El magistrado federal Héctor Ramos Vega denegó sendas mociones presentadas por los coacusados en el caso federal por corrupción pública de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Las peticiones para que la Fiscalía federal tipificara prueba exculpatoria, según se ha señalado en tres casos presentados ante el Supremo de los Estados Unidos y que son conocidos como “materiales Brady, Jencks y Giglio”, las presentaron el banquero Julio Herrera Velutini en septiembre pasado y el exagente federal Marc Rossini en noviembre.

El exfiscal federal Osvaldo Carlo explicó a Primera Hora que estas peticiones se realizan basado en decisiones del Supremo sobre el acceso en general que debe conceder la Fiscalía a prueba que puede ser utilizada para establecer la “duda razonable” y lograr una defensa a favor del acusado.

“Incluye material que la fiscalía razonablemente pueda entender que es material exculpatorio. Material que, si la defensa lo tiene en sus manos, lo puede utilizar para defender a las personas”, precisó.

A modo de ejemplo, Carlo detalló que se trata de identificar a personas que hayan dado una versión distinta a lo que pudieron haber establecido la mayoría de los testigos del caso. Este puede surgir en entrevistas, declaraciones juradas o hasta durante el testimonio ante el gran jurado federal.

También mencionó que los abogados de defensa tienen derecho a conocer cualquier caso en el que haya estado involucrado el testigo y con el cual posiblemente se puede poner en tela de juicio su reputación.

Con estos datos o documentos, los abogados de defensa pueden “tratar de establecer al jurado que hay duda razonable” para encontrar no culpable a un acusado, aclaró el exfiscal.

Según Carlo, hay varias razones por las que un juez puede denegar acceso a información exculpatoria. La primera que mencionó es que este tipo de datos se conceden a la cercanía del juicio, alrededor de dos semanas antes. Explicó que es para evitar dar a conocer los potenciales testigos.

El juicio contra Vázquez Garced está previsto a iniciar el próximo lunes, 25 de agosto.

En su orden, el magistrado ofreció varias razones.

Se destacó que “en este caso, no hay evidencia de mala fe. En otras palabras, a pesar de insinuar que el gobierno (Fiscalía) ha intentado ocultar pruebas exculpatorias en lo que caracterizaron como un cúmulo de documentos caótico y desorganizado, Herrera y Rossini no ofrecen más que especulaciones”.

El magistrado señaló que lejos de esconder documentos, la Fiscalía federal ha suministrado prueba de más.

Además, comentó que no tomará en cuenta los señalamientos de la Fiscalía en torno a que los coacusados son personas adineradas. Pero, reconoció que estos cuentan con abogados competentes que pueden evaluar la prueba que les ha sido suministrada.

“Considero que Herrera y Rossini tienen en su poder información accesible que les permite preparar adecuadamente una defensa y encontrar evidencia favorable, si la hubiera, para apoyar su teoría de defensa”, afirmó el magistrado.

Otros aspectos que identificó el magistrado es que las peticