La creadora de un esquema de fraude que afectó las finanzas de la cuenta del fondo de compensación por muertes e incapacidad permanente del Colegio de Peritos Electricistas (CPEPR) se dio vida rica con el dinero obtenido presuntamente viajando a Colombia para hacerse cirugías estéticas, remodelar su apartamento al que le colocó un aire central, comprar vehículos y tatuarse, se desprende de la pesquisa que que llevaron a cabo las Divisiones de Robos a Bancos e Instituciones Financieras del Negociado de la Policía y de Delitos Económicos del Departamento de Justicia (DJ).

El secretario del DJ, Domingo Emanuelli Hernández, informó hoy que se desmanteló la estructura para defraudar al CPEPR que la mujer mantuvo al menos entre febrero del 2019 y enero del 2020 junto a su grupo de familiares, allegados y amigos de su núcleo más íntimo, tras radicarse 63 cargos contra 24 personas.

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Se estima que el colegio fue defraudado en más de $128,000.00, del Fondo de Beneficencia para compensar a familiares y beneficiarios de los peritos afiliados que sean víctimas de muertes o incapacidad permanente por accidentes de trabajo.

De acuerdo con la pesquisa de la agente Katiria Rossini Padilla, adscrita a la la División de Robo a Bancos, y la fiscal Roxanne Rivera Carrión, de la División de Delitos Económicos del DJ, entre el mes de febrero del 2019 y enero del 2020 la entonces secretaria ejecutiva del Colegio de Peritos Electricistas generó 32 cheques por la cantidad de $4,000, para un total de $128,000.00, que hizo pagadero a 32 personas haciéndolos pasar como beneficiarios de familiar colegiado fallecido.

La exejecutiva giraba cheques a nombre de sus allegados y se los entregaba a un familiar para que los distribuyera a los destinatarios a quienes les pedía que los cambiara en el banco, cuando les entregaban la partida en efectivoesta les pagaba entre $200.00 y $500.00, por la gestión, ya que fungía como la encargada de manejar las facturas, nómina y desembolsos de las cuentas de esa entidad. Ninguna de las personas era familiar o beneficiario de colegiados.

“El hecho de obtener una ventaja de vida sobre el sacrificio de los peritos electricistas es algo deplorable y que no puede tener cabida en nuestra sociedad y que el Departamento de Justicia no puede permitir”, sentenció, por su parte, Emanuelli.

La fiscal Rivera Carrión radicó ayer cargos contra el grupo integrado por 15 mujeres y nueve hombres, encabezados por la exsecretaria ejecutiva del CPEPR Jennifer Ruiz Pacheco de 42 años y vecina de Toa Baja, quien se alega que inventó el sistema ilícito.

La mujer fue imputada de 15 cargos de los cuales 12 son por apropiación ilegal agravada, uno por fraude, uno por posesión y traspaso de documentos falsificados y uno por falsedad ideológica por lo que se expone a unos 8 años de prisión.

El caso fue sometido ayer en el Tribunal de Bayamón, donde la jueza Gloria de Jesús Machardo emitió 24 órdenes de arresto por los delitos de apropiación ilegal, posesión y traspaso de documentos falsos, fraude y falsedad ideológica, con una fianza global de $1,065,000.00.

“Ella como secretaria ejecutiva era la encargada de hacer los cheques del colegio en cuanto a la preparación y desembolso de estos beneficiarios, o sea, que ella ideó utilizando sus funciones y estos cheques los creó e invento los beneficiarios, estas personas que también son coacusadas la evidencia refleja que no tienen derecho a este beneficio”, detalló la fiscal Rivera Carrión.

Fue la presidenta del Colegio, Frances T. Berríos Meléndez, fue alertada por una empleada que respecto a cheques duplicados a beneficiarios y un gasto excesivo de desembolsos de la mencionada cuenta por lo que impartió instrucciones para realizar una auditoria forense tan pronto asumió su posición en agosto del 2020. No obstante, aclaró en la rueda de prensa, que el fondo está en funciones.

Por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, informó que el operativo continúa hasta que se arresten a la persona que falta.

“El esquema perpetrado por Jennifer Ruiz Pacheco demuestra un total menosprecio a la libertad de sus familiares y amigos a quienes involucró y una gran deslealtad a la oportunidad que le dieron sus patronos al ejercer como secretaria (ejecutiva) del Colegio de Peritos Electricistas”, opinó López Figueroa.

La jefa de fiscal Jessica Correa explicó cómo los fraudes se hacen más recurrentes en la isla y afectan la economía.

“Según un estudio realizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, llamado Retrato de Fraude de Puerto Rico 2020″ se reveló que el costo de fraude es al menos 3.5% de los ingresos brutos lo que representa $2,381.7 millones para nuestra economía, por eso, es nuestro compromiso procesar este tipo de delitos”, agregó Correa.