A partir del 15 de este mes los empleados de la Rama Judicial comenzarán a recibir aumentos salariales, para una mayoría no sustanciales, conforme al Plan de Retribución del Poder Judicial aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) amparado en el mercado laboral.

Los aumentos que no son uniformes y que varían de acuerdo a las escalas y años de servicios, serán efectivos con retroactividad del pasado primero de julio, anunciaron hoy la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez y el juez director de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sigfrido Steidel Figueroa.

La jueza presidenta indicó que desde 2022 la propuesta de la rama judicial incluía garantizar un aumento mínimo de $200 mensuales a cada empleado, si el ajuste que le correspondía en su escala era menor a esa cantidad, pero la JSF lo descartó por entender que no era consistente con la Reforma del Servicio Público encaminada en el Poder Ejecutivo.

Steidel Figueroa indicó que el plan de retribución se cubrirá con una partida de $18 millones que tiene separada la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“Tengo que presumir que va a haber empleados satisfechos, los que reciben más, y con toda franqueza tengo que decir que va haber empleados desilusionados o desilusionadas por una expectativa que pudieron haber tenido. Vuelvo a repetir este no es el plan que nosotros hubiésemos deseado. El director y yo hemos visto cartas y sabemos lo que va a recibir un nutrido de empleados y no es lo que hubiésemos querido. Si a nosotros nos chocó cuando vimos las cartas debo pensar que va a haber empleados insatisfechos”, dijo a preguntas de Primera Hora, Oronoz Rodríguez en una mesa con periodistas en las oficinas de la OAT, en Hato Rey.

La jueza asociada reconoció que el plan no fue consultado con los empleados de la rama judicial. “Los planes de retribución no llevan consultas con los empleados, los de clasificación si”, dijo para agregar que la revisión de las escalas salariales comenzaría “lo más pronto posible”.

Oronoz Rodríguez informó que los empleados serían notificados hoy del ajuste salarial. Indicó que los 4,109 empleados del poder judicial, excluyendo jueces, reciben algún tipo de ajuste, excepto nueve personas. “Esas nueve personas la Junta se entiende que sus salarios están a tono con el mercado”, indicó al agregar que entre estos puede haber ayudantes especiales, un alguacil, una secretaria y una compliladora de datos. “Quizás llevan muchísimos anos en la rama y se le dio un aumento particular y bajo los parámetros de la Junta están remunerados a mercado”, sostuvo.

Detalló que 70% de los empleados de la rama judicial son de carrera y el restante 30%, son empleados de confianza.

Dijo que, en promedio, el ajuste salarial que recibirá el personal asciende a $345 mensual, siendo el más alto de $1,830.

“Los empleados que más se van a beneficiar son aquellos empleados en cada una de las clases que tenían los salarios más bajos”, sostuvo la jueza. Los empleados que laboran en el área de ciencias de computación y los que tienen post grados, como trabajadores sociales, oficiales jurídicos y asesores legales van a tener los salarios más altos.

La jueza dijo que, en promedio, el ajuste salarial que recibirá el personal asciende a $345 mensual, siendo el más alto de $1,830, que lo recibirá un asesor legal.

“En el poder judicial, el 99.8% del personal se beneficiaría de un ajuste salarial”, dijo para agregar que esto se suma al aumento de $200 mensuales concedido al personal en 2022.

Oronoz Rodríguez dijo que dentro de los criterios establecidos por la JSF, habrá personas que recibirán ajustes salariales significativos y habrá otro personal, cuyo salario, según la metodlogía establecida por el organismo federal, ya es competitivo a base del mercado laboral, por lo que el cambio no será sustancial.

Sostuvo que el nuevo ajuste salarial no interrumpirá los pasos por años por servicio que cada empleado haya recibido hasta el momento.

Dijo que desde marzo de 2021, la OAT contrató a la directora de la Escuela Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Yolanda Cordero para trabajar en el nuevo plan de retribución que no se actualizaba desde 1998. Indicó que en 2023 la OAT comenzó “la negociación con la Junta”, quien rechazó conceder aumentos uniformes, mientras la OAT solicitaba escalas salariales más alta, tomando en consideración la antigüedad de los empleados. No obstante, dijo que la JSF optó por dar unas bonificaciones por productividad y para ello se destinaron $8.3 millones bajo la custodia de la OGP. “Estamos en proceso de desarrollar un sistema con criterios objetivos que puedan medir esa productividad”, agregó.

Dijo así mismo que mantendrán en pie el Bono de Navidad y otros beneficios marginales.

El plan de retribución se puede acceder a través de www.poderjudicial.pr.

Aumento salarial a los jueces

La jefa de la Rama Judicial indicó por otra parte, que los aumentos salariales a los jueces están incluidos en el presupuesto vigente, la JSF aprobó $38 millones para aumentos salariales de los cuales $18.5 millones son para cubrir el plan de retribución de los empleados y la partida también incluye $11.2 millones para el alza salarial de los jueces,

En la pasada sesión ordinaria, que culminó el 30 de junio, las Cámaras Legislativas dejaron en suspenso un proyecto de ley que haría viable un incremento de salario -en algunos casos de más de $25,000 mensuales- a los más de 380 jueces que componen el poder judicial. El liderato legislativo condicionó entonces, la aprobación de la medida al plan de retribución de los empleados de la rama judicial. Se espera que el aumento salarial de los jueces vuelva a la mesa en la segunda sesión ordinaria que inicia el 21 de este mes de agosto.

“La metodología es la misma, la meta de equiparar salarios al mercado es la misma tanto para empleados como para jueces”, sostuvo Oronoz Rodríguez al agregar que están en disposición de discutir el plan de retribución con los líderes legislativos.

La jueza justificó la contratación de cabilderos que tocaron puertas de legisladores en reclamo de los aumentos a los togados. “¿A dónde van los maestros, fiscales y nuestros alguaciles?, al lugar que tiene el poder y ese es el lugar para poner en contexto la política pública”, reclamó.

Steidel Figueroa añadió que “hay apertura” para discutir “el número ideal de jueces” y su distribución según la necesidad del servicio. “Hay 51 vacantes y se necesita llenar un numero significativo, pudiera ser reducir algunos espacios, pero hay que hacer unos estudios. El que haya mermado el numero de casos no quiere decir que los jueces tengan menos trabajo”, sostuvo.