El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, confirmó hoy el inició de una investigación para examinar si se configuró algún delito en el proceso de excarcelación del convicto, Hermes Ávila Vázquez, al amparo de la Ley 25.

Ávila Vázquez fue procesado por el asesinato de una mujer en el año 2005 y, el pasado 22 de abril, se le formularon nuevos cargos por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, crimen que cometió al cumplirse un año de estar en la libre comunidad.

La Ley 25 permite el egreso de pacientes de S.I.D.A. y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las instituciones penales o internados en las instituciones juveniles de Puerto Rico.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) le entregó los resultados de una auditoría realizada por la empresa UTI Corp., que pudo constatar inconsistencias en la documentación, discrepancias en los diagnósticos y la ausencia de evidencia que confirme los diagnósticos hechos a Ávila Vázquez. El secretario de Justicia afirmó que recibió en el día de hoy una serie de documentos recopilados por el DCR como parte de la investigación administrativa que inició dicha agencia.

“Desde la semana pasada, en el Departamento de Justicia nos estuvimos preparando y sostuvimos varias reuniones internas para delinear la estrategia de investigación más efectiva. Igualmente, adelantamos varios requerimientos de información”, indicó Emanuelli Hernández en un comunicado de prensa.

El Departamento de Justicia expidió alrededor de siete subpoenas dirigidos a obtener información y documentos de distintas agencias y corporaciones públicas y privadas.

El titular de Justicia anticipó que la investigación “será abarcadora y meticulosa, para que se conozca la verdad y quien haya fallado asuma las consecuencias.

“Requeriremos toda la información que sea necesaria de cualquier entidad pública o privada que pueda aportar al proceso investigativo. Actuaremos con la responsabilidad que nos caracteriza, sin ceder a presiones ni agendas de ninguna índole. La investigación se realizará con prioridad y agilidad, pero tomará el tiempo necesario para descubrir la verdad y determinar si se cometió algún delito”, reiteró Emanuelli Hernández.

El DCR entregó copia certificada del expediente completo del Programa de Comunidad de Ávila Vázquez, la lista certificada de todos los funcionarios del Programa que estuvieron a cargo de la supervisión de este confinado y su información de contacto.

“Ayer en la tarde, UTI Corp, empresa con la pericia para evaluar expedientes médicos, entregó los resultados de la auditoría preliminar de los últimos seis tomos del expediente médico de Ávila, así que de inmediato referí el caso al Departamento de Justicia para que inicie su investigación. De este modo, se garantiza la pureza de la investigación. Por otro lado, y en cumplimiento de un subpoena emitido por el Departamento de Justicia el pasado 29 de abril, se entregaron todos los documentos solicitados”, explicó Ana Escobar Pabón, secretaria del DCR.

“Soy consciente de la necesidad apremiante que tiene la familia de la víctima, el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico de conocer el resultado de esta investigación. Por esta razón he agilizado la entrega de expedientes al Departamento de Justicia para que inicie su investigación. El Departamento de Corrección y Rehabilitación continuará paralelamente su investigación administrativa e irá refiriendo los hallazgos a los fiscales a cargo de esta pesquisa”, concluyó.