En medio de la estrechez fiscal de la Rama Judicial, el vicepresidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román, dijo que los grandes afectados son los ciudadanos y que eliminar plazas de jueces es una posibilidad que solo debería considerarse si se trata de cargos de magistrados apelativos.

La Rama Judicial se enfrenta a nuevos recortes en su presupuesto: de $15 millones, bajo cifras de la Junta de Supervisión Fiscal, o de $7 millones, si se usan los ajustes propuestos por el gobernador Ricardo Rosselló. 

En la actualidad, el presupuesto es de $322.1 millones, cuando hace 5 años era de $348.8 millones, lo que ha conducido al cierre de 19 salas judiciales en ese periodo. 

La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) advierte que la nueva baja presupuestaria mantendrá el estado de congelación de plazas en puestos como trabajadores sociales, alguaciles y personal administrativo que actualmente ronda el 15 por ciento; retrasará el proceso de modernización y reparación de equipos, impedirá reforzar mecanismos que facilitan a la gente resolver sus disputas (el llamado acceso a la justicia) y podría conllevar a que se sigan cerrando tribunales.

“Me preocupa y mucho (los recortes judiciales) porque lo cierto es que ha habido una tendencia de reducir el presupuesto en la judicatura, y esto ha tenido consecuencia en los servicios que la rama judicial le da al pueblo”, dijo Román.

“Se trata de que un vecino de San Lorenzo ahora tiene que llegar hasta Caguas para resolver sus casos judiciales porque le cerraron el tribunal de su pueblo; que toda persona que tenga un pleito de familia -como de custodia de un hijo- pudiera recibir un informe tardío o pobremente hecho porque el trabajador social está sobrecargado porque no se está contratando personal nuevo”, ejemplificó. 

Cualquier ajuste presupuestario debe ir dirigido, indicó Román, a fortalecer los procesos en los tribunales inferiores porque esos son los que atienden a la mayoría del pueblo, y se deben auscultar medidas como sacar de los centros judiciales trámites administrativos como las revisiones de infracciones de tránsito.

“Me preocupa que los jueces de primera instancia apenas tengan respaldo de oficiales jurídicos; en la medida que se congelen plazas, los jueces tendrán menos recursos para atender su calendario y hacer investigaciones más completas… lo interesante es que en el Tribunal Supremo y Apelaciones no escasean los oficiales jurídicos”, indicó.

Román dijo que si se va a contemplar eliminar algunas de las 382 plazas de jueces, es algo que requiere mucho estudio y no debe tocar a los tribunales de instancia.

“Hay que evaluar seriamente este asunto y es una posibilidad que estudiar… particularmente jueces del tribunal apelativo, tienen un salario mayor que los jueces de primera instancia y habría que hacer un estudio de necesidad porque me parece peligroso que se puedan eliminar jueces de primera instancia, que son los que atienden a la mayor parte del pueblo…”, sostuvo.