Ejecutan 27 órdenes de arresto por obtener ayudas por COVID-19 ilegalmente
Es la tercera ronda de arrestos relacionado a desembolsos fraudulentos de préstamos PPP y EIDL.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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Unas 27 órdenes de arresto fueron ejecutadas esta mañana contra personas que, presuntamente, obtuvieron desembolsos fraudulentos bajo el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, confirmó a Primera Hora la fiscalía federal.
Específicamente, los detenidos están señalados de ilegalmente obtener fondos provenientes de préstamos del Paycheck Protection Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL), que fueron creadas para ayudar a pequeños empresarios a liderar con los efectos económicos que produjo la pandemia del COVID-19.
“Se suponía que los préstamos EIDL y PPP beneficiarían a aquellos cuyos negocios legítimos sufrían pérdidas debido a la pandemia de COVID-19. El enjuiciamiento de quienes obtienen beneficios del gobierno de manera ilegal seguirá siendo una prioridad para nuestra oficina”, expresó el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.
Los acusados son: Brian Oniel Blassini, Denise Marie Torres Polonio, Rosario Polonio Báez, Isaac Adorno Polonio, Luis Manuel González Blassini, Carlos J. Negrón Flores, Christopher Molina Chévere, Edgar R. Rodríguez Torres, Giovanni Hernández Collazo, Ismael Ramírez Zayas, Jancarlo Morales, Julio Vera De Jesús, Kiara Lee Sierra Bermúdez, Luis Miguel Burgos Dávila, Maximino Vera Rivera, Michael Jovany Pagán Ruiz, Nelson Yadiel Rodríguez Vega, Roberto Argenis Fragoso Negrón, Saúl L. Maldonado Acosta, Homar Javier Horta Torres, Carlos E. Nevárez Correa, Elías Díaz Delgado, Michelle Crespo Blanco, Norberto Torres Colón, Stephanie D. Ruiz Martínez, Victor L. González Barbosa y Yanhzee Puig Maisonet
De ser hallados culpables, los acusados enfrentarían hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico. Entretanto, Oniel Blassini y Horta Torres podrían pasar hasta 20 años en prisión por el cargo de lavado de dinero, pues enfrentan un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y efectuaron transacciones financieras que involucraron ganancias de fraude electrónico junto con otras personas previamente acusadas.
De las 27 órdenes ejecutadas hoy, las autoridades lograron el arresto de unas 22 que residen en la isla. Estas fueron trasladadas al Coliseíto Pedrín Zorrilla, en Hato Rey, donde un magistrado federal los procesó y les leyó las acusaciones que pesan en su contra. No se indicó si prestaron las fianzas impuestas.
Mientras, los cinco restantes están radicadas en Estados Unidos donde podrían ser detenidos esta misma semana. La fiscalía federal no informó quiénes son los que no están fuera de la Isla.
En la ejecución de los órdenes de arresto, la agencia que lideró la investigación fue el Servicio Secreto de los Estados Unidos con el apoyo de la Oficina del Inspector General de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) y el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria y el Servicio de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos. También, contó con la colaboración del Departamento de Hacienda, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y la Policía Municipal de Guaynabo.
Los fiscales federales adjuntos Timothy R. Henwood y Daniel J. Olinghouse están encargados del caso.
El esquema
En abril, Pentzke Lemus, así como cinco de sus familiares, fueron los primeros acusados por solicitar ilegalmente 272 préstamos a partir de abril de 2020, lo que sumó a $9,020,590.33 en desembolsos de préstamos de PPP y EIDL.
Las otras cinco personas eran: Rodolpho R. Pagsy Roussel (“El Banquero”); Augusto A. Lemus Berrios, (“Primo”); Jonatan Ben David Prieto Ruiz De Val (“Johnny Millones”); Ligia María Lemus De Pentzke (“Ligia Lemus Lanuza”); y Carlos Manfredo Pentzke Chamorro (“El Doctor”).
Acorde a lo que indicó la fiscalía federal, Oniel Blassini junto a Manfred, Rodolpho, Augusto, Jonatan Ben David y Ligia María, entre otras personas no nombradas, “a sabiendas” idearon el esquema para defraudar la SBA y un banco no identificado. Así, obtuvieron fondos federales y propiedades “por medio de pretensiones, representaciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas presentadas a través de solicitudes de préstamos EIDL y PPP disponibles para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse del impacto de la pandemia a través de la Ley CARES”.
Los 27 que fueron arrestados hoy y sus cómplices presentaron, al menos, 23 solicitudes fraudulentas de préstamos EIDL y PPP con información y documentos falsos, incluyendo documentos fiscales, nóminas, registros bancarios e identificaciones fatulas.
Una vez tenían el dinero en mano, ordenaban a los destinarios a remitirles una parte del dinero para beneficiarse a sí mismos o para pagar gastos que eran prohibidos según los requisitos de los programas EIDL y PPP.
Todos los acusados reclutaron a otros co-conspiradores no acusados para obtener préstamos adicionales de EIDL y PPP con falsos pretextos y para reclutar a otros para que presenten solicitudes fraudulentas.
Y es que bajo el liderato de Manfred, Rodolpho abusaba de su posición en una institución bancaria donde era empleado para gestionar las solicitudes fatulas y asegurar su aprobación.
Augusto, por su parte, asistía en la preparación de la documentación fraudulenta. El éxito de este crimen se debió, mayormente, a la posición de Rodolpho en el banco, pues era el responsable de procesar las solicitudes al SBA a través de los sistemas de la institución financiera. Además, abría nuevas cuentas de banco para facilitar los depósitos.
Mientras, Jonatan Ben David entregaba los pagos de soborno, o “kickbacks”, los cuales disfrazaba como si fueran pagos de nómina. Era Ligia María, la madre de Manfred, quien recibía estos pagos y se los traspasaba a los coconspiradores del esquema. Carlos Manfred fue señalado de gozar de estos fondos.
Conforme a lo pronosticado por Muldrow en abril, las agencias investigadoras tenían en la mira a cerca de 150 personas que aparentemente participaron y se beneficiaron de los fondos obtenidos ilegalmente.
Desde aquel entonces, la fiscalía federal no ha revelado el nombre del banco donde laboraba Rodolpho, más allá de asegurar que es “un banco aquí en Puerto Rico″. No obstante, aseguró que la participación de la institución en el esquema, si alguna, está bajo la lupa federal, por lo que podría ser susceptible a sanciones civiles o criminales por no implementar efectivamente tácticas contra el fraude, que pudiese haber detenido las transacciones.
Cabe mencionar que en el 2009 este diario reportó que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), la Policía y el NIE detuvo al doctor Carlos Pentzke Chamorro, Ligia Lemus De Pentzke- esposa del médico-, así como una empleada suya y un doctor pro aparentemente emitir facturas fraudulentas al Medicare.
El CARES Act fue una ley federal activada luego del comienzo de la pandemia en marzo de 2020 que facilitaba fondos federales para subsanar los efectos que provocó el coronavirus en todos los sectores económicos. Entre los programas de la ley y a través de la SBA, estaba el programa EIDL que proveía préstamos para empresas específicamente afectadas por el COVID-19 y que estuvieran en operación previo a febrero de 2020. Por ende, estos préstamos se emitían con el propósito de pagar deudas fijas, nóminas, cuentas y otras facturas que podrían haberse pagado si no hubiera ocurrido el COVID-19. Mientras, el PPP era otro préstamo para pequeñas empresas para la conservación del empleo y ciertos otros gastos. Para cualificar, se le requería al negocio proveer sus gastos mensuales promedios de nómina y la cantidad de nómina, entre otros requerimientos.