Un grupo de 150 empleados del Centro Judicial de San Juan, unidos simultáneamente a unos 700 de las distintas regiones en la Isla, realizaron al mediodía de hoy una manifestación pacífica en reclamo de un retiro digno, igualdad en ley y justicia salarial.

Alguaciles, secretarias, empleados de mantenimiento y otros funcionarios administrativos, se unieron para peticionar ser incluidos en las discusiones que se den en la Legislatura cuando se discutan medidas de retiro incentivado.

José Castro González, alguacil del Tribunal de San Juan, expresó “que somos tan empleados públicos como lo son los del ejecutivo”.

“Durante los pasados 25 años, cada vez que se legisla para una ventana de retiro la Rama Judicial se ha opuesto a que sus empleados se beneficien, incluyendo las de retiro incentivado, aludiendo a su reiterado principio de independencia”, sostuvo, por su parte, el alguacil Amircal Gerena, de la región Judicial de Utuado.

“Cuando lo que aprueba el ejecutivo nos beneficia, la Rama Judicial no lo adopta porque aduce a su independencia, pero cuando las medidas afectan a los empleados sí las adoptan”, argumentó al mencionar como ejemplo la Ley 66, de economía fiscal, que los perjudicaba y la rama judicial la adoptó.

“Solicitamos que de aprobarse legislación, la Administración de Tribunales se comprometa con la inclusión de sus empleados”, sostuvo Gerena.

Mientras, adelantaron que buscarán que se presente el Proyecto del Senado 1075, vetado por la gobernadora Wanda Vázquez, “que le hacía justicia a los alguaciles de la Rama Judicial y a los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) al incluirlos en la Ley de Retiro de los funcionarios de alto riesgo”.

De otro lado, Castro González indicó que en el año 2000 se enmendó la ley que se relaciona con las “Organizaciones Bonafide, con la única intención de especificar que dicha ley sólo aplica a los empleados del ejecutivo, en claro desafío a la Constitución que garantiza ese derecho, y con el fin de coartar el derecho de los empleados de la Rama Judicial”.

Eso, mencionó, “impide la libre organización de una entidad bonafide que le brinde apoyo y otros beneficios a los empleados de nuestra rama”.

De igual forma, recordaron que la Rama Judicial presentó un proyecto de ley para solicitar un aumento salarial de un 33% para todos los jueces, causando revuelo en la opinión pública por lo que fue retirado.

“La jueza presidenta anunció que la Rama Judicial había logrado unos ahorros con los que se proponía conceder ese aumento salarial, sin la necesidad de pedir asignación adicional, todo esto, sin mencionar al resto de los empleados de la Rama Judicial que han sido, en gran medida, pieza fundamental en esos ahorros”, expresó Castro González.

Denunció que ellos, “realizan el trabajo de dos o tres empleados a causa de las vacantes no ocupadas”.

Ambos entrevistados pidieron “que utilicen dichos ahorros para darle un aumento equitativo a todos los empleados de la Rama Judicial”, que suman poco más de 4,000.