El convicto ex presidente de la Cámara de Representantes, Edison Misla Aldarondo -con una sentencia a cuestas de 22 años de prisión y con su nombre en el Registro de Ofensores Sexuales-, tiene un pie en la calle, valiéndose de una madeja de irregularidades, según se confirma en el propio expediente correccional del otrora influyente político.

Tan reciente como el mes pasado, logró que la Administración de Corrección lo ubicara en un centro de tratamiento residencial en Humacao. Allí, puede salir de pase a la libre comunidad, sin notificárselo a la víctima y sin cumplir con los criterios de elegibilidad del programa.

El centro está dirigido a confinados que presenten historial de conducta criminal de uso y abuso de sustancias controladas y/o alcohol. Ése no es el caso del ex legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP). Misla fue condenado a 10 años de cárcel en 2003 por cometer actos lascivos e impúdicos contra su hijastra menor de edad. Ese mismo año, se declaró culpable de cargos de tentativa de violación y perversión de menores, por otro incidente de agresión sexual contra una amiga de su hijastra. Se le dictaron tres años más de forma consecutiva, para un total de 13 años.

En 2004 fue hallado culpable en 15 cargos de corrupción por la venta fraudulenta del Hospital de Manatí y se le dictó una pena de nueve años consecutivos con las penas anteriores, para un total de 22 años de presidio.

Sin embargo, cuando Misla entró en el sistema correccional puertorriqueño el 9 de octubre de 2007 -después de haber cumplido una sentencia federal de poco más de cinco años de cárcel-, de forma extraña se le computó la condena local sólo a base de 13 años de prisión.

Desde enero de 2008, a un año de estar preso en Puerto Rico, el otrora presidente de la Cámara comenzó a tratar de salir por un programa de desvío. Hizo su solicitud al Programa Integral de Reinserción Comunitaria (Pirco) a base de una sentencia de 13 años de prisión y con esa misma suma equivocada, el caso llegó hasta el Tribunal de Apelaciones.

De hecho, una sentencia de ese foro judicial, del 28 de abril de este año, establece de forma errada que el legislador debe extinguir la condena el 26 de julio de 2015. A base de ese cálculo, Misla alegaba que en mayo de 2010, cumplía el 20 por ciento de la pena.

No es hasta el 14 de abril de este año que Corrección emite una hoja de liquidación de sentencia que admite que la condena del político no era de 13 años, sino de 22 años de cárcel. Nunca le computaron la pena de nueve años que le dictó el juez superior Heriberto Sepúlveda Santiago el 28 de junio de 2004, por el caso del Hospital de Manatí.

Incluso del expediente del caso, al que Primera Hora logró acceso, surgen fechas distintas para que el reo extinga la pena. La hoja de liquidación dice que cumple el mínimo de la pena el 19 de diciembre de 2013 y para el máximo de la pena tiene dos fechas: 20 de diciembre del 2019 y 26 de septiembre de 2013.

A sólo un año de estar en el sistema, Misla acudió ante el Comité de Víctimas de Delito para que se le permitiera salir a la libre comunidad a través de un programa de desvío, sin cualificar debido a su convicción de actos lascivos contra una menor de edad. Fue dos veces ante el Comité y no tuvo éxito.

En abril de este año, el Programa de Desvío y Comunitarios de Corrección emitió una certificación denegándole el pase extendido con monitoreo electrónico. En el documento, se hace constar que no cualifica porque el delito de actos lascivos contra una menor de 14 años está excluido del privilegio.

Aunque cualifica para las bonificaciones bajo el viejo Código Penal, ya que los delitos son anteriores a 2004, según los propios datos de Corrección, el convicto no cualifica para salir a la libre comunidad con un grillete electrónico.

Surge del caso que tan temprano como en 2007, aparece una instrucción “de alguien” por encima del trabajador social diciendo que había que bajarle la custodia.

“Le bajan la custodia para que cualifique para programas de desvío”, dijo una fuente de Corrección. “Este hombre tiene muchas influencias. Lo querían sacar los populares y al llegar los penepés lo quieren sacar a la trágala”, sostuvo la fuente.

En 2008, solicitó ser referido a un programa y el caso llega ante el Comité de Víctimas de Delito. Para que llegara al Comité, el caso tenía que ir primero a la División de Programas de Desvío y Comunitarios, donde se le denegó la solicitud.

Compareció comoquiera ante el Comité en septiembre de 2008 y la solicitud le fue denegada. Acudió al Apelativo alegando que el Comité de Víctimas y Testigos no tenía jurisdicción porque no estaba debidamente compuesto. A raíz de esa segunda apelación, se emitió la certificación de que no cualificaba para un desvío.

El secretario del Departamento de Corrección, Carlos Molina, justificó el traslado de Misla al centro residencial de Humacao, donde dijo que está desde hace poco más de un mes. El funcionario alegó que se trata de una cárcel “con rejas” y no un programa de desvío, pese a que los confinados pueden salir a la comunidad a trabajar y pueden obtener pases que van desde dos hasta 48 horas.

“Puede salir de pase de acuerdo al aprovechamiento; puede salir a trabajar”, dijo Molina.

¿Misla ya está en la calle?

Son decisiones de la social; es la que recomienda si lo solicita.

Pero ¿él cualifica para estar allí, si tiene que ser adicto o alcohólico?

Son instituciones de tratamiento y él está recibiendo tratamiento.

¿Se le informó a la víctima que Misla está en el centro?

Él está en una institución de custodia mínima, no hay que notificarle (a la víctima). Él está preso en una cárcel, no está en un programa de desvío, no es un hogar de adaptación social.

¿Pero puede salir a la calle?

Si la social entiende que él cumple. La social lo envió ahí.

¿Aun cuando fue convicto de delitos sexuales?

A todos los confinados, tenemos que darle tratamiento.

¿Misla está recibiendo trato privilegiado?

Ninguno. Es un confinado más.