Una docena de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de armas ilegales y de sustancias controladas, y que actuaban como focos de violencia, fueron desarticuladas como parte las iniciativas del Plan Integral 100 X 35 mediante la estrategia denominada “Desenmascarando el Crimen”.

Los negociados de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales y de Inteligencia y Arresto de la superintendencia auxiliar de Operaciones Especiales (SAOE), dirigida por el coronel Carlos Cruz, en coordinación directa con la División para Combatir el Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia (DJ) integraron el plan de trabajo que se extendió a 76 pueblos de la isla con un total de 380 personas capturadas. Los arrestos comenzaron el miércoles pasado.

Las pandillas intervenidas operaban en Lares, Camuy, sector El 26 en Toa Baja, residencial Las Muñecas en Aguadilla, la barriada Zambrana en Coamo -la única liderada por una mujer-, el residencial Rafael “Falín” Torrech, en Bayamón, Luquillo, Corozal, sector La Polilla en Juncos, Río Grande, Las Piedras y la barriada Estanislao en San Sebastián.

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, identificó a la líder de la barriada Zambrana como Yolanda Pérez Sánchez, de 48 años, la cual cumplía nueve años en probatoria por narcotráfico. Según indicó, se harán gestiones para que sea revocada. Los 16 miembros de esa ganga fueron arrestados.

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A esta organización se le vincula con un doble asesinato de un hombre asociado con el narcotráfico y de una víctima inocente en las inmediaciones de un colmado, en mayo.

En otra de las redadas los agentes arrestaron a una organización completa, integrada por el dueño de dos negocios, Giro Pop en Lares y Coco Whiskey en Camuy, a su pareja e hijos, y a varios tiradores de drogas. Estos también son investigados por asesinatos y otros actos violentos.

En Aguadilla se detuvo a ocho personas, entre ellas, a la encargada de administrar un punto que operaba en la calle Sosa, en el sector calle Nueva, de ese pueblo.

Mientras que, en el residencial Las Muñecas, en Aguadilla, capturaron al jefe una pandilla, que disfrutaba del privilegio de libertad bajo probatoria federal. Ese complejo de vivienda pública ha sido escenario de delitos violentos por disputas con una pandilla del residencial San Andrés, en San Sebastián, por el control de las ventas de sustancias controladas.

También se intervino con 11 comercios, los cuales eran la fachada para la venta de drogas y transacciones de armas de fuego. Durante el período de la investigación se efectuaron 239 transacciones de sustancias controladas y armas.

La evidencia recopilada apunta a que ocho propietarios o administradores estaban involucrados en la operación de estos puntos de venta de material ilícito.

De las 189 órdenes de arresto diligenciadas solo entre la noche del lunes y madrugada de hoy, martes, se capturaron 154 adultos. Aún faltan 35 que se encuentran fugitivos. “Le hago el llamado para que se entreguen a las autoridades porque la División de Arrestos Especiales y Extradiciones no va a cesar en la búsqueda de los mismo y lo que los invito es a entregarse para que tengan su día en corte y se sometan al proceso”, advirtió López Figueroa.

Como resultado de las 64 órdenes de allanamientos diligenciadas se efectuaron 191 arrestos adicionales y esta cifra podría aumentar, se ocuparon 78 armas de fuego, más de 50 vehículos de motor confiscados y $100,000 incautados.

López Figueroa estableció que gran parte de las investigaciones confidenciales, que se llevaron a en diferentes fases, surgieron en respuesta a las querellas de los ciudadanos sobre actividades ilegales que irrumpían la paz en sus comunidades e incluso alcaldes, como es el caso de Coamo.

“Este operativo es la mejor evidencia de que las denuncias de los ciudadanos están siendo escuchadas y atendidas. Hay situaciones que toman años de investigación y que estratégicamente no salen a la luz pública hasta concluirlas. No todos los agentes trabajan en patrullas con biombos y sirenas, muchos laboran arduamente desde el anonimato para reducir la incidencia criminal en las comunidades”, sostuvo López Figueroa, durante una conferencia de prensa, en la que participó el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres.

En medio de estos arrestos y transacciones, durante la tarde de ayer, lunes, un joven murió durante una supuesta venta de un rifle en la avenida Ramón Arbona, en Mayagüez, donde fueron arrestados sus dos acompañantes.

“Fue en una intervención donde se estaba efectuando un arresto de este individuo que tenía órdenes de arresto por la Policía de Puerto Rico, ya tenía transacciones de armas de fuego en operaciones encubiertas, se iba a efectuar su arresto...ninguno de mis policías sale a matar a nadie, son policías que se enfrentan a las situaciones en segundos y tienen que usar la fuerza necesaria para no resultar lesionados. Ahí no hubo persecución ninguna. Fueron unos incidentes que ocurrieron en un centro comercial donde se estaba haciendo las gestiones para arrestar a estos individuos”, comentó López Figueroa.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, señaló que cerca de 20 fiscales, a través de las 13 fiscalías formularon sobre 369 denuncias en casi toda la isla y se expidieron órdenes de arresto con fianzas que ascendieron a los $57 millones.

“Tenemos prueba contundente para demostrar estos cargos más allá de duda razonable, gracias a la labor titánica de los fiscales de la División para Combatir el Crimen Organizado y Drogas, así como las 13 fiscalías de distrito”, expresó Emanuelli Hernández.

El jefe de la Policía destacó que es notable el aumento en el uso de Internet para coordinar las ventas y entrega de armas y drogas, especialmente por jóvenes y universitarios en el área Oeste, lo que representan mayores en la labor investigativa. Indicó que, no obstante, pudieron corroborar que la venta de armas adquiridas en las intervenciones comenzó con una fase de mercadeo en las redes sociales.

Mientras que, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Joseph González, se reafirmó en la importancia de trabajar en equipo, compartiendo información, equipos y rindiéndole cuentas al pueblo.

“Este enfoque requiere una colaboración estrecha con la Policía de Puerto Rico y otras agencias del gobierno, pero también requiere un pueblo que diga basta ya y que decida retomar sus comunidades”, sostuvo González.

Asimismo, Rebecca González Ramos directora de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), agencia que también participó del plan desde el jueves, puntualizó que “nuestra misión es sacar las armas de la calle”.

También Denise Foster, directora de la Administración federal de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), agencia que también trabajó en las intervenciones.

“Las drogas son sinónimo de violencia, el narcotraficante continuará destruyendo a nuestras comunidades y robándonos la paz a nuestra isla. Nuestro compromiso es claro todos los miembros de estas violencias organizaciones van a ser detenidos desde los narcotraficantes hasta los que lavan el dinero obtenido a causa del sufrimiento de nuestra gente”, sentenció Foster.