La dueña de una farmacia en Juana Díaz se declaró culpable por vacunar contra el COVID-19 a niños entre las edades de siete a 11 años, informó hoy el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.

Liz Ann Banchs, dueña y presidenta de Farmacia Gabriela, fue acusada por las autoridades federales de conspiración grave para convertir propiedad del gobierno y cometer fraude de atención médica en conexión con la vacunación ilegal de niños.

Actualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés) no ha autorizado para uso de emergencia ni aprobado alguna vacuna contra el coronavirus para niños de 11 años o menos, por lo que resulta ilegal hacerlo. Además, actualmente las vacunas son propiedad del gobierno.

Se indicó que entre el 28 de mayo y el 22 de junio de este año, aproximadamente, Banchs y empleados de su farmacia administraron a 24 niños la vacuna de Pfizer “en dosis completa” y a “sabiendas y deliberadamente”, y que presentaron los reclamos correspondientes de Medicaid.

La Fiscalía mencionó que esta vacunación ilegal fue rápidamente identificada por el Departamento de Salud de Puerto Rico y que posteriormente se suspendió el programa de vacunación en la Farmacia Gabriela.

Hasta la fecha, no se han identificado afecciones médicas graves como resultado del programa de vacunación ilegal y todos los fondos recibidos para las correspondientes facturas de Medicaid se devolvieron voluntariamente a los Estados Unidos.

Junto con la declaración de culpabilidad, Banchs aceptó voluntariamente ser excluida como proveedora de Medicare, Medicaid y todos los programas federales de atención médica por un período de cinco años.

Asimismo, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de hasta $250,000 y tres años de libertad supervisada.

“Esta persona usó su acceso especial para vacunar ilegalmente a niños menores de 12 años poniendo en riesgo su salud. El Departamento de Justicia seguirá trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que el público reciba vacunas seguras y eficaces”, expresó Muldrow en declaraciones escritas.

“Existen pautas claras establecidas por las agencias de salud pública de nuestra nación con respecto a quién es elegible para recibir la vacuna COVID-19 en este momento. No nos desviaremos de nuestra misión de proteger al público y los programas federales de atención médica que los atienden”, manifestó por su parte el agente Scott J. Lampert, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal (HHS-OIG en inglés), región de Nueva York.

El caso fue investigado por HHS-OIG en colaboración con la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud de Puerto Rico, la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid de Puerto Rico, la Unidad de Delitos Económicos del Departamento de Justicia de Puerto Rico, la FDA, la División de Seguridad y Cumplimiento Global de Pfizer, y la Unidad de Integridad de Beneficios MC-21.

El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Seth A. Erbe, jefe de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública de la Fiscalía de los Estados Unidos.