El juicio federal contra el senador y exacalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, continuó este miércoles con el extenso testimonio de un testigo de la defensa, que había comenzado el martes y tomó toda la mañana y parte de la tarde, y que buscó poner en dudas la credibilidad de varios empleados que han testificado que fueron engañados por Nazario y en consecuencia trabajaron durante meses sin recibir paga.

El senador está acusado de haber cometido fraude y haberle mentido al gobierno federal, violando así un acuerdo al que había llegado con el Departamento del Trabajo federal, para pagar las horas voluntarias que habían trabajado un sinnúmero de empleados sin ser remunerados entre 2012 y 2014, práctica que se determinó era contraria a las leyes laborales.

Según ha transcendido por la evidencia mostrada en corte, Nazario, que para entonces era alcalde de Yauco, se habría valido de diferentes estrategias para hacer creer a empleados que el cheque que estaban recibiendo para pagarle por las horas voluntarias, según el acuerdo con el DT federal, era un pago por algún otro concepto, como salario por adelantado, y luego dejaban de emitir sus pagos de nómina regular, o cancelaban los cheques emitidos. Al no saber que el cheque era por las horas voluntarias, los empleados asumían que se les continuaba remunerando por su trabajo.

La defensa de Nazario, formada por los abogados María Domínguez, Edga Vega, Javier Micheo y Carlos Andréu, como parte de su estrategia ha presentado testigos que buscan poner en duda la credibilidad de varios testigos presentados por la fiscalía, así como sus testimonios. De manera simultánea, busca crear una impresión de que cualquier acción de Nazario que pudiera percibirse como negativa habría sido sin mala intención, y que en realidad entonces alcalde de Yauco solo perseguía ayudar a sus empleados.

A tales efectos, continuó el testimonio de José Rodríguez Rodríguez, exdirector de Obras Públicas del municipio, y quien supervisó a los testigos de la fiscalía Antonio Irizarry, Aramis Burgos Caraballo, Francis Rodríguez Dastas y Leonard López.

A preguntas de Domínguez, el testigo continuó describiendo un patrón de ausencias y salidas antes de hora de Irizarry, quien ofreció uno de los testimonios más fuertes en contra de Nazario y además podría decirse que generó mucha simpatía en sala con sus respuestas. De hecho, Domínguez dedicó bastante tiempo a detallar la conducta de Irizarry, de acuerdo a Rodríguez Rodríguez.

El exdirector de Obras Públicas reiteró que Irizarry pedía ayuda todo el tiempo porque tenía dificultades financieras y que, para ayudarlo, le llenaban las hojas de asistencia aún si faltaba o salía antes de hora, de manera que pudiera cobrar su quincena completa. Agregó que, a cambio, Irizarry le debía horas que tenía que pagar luego trabajando, y cuyo cómputo llevaba aparte, en un sistema paralelo interno de su oficina.

Rodríguez Rodríguez afirmó además que Irizarry, contrario al testimonio que dio, no estaba solo cuando recibió de manos de Nazario el cheque por horas voluntarias como parte del acuerdo con el DT federal. Aseveró que él estaba también presente y varios otros empleados, y que el alcalde explicó por qué razón se estaba dando ese cheque.

Sobre Burgos, dijo que “también me debía muchas horas. Menos que Antonio (Irizarry) pero debía muchas”.

Admitió que en algún momento lo enviaron a trabajar al cementerio, pero aseguró que “no fue un castigo”, sino que era una forma que tenían “para que repusiera las horas que debía”.

Sobre López, sostuvo que era un empleado “muy irresponsable. Faltaba mucho y no se excusaba con nadie. Y tuvimos varios problemas por eso”. Agregó que “también me debía horas”.

Por último, sobre Rodríguez Dastas, dijo que “también faltaba mucho, porque tenía un familiar delicadito de salud”.

Repetidamente, con cada uno de los cuatro empleados, Rodríguez Rodríguez insistió en que entendía que no tenían derecho a cobrar por periodos que la fiscalía sostiene deben remunerárseles, porque estaban pagando por las horas que debían.

Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, el testigo entró en varias contradicciones, describiendo un patrón de irregularidades administrativas y violaciones de los reglamentos del municipio de Yauco, y con toda probabilidad de las leyes laborales, con el permiso expreso de Nazario.

De hecho, se resistió repetidamente a responder directamente las preguntas del fiscal Scott Anderson, provocando la intervención del juez en más de una ocasión.

Anderson, quien forma el equipo de la fiscalía junto con la fiscal Myriam Fernández, le cuestionó a Rodríguez Rodríguez, si alegaba que los cuatro empleados eran empleados con problemas y mala asistencia, “por qué no hizo nada con ellos”.

“Sí hice. Los ayudé, y el alcalde también, para que cobraran su quincena”, sostuvo el testigo.

“No tomó ninguna media disciplinaria”, insistió Anderson.

“Avisé al alcalde que tenía problemas con eso. Él autorizaba la ayuda”, respondió.

“Pero ninguna medida disciplinaría”, reiteró el fiscal.

“No, solo una orientación en persona”, dijo Rodríguez Rodríguez.

El testigo admitió que no siempre sabía si los empleados estaban bajo contrato o no, pero que si llegaban, los ponía a trabajar. Admitió también que, si iban a trabajar al cementerio “no tenían contrato”.

Anderson lo confrontó con las regulaciones del propio municipio de Yauco, que establece que si un empleado falta debe ser amonestado verbalmente, por escrito y el alcalde debe tomar una medida disciplinaria. Además, establece que si alguien manipula las hojas de asistencia de un empleado, se expone a suspensión o expulsión.

