La determinación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no solicitará la pena de muerte para el exboxeador Félix Verdejo y su cómplice, Luis Antonio Cádiz, por el asesinato de la joven Keishla Rodríguez, tiene como efecto que dos de los tres abogados asignados a su defensa sean relevados del caso.

El juez Pedro Delgado Hernández, del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, escuchó los argumentos de los abogados Laura Maldonado y David Ruhnke, quienes cuentan con experiencia en casos de pena de muerte. Eso significa que, por el momento, José Irizarry Pérez continuará como el representante legal de Verdejo, quien permanece encarcelado desde la acusación por la violenta muerte de Rodríguez. De hecho, los costos de Irizarry han sido sufragados por Madeline Sánchez Bonilla, madre de Verdejo.

La eliminación de una sentencia de pena capital significa que los abogados no contarán con fondos públicos para las contrataciones de especialistas, investigadores y otros posibles recursos que puedan requerir para la defensa del expúgil.

“Dado que el asunto de la pena de muerte queda fuera del escenario, entiendo que mis servicios ya no son necesarios en este caso”, dijo Maldonado durante una vista de seguimiento en la tarde el jueves.

Ruhnke realizó argumentos similares en cuanto a sus servicios.

Irizarry, por su parte, destacó que Sánchez Bonilla está imposibilitada de continuar con los pagos para la defensa de su hijo, por lo que le solicitó al juez Delgado Hernández permanecer como representante legal bajo el Criminal Justice Act (CJA). Sin embargo, el juez Delgado Hernández advirtió que, debido a que Irizarry no fue asignado a través de CJA, no cualificaría para la asistencia económica aunque aclaró que su interés es que el acusado pueda establecer una defensa adecuada.

“La madre de Verdejo ha sido la persona que paga mis servicios, sin embargo, he sido notificado que no cuentan con el dinero para continuar. Eso nos pone en desventaja porque no es posible contratar un investigador o cualquier especialista que sea necesario. Me quedo en el caso por el compromiso que tengo como abogado, pero estamos en desventaja en comparación con los fiscales”, sostuvo Irizarry.

Delgado Hernández le concedió 10 días para someter una moción explicativa para así tomar una decisión.

Maldonado, por su parte, solicitó que se le concedan un periodo de 60 días para completar la transición de documentos y otra evidencia al equipo legal que continuará en el caso.

Delgado Hernández accedió a la petición. Asimismo, determinó que la próxima vista de seguimiento será el 13 de mayo de 2022. Los fiscales informaron que aún continúan en el proceso de recopilar evidencia, específicamente de artefactos electrónicos que luego serán entregados a los abogados de la defensa y, para la mencionada fecha, le informarán al juez qué ruta estará tomando el caso.

El crimen

Verdejo se entregó a las autoridades federales el 2 de mayo del 2021, pero no fue hasta el 6 de mayo que un gran jurado emitió una acusación formal contra él y Cádiz Martínez por actos que llevaron al asesinato de Keishla.

En la denuncia se establece que Cádiz cooperó con las autoridades y reveló que el 27 de abril Verdejo “contactó al testigo y le solicitó ayuda para terminar con el embarazo de la víctima, quien le dijo al púgil que ella estaba embarazada con su hijo basado en el resultado de la prueba”.

Luego, el 29 de abril, Verdejo contactó a la víctima, Keishla, y “arregló para encontrarse cerca de la residencia de ella. Verdejo y el testigo condujeron para el encuentro en la guagua Dodge Durango negra”, establece la denuncia federal.

La víctima llegó a la reunión en su vehículo, que era un Kia Forte color gris y se montó en el vehículo del boxeador.

“Después de la conversación entre Verdejo y la víctima en el vehículo de Verdejo, golpeó a la víctima en la cara y le inyectaron una jeringuilla llena de sustancias compradas en un punto de drogas en (el residencial Llorens Torres)”, reza la declaración jurada.

Asimismo, se reveló que Verdejo y el testigo condujeron los dos vehículos hacia el puente Teodoro Moscoso.

Allí, agrega el pliego acusatorio, “la víctima fue removida del vehículo y lanzada por uno de los lados del puente al agua. Verdejo le disparó a la víctima con una pistola desde el puente”.

La acusación especifica que el 30 de abril, la Policía encontró el vehículo de Rodríguez en Canóvanas. Mientras, los investigadores policiacos entrevistaron a la familia de la víctima, quienes detallaron información sobre su teléfono, que el FBI usó para obtener récords y la localización del mismo.

El cuerpo de Keishla fue encontrado el domingo, 2 de mayo flotando en la Laguna San José. Ese mismo día salió a relucir que las cámaras de seguridad captaron a una guagua negra Dodge Durango detenida sobre el puente. El vehículo fue ocupado por la Policía e inspeccionado por expertos del Negociado de Ciencias Forenses.

¿Qué reveló la autopsia Keishla Rodríguez?

La autopsia realizada por la patóloga Rosa Rodríguez en el Instituto de Ciencias Forenses al cuerpo de Keishla, de 27 años y quien tenía un mes de embarazo, reveló que su muerte fue por asfixia por inmersión.

El examen toxicológico detectó en su sangre rastros de fentanilo y heroína, mientras que el cuerpo tenía fracturas en el rostro, entre ellas, en la mandíbula.

Estas revelaciones son compatibles con la información ofrecida por el testigo, con conocimiento de lo ocurrido.

El cadáver de Keishla, que estaba atado con cables y tenía bloques, fue lanzado desde el Puente Teodoro Moscoso hacia la laguna San José, luego de que se le inyectara la droga. Los hallazgos de la pesquisa sugieren que estaba aún con vida.