Los contratistas Noel Pagán y Orlando Fortis, anunciados testigos de defensa del alcalde de Vega Baja, Edgar Santana, han tenido en los últimos dos años ingresos millonarios a través de la contratación con el gobierno municipal.

Pagán, dueño de Pagán Construction Corp, por ejemplo, aumentó sustancialmente su contratación con el municipio vegabajeño en los años 2009, 2010 y 2011, época en la que Santana era investigado por imputaciones de solicitar y recibir sobornos de empresarios del municipio.

Mientras que el gobierno municipal transó hace unos meses una demanda que llevaba contra la empresa de Fortis, llamada O.F. Construction, y estipuló pagarle cerca de $1.2 millones por un proyecto de un muro de retención realizado en la playa Puerto Nuevo.

Fortis era un contratista frecuente del Municipio de Vega Baja y en un examen que hizo Primera Hora sobre sus licitaciones, corroboró que casi siempre que presentó propuestas al Municipio de Vega Baja, sus competidores eran su hermano Ramón Fortis y Luis Miranda, hermano de su secretaria.

Los dos contratistas presentaron quejas sobre la investigación que llevaba la Oficina del Fiscal Especial Independiente sobre el alcalde vegabajeño. Sus objeciones al proceso fueron dadas a conocer por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, las que tuvieron como consecuencia la suspensión temporal de la presentación de cargos contra Santana.

Pagán, quien en el 2008 tuvo un solo contrato por la cantidad de $19,500 y se puso a disposición de la defensa para testificar a favor del Alcalde, ha firmado siete contratos por más de $804,000, según datos registrados en la Oficina del Contralor.

En el 2009 llegó a facturar $348,038 y en el 2010 obtuvo contratos por $354,800.

Uno de los contratos otorgados a Pagán fue el de la rehabilitación de la biblioteca municipal concedido el 1 de octubre de 2010. Sin embargo, la biblioteca nunca se reabrió y está vandalizada.

Por ese proyecto, el Municipio de Vega Baja pagó $75,000 que obtuvo a través de una propuesta al Departamento de Educación (DE).

Pagán cobró $41,000 por impermeabilizar el techo del edificio, $5,000 por la remoción de escombros en los alrededores, $9,000 por pintar el exterior e interior de la estructura, $17,000 por corregir el sistema eléctrico y $3,000 por la instalación de una puerta de cristal.

El dinero fue gastado sin ningún provecho para los vegabajeños.

La directora del Programa de Servicios Bibliotecarios e Información del DE, Sandra Castro, señaló que contempla referir este caso a la división legal de la agencia para que se determine si el Municipio está obligado a devolver esos fondos. Además para iniciar una acción que les permita recuperar los libros y el equipo que todavía sirva.

Castro señaló que mientras el gobierno municipal mantenga cerrada la biblioteca está en incumplimiento con un acuerdo de colaboración con el Departamento de Educación Federal que en el 1989 le otorgó $305,000 para construirla y equiparla.

“El único uso que le puede dar a ese edificio es el de biblioteca”, dijo la funcionaria, quien sostuvo que esa situación se le ha advertido a la administración municipal.

Pero lo cierto es que la biblioteca está destrozada. Las puertas están rotas, los libros están en el piso y todo el trabajo de fichaje que realizó la bibliotecaria está arruinado.

El secretario municipal de Vega Baja, Francisco Fernández, señaló que el DE es el custodio del equipo y no el Municipio.

No obstante, Castro rechazó esa aseveración y dijo que el convenio establecía que el DE le proveería equipo y personal a la biblioteca y el Municipio era el encargado de todo lo demás, incluyendo mantenimiento y seguridad.

El Municipio le otorgó este contrato a Pagán con el presunto interés de rehabilitar esta biblioteca que está en el centro del pueblo, al mismo tiempo que le adjudicó a otro contratista el proyecto de una superbiblioteca en el casco urbano, cuyo costo está estimado $9 millones.