El testigo dijo desconocer ese reglamento. “Eso se lo explican en la alcaldía. No me corresponde. Yo velaba por su seguridad, velaba por que se les pagara cada hora. Y fui un buen jefe”, argumentó.

Cuestionado con la manipulación de las tarjetas de Irizarry, que él permitía que hicieran otros o hacía él mismo y luego firmaba y enviaba a recursos humanos, Rodríguez Rodríguez sostuvo que lo hacía por una razón humanitaria y que Nazario lo habría aceptado.

Pero Anderson le ripostó que era una violación directa que debía ser sancionada con suspensión o expulsión, según las propias reglas de Yauco bajo la administración de Nazario.

El testigo admitió que en las tarjetas ponía días de enfermedad o vacaciones, aún sin saber si el empleado tenía esas horas acumuladas, para que así pudieran cobrar la semana completa. “Y si no tenía acumulados, eran horas que me debían”.

“O sea, usted falsificó las hojas. Sometió información falsa a recursos humanos”, cuestionó el fiscal, a lo que es testigo contestó en afirmativa, aunque insistiendo en que Irizarry “me debía horas”.

“Y si el alcalde (Nazario) le autorizaba, le autorizaba a cometer fraude”, insistió Anderson, agregando que también había repetido esas acciones con Aramis Burgos y Leonard López.

La abogada Domínguez, tomó otro turno para establecer que, si bien la forma en que se pagaba a empleados sin trabajar no era la manera adecuada de hacer una nómina, “en todo caso las reglas se violaron en favor de los empleados”.

También testificó Eldrin Vélez Torres, un operador de equipo pesado que alegó que cuando recibió su cheque por horas voluntarias lo hizo junto a Alberto Caraballo, quien, en otro de los más fuertes testimonios en contra de Nazario, aseguró que estaba solo con el exalcalde cuando le entregó el cheque.

Vélez Torres también puso a Leonard López en la escena de la entrega de los cheques.

La fiscalía le cuestionó si sabía que cuando le pagaron a él su cheque, que era por una cifra cercana, aunque superior, a la que recibía en cada quincena, dejaron de pagarle su cheque regular. El testigo no supo explicar esa situación.

También se sentó la directora del centro de cuido, Marisol Ortiz Quiñones, para buscar impugnar el testimonio de Ana Martínez Beauchamp, quien también testificó en contra de Nazario.

Ortiz aseguró que era una jefa estricta, que cumplía rigurosamente con entregar a recursos humanos las tarjetas de asistencia y que en el cuido no trabajaba nadie que no estuviera bajo contrato. Por otro lado, negó que hubiese recibido instrucciones de que Martínez no ponchara y firmara en una nómina especial.

Sin embargo, al ser confrontada con los contratos y el reporte de nómina, reaccionó con confusión.

“Ella sí trabajó en agosto y septiembre (de 2015)”, afirmó, en más de una ocasión.

“¿Y por qué no le pagaron?”, cuestionó la fiscal Fernández.

“Desconozco”, respondió. “Pero ella sí trabajó en agosto y septiembre. Falta ese contrato”.

Por último, testificó José Francisco Cinigaglia Caraballo, quien trabaja actualmente en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y fue chofer de Nazario para los años de la controversia.

A preguntas del abogado Micheo, sostuvo que Nazario nunca estaba solo y que siempre estaba él y otras personas presentes cuando recibía a empleados.

Dijo que escuchó hablar de la entrega de los cheques por las horas voluntarias y acompañó al alcalde a entregarlos, pero dijo que no escuchó el detalle de lo que dijo cuando los entregó. No obstante, dijo que nunca escuchó hablar de pago de horas por adelantado o que alguien fuera a trabajar sin paga.

En el contrainterrogatorio, Anderson cuestionó al testigo cómo era posible que le hubiesen dado un puesto de chofer, cuando estaba a punto de perder la licencia por varias infracciones, incluyendo exceso de velocidad. “Tenía 21 puntos. ¿Cómo es posible que se le dieran el puesto de chofer?”, preguntó Anderson.

“Por ser responsable”, respondió el testigo.

Acto seguido, Anderson le preguntó si no había recibido ayuda de Nazario para entrar a la AEE, algo que el testigo negó.

“¿Sabe que es el cuarto testigo que llega aquí, que trabaja en una agencia estatal y todos consiguieron entrar luego de que Abel Nazario Quiñones se volviera senador?”, cuestionó Anderson.

Para concluir, llevó al testigo a admitir que no podía saber qué hacía Nazario los días que él no trabajaba como chofer, y si se reunía o no con empleados y supervisores, así como tampoco podía decir si alguno de los 28 empleados que testificaron en el juicio contra Nazario estaba entre los que según él habían recibido en grupo el cheque por horas voluntarias.

El juicio continúa este jueves, cuando se espera que desfilen los últimos testigos de la defensa, y el juicio entre en su etapa final.

De acuerdo con los cargos presentados por la fiscalía federal, se alega que Nazario, cuando era alcalde de Yauco, mintió a sabiendas al Departamento de Trabajo federal e incumplió con un acuerdo al que habían llegado con el municipio para que le pagara a 177 empleados por horas trabajadas como “voluntarias” entre mediados de 2012 y mediados de 2014, que no se les habían remunerado, en violación a las leyes laborales vigentes. En total enfrenta 37 cargos, 30 por cada caso de empleado que habría resultado engañado y en consecuencia habría constituido un fraude y violación al acuerdo con el DT federal, y otros siete de fraude electrónico.