Un grupo de empleados de carrera de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentaron hoy, jueves, una petición de injunction preliminar y permanente para que el tribunal impugne la validez del proceso de su movilidad involuntaria a otras agencias como parte de la privatización del sistema de transmisión y distribución, que administrará LUMA Energy.

Los demandantes alegan, según el documento judicial, que estos procesos “les están despojando derechos adquiridos” y que se hizo “en violación del Reglamento para la Aplicación de la Ley Núm. 8-2017 expedido por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH)”.

También, apuntaron que, al hacerse las cartas de transferencia a otras agencias, “no se hizo según el Principio de Mérito y lo que ello requiere”.

Los empleados en la demanda solicitaron que se expida el interdicto preliminar para que se paralice el “Plan de Movilidad” y que decreten, mediante sentencia declaratoria, la invalidez del proceso.

El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, le otorgó diez días a la parte demanda para que comparezca por escrito y muestre causa por la cual no debería expedir el remedio solicitado.

Entre los demandados se encuentran: la AEE, representada por su director ejecutivo, Efrán Paredes Maisonet; la Junta de Gobierno de la AEE, representada por su presidente Ralph Kreil Rivera; el gobierno de Puerto Rico, representado por el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli; y OATRH, representada por su directora, Zahira Maldonado Molina.