Visiblemente molesta, Rosa Lydia Vélez abandonó esta tarde el Tribunal de San Juan luego que la juez Isabel Llompart Zeno determinó no celebrar una vista para certificar como pleito de litigación compleja la demanda incoada hace más de tres décadas contra el Departamento de Educación reclamando servicios educativos para su hija Isamar Malaret Vélez y otros niños de educación especial.

Empujando la silla de ruedas de su hija salió de la sala 1108 con el rostro sombrío y la garganta repleta de palabras.

"Lamento que mi madre me haya parido en Puerto Rico, un país que tiene los beneficios de Estados Unidos y que los federales se han hecho los locos sabiendo como estos niños sufren. Ese país debe estar en estado de vergüenza y mientras traten más y más mal a esta clase vulnerable, más este país se va a ir, si es chatarra, yo no sé en que va a parar después", soltó apenas salió del salón de sesiones.

Con tono de frustración e indignación calificó la determinación de la jueza Llompart, quien administra el Tribunal de San Juan, como una falta de respeto a los miles de niños y niñas que exigen su derecho a una educación de calidad y que responda a sus necesidades.

"La forma en que esta jueza administrativa ha hablado hoy ha sido una forma bien irresponsable, como si ella tuviera que estar decidiendo sobre artículos que se mueven de un lado a otro y no con seres humanos vulnerables. Esto no es una fábrica. Estos son seres humanos", apuntó Vélez.

Minutos antes, la jueza Llompart Zeno preguntó a los abogados demandantes, José Juan Nazario de la Rosa, José Torres Valentín, Carlos Gómez Menéndez y Adrián Díaz Díaz, así como a la licenciada Claudia Juan García, directora de la División de Asuntos Legales y Asuntos Extraordinarios del Departamento de Justicia, si compartían su opinión de que era prematuro celebrar la vista ante las mociones de reconsideración que se encontraban ante la jueza Aileen Navas Auger.

Los abogados pidieron a Navas Auger que reconsidere su determinación de acoger ahora una determinación pasada del Tribunal de Apelaciones, que rechazó certificar como clase a los demandantes del caso para fines de la reclamación de daños y perjuicios.

En su determinación, la magistrada solo le reconoce derecho a reclamar como clase a los demandantes originales, que incluye el caso de Vélez y de otros seis casos originales, así como otros 58 casos consolidados.

Bajo este escenario, los otros potenciales demandantes, que se estiman en unos 130,000 estudiantes, tendrán que reclamar daños de forma individual.

 Los abogados también solicitaron a la jueza Navas Auger que reconsidere su decisión de modificar la recomendación del excomisionado especial Francisco Rebollo López, quien concluyó que la parte demandante no tiene que demostrar evidencia de los daños que reclama por la negligencia del Estado.

Contrario a Rebollo López, Navas Auger determinó que los demandantes tienen que probar el nexo causal entre los daños que alegan y los actos de negligencia del Departamento de Educación.

Por esta diferencia de criterio el exjuez Rebollo López renunció al cargo.

Durante la vista de esta tarde los abogados Nazario de la Rosa, Torres Valentín y Gómez Menéndez, así como la licenciada Juan García compartieron la opinión de la jueza Llompart Zeno de que era prematuro celebrar la vista.

Pero el licenciado Díaz Díaz, quien representa a su hijo Adrían Díaz Catalá, abogó por la celebración de la vista porque entendía que los hechos ante la consideración de la jueza cumplían con los requisitos para certificar el caso como uno de litigación compleja.

Después de un breve debate, la jueza Llompart Zeno reiteró el compromiso del tribunal en agilizar los trámites de este caso y su interés particular en que se resuelva esta controversia que se ha extendido durante décadas.

Finalmente concluyó que era prematuro celebrar la vista hasta que Navas Auger resolviera las mociones ante su consideración y que las partes agotaran los trámites legales necesarios si decidían recurrir dichas determinaciones.

No fijó otra fecha para la vista. Aclaró que una vez se resuelvan las controversias pendientes corresponde a la parte demandante volver a presentar la petición de certificación.

A su salida de sala, el licenciado Torres Valentín indicó a este medio que acudirán al Tribunal de Apelaciones si la jueza Navas Auger falla en contra de las mociones de reconsideración.

Comentó que las expresiones de Vélez responden a la frustración de ver como el caso se extiende a través del tiempo.

Señaló también que el caso cumplía con varios criterios para ser certificado como un caso de litigación compleja, una certificación que ayudaría a simplificar el manejo del caso porque crea un depósito central de documentos y crea un comité de abogados, entre otros beneficios.