.

Un policía adscrito al cuartel de Hato Rey Este orientó ayer a dos empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para que solicitaran una orden de acecho en el tribunal como parte de las acciones civiles disponibles luego de estos hechos ocurridos tras el hallazgo de unos documentos con información personal de ciudadanos que fueron localizados en un contenedor de basura en las inmediaciones de la agencia.

Según consta en la querella 2020-1-182-004640 rendida como una orientación la consulta se hizo en el precinto a las 4:46 p.m.

También se les recomendó que se tomaran acciones administrativas al respecto, sin embargo, no se menciona el nombre del candidato.