La jueza superior Vilmary Soler Suárezadmitió como parte de la evidencia en la vista preliminar en alzada, las advertencias de ley que le hizo una agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) a Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como El Manco, el 14 de octubre de 2014, previo a que éste le confesara a la entonces fiscal federal María Domínguez, que había asesinado al niño Lorenzo González Cacho.

El abogado que lidera la defensa, Mario Moczó objetó la admisibilidad de los llamados Derechos Miranda, firmados por su cliente, tras reclamar que no cumplían con los requisitos constitucionales. Moczó sostuvo que la renuncia de su cliente de su derecho a no autoincriminarse y a estar asistido de un abogado, no fue voluntaria e inteligente.

“El documento es inválido por sí solo. La renuncia tiene que ser voluntaria e inteligente. No puede ser meramente mecánica”, alegó el abogado, mientras invocaba que su cliente está recluido en un  hospital siquiátrico desde hace varios años.

“Nadie en su sano juicio está cuatro años en un hospital”, sostuvo Moczó en declaraciones a la prensa a su salida del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. 

Mientras tanto, en sala, la jueza dijo que no tomará por ahora decisión sobre la validez del documento y que escuchará toda la prueba.

“El planteamiento es prematuro”, sentenció la magistrada y agregó que la objeción de la defensa va dirigida a la admisibilidad de la confesión que todavía no se ha presentado.

El fiscal Mario Rivera Géigel argumentó por su parte, que la renuncia de Rivera Seijo a estar representado por un abogado fue libre, voluntaria y sin coacción .

“Él firmó las advertencias y no debe haber duda”, subrayó el fiscal mientras insistía en que la renuncia “es válida”.

“Eso no es un talismán, ni una cosa mística ni secreta, es un lenguaje claro”, sostuvo el fiscal.

Mientras tanto, la agente especial del FBI, Gretell Fabiola Chavarría, quien declaró por primera vez en el caso, dijo que ella le mostró los Derechos Miranda en español a Rivera Seijo y le pidió que los leyera en voz alta. 

Chavarría, quien  al momento de la entrevista de Rivera Seijo laboraba en el FBI de San Juan, pero ahora está destacada  en la Florida,  declaró que el hombre leyó los derechos uno por uno, que inició oración por oración el documento y que lo firmó, según se le instruyó.

Dijo que la nueva entrevista a Rivera Seijo fue solicitada por el secretario de Justicia, César Miranda como parte de la cooperación del FBI en el caso.

Dijo que además de ella y la fiscal Domínguez, estuvieron presentes, en la Oficina del FBI en Hato Rey, donde se hizo la entrevista a Rivera Seijo, el supervisor del FBI, Félix Esparra y el agente de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), de Bayamón, Simón Rosa.

“Era como si estuviera contando una historia normal, en orden lógico”, describió la agente a preguntas del fiscal Rivera Géigel en la vista preliminar en alzada que ayer entró en su cuarto día, ante la presencia de público mayormente en horas de la mañana. 

La testigo dijo que Rivera Seijo le indicó que “estaba bien, que se estaba tomando sus medicamentos y que podía hablar”. 

Chavarría añadió que la entrevista duró alrededor de hora y media.

Relató que después que le leyeron los derechos, la fiscal Domínguez comenzó a hablar con Rivera Seijo.

Mientras la agente hablaba, Rivera Seijo, desde el banquillo de los acusados, miraba de reojo y por momentos, bajaba la cabeza.

La agente sostuvo que la entrevista de  Domínguez a Rivera Seijo tenía “detalles diferentes”, aunque era similar a otras que le habían hecho anteriormente. 

“El señor Luis Rivera Seijo indicó que él mató al niño Lorenzo González Cacho”, declaró la agente a preguntas del fiscal. 

En el interrogatorio de la defensa, Chavarría reconoció que al momento de la entrevista, Rivera Seijo llevaba recluido cuatro años en el Hospital de Siquiatría Forense y que el imputado firmó rápidamente los Derechos Miranda.

“En tres minutos ya había firmado el documento”, dijo la agente a preguntas de Moczó.

El letrado le preguntó a la testigo si le había dicho: “léelo y lo que no entiendas me preguntas” y la agente respondió en la afirmativa.

Afloran inconsistencias de la pesquisa

Al mediodía de ayer,  el agente de Homicidios, Nicolás Maldonado, quien también fue sentado por primera vez en el caso, culminó su testimonio de dos días, en medio de inconsistencias y sacando a relucir fallas en la investigación del asesinato de Lorenzo, cuyos hechos se remontan a la madrugada del 9 de marzo de 2010.

Maldonado no fue claro en su testimonio sobre la forma en que se preservó en fotos y video la bolsa plástica encontrada en el patio de la residencia en la calle Bruma, en la urbanización Dorado del Mar, con documentos judiciales de Rivera Seijo. 

La bolsa fue ocupada por la Policía, al día siguiente de los hechos.

El testigo tampoco pudo esclarecer la hora en que ocurrió el incidente, que culminó con el asesinato de Lorenzo y fue confrontado con tres horas distintas ya que Ana Cacho le había dicho que el suceso ocurrió a las 5:00 de la madrugada, mientras en la bitácora del Centro de Mando de la Policía se registró a las 4:30 de la mañana y en el informe forense, apareció a las 4:00 de la mañana.

Maldonado declaró que cuando entrevistó a  Cacho, ella le dijo que se percató de lo ocurrido a las 5:00 de la madrugada.

Sin embargo, Moczó confrontó al agente con la hora en que el informe forense registró el suceso.

“¿Usted no recuerda haberle dicho a la investigadora forense Wanda Candelaria que el incidente fue a las 4:00 de la madrugada?, preguntó Moczó al agente.

Maldonado replicó que la hora que aparece en el informe no era correcta, pese a que el policía suscribió el documento forense.

El agente, quien fue removido del caso en junio de 2010, admitió que aunque el día de los hechos sospechaba que el niño no había sufrido una caída, no custodió la escena y al día siguiente, cuando regresaron “la escena no era la misma porque habían limpiado y el matress no estaba”.

También admitió que guardó en una gaveta, un celular que ocupó en el sofá de la casa y que no lo refirió para pruebas de ADN.

En la vista preliminar trascendió que el celular pertenecía a Rivera Seijo.