El secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez, tiene 24 horas para -a partir de la notificación- explicarle al Tribunal Superior de San Juan por qué no ha abierto los comedores escolares como lo ordenó el tribunal el pasado 22 de mayo y por qué no debe ser encontrado en desacato.

“Se emite Orden para que en el término final de 24 horas a partir de su notificación, la parte promovida muestre causa por la cual no debamos encontrarlo incurso en desacato, ordenando su arresto e ingreso inmediato, ante el alegado incumplimiento con la Sentencia”, lee el documento.

Sin embargo, en declaraciones escritas en la red social Twitter, Hernández Pérez aludió a que la agencia está cumpliendo con las órdenes del tribunal.

“A esos efectos, someteremos una moción con evidencia para demostrar que hemos cumplido como establece la orden”, destacó.

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El 28 de abril, un grupo de madres, en representación de sus hijos menores de edad, demandaron al Departamento de Educación con una solicitud urgente de Mandamus para que abran los comedores escolares, cerrados desde el pasado 15 de marzo por la pandemia del coronavirus.

El pasado 22 de mayo de 2020, el tribunal sentenció que “se expide el Auto de Mandamus ordenándole al Departamento de Educación y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico que proceda inmediatamente, y sin demora alguna, abrir todos los comedores escolares que sean necesarios para alimentar a toda la población en estado de necesidad producto de la situación de emergencia provocada por el COVID-19, mientras dure el estado de emergencia”.

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En tanto, los integrantes de la Mesa Social declararon por escrito que Educación ignora “la necesidad real que cada día seguimos viendo”.

“Aunque cada vez se hace más patente la necesidad de alimentos entre las poblaciones más vulnerables del país, el Departamento de Educación y el Gobierno de Puerto Rico continúan diciendo al país- sin argumentos y sin evidencia- que están cumpliendo con su deber de alimentar nuestra niñez y personas en pobreza según se les ordena claramente en la sentencia emitida el 22 de mayo de 2020.... Apelaron la sentencia y solicitaron una Orden en Auxilio de Jurisdicción al Tribunal Apelativo, pero se decretó un No ha lugar, y aun así siguen sin cumplir”, coincidieron los integrantes de la Mesa Social.

“El deber de alimentar no es de las organizaciones. Es del Gobierno de Puerto Rico y particularmente del secretario de Educación y de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Las organizaciones hacemos esto con mucho sacrificio porque no tenemos más opción y porque sí amamos a nuestro país. Ese deber es del Gobierno y nosotras estamos dispuestas a exigir ese cumplimiento a nombre de quienes representamos”, dijo Janice Soliván Roig, de Casa Juana Colón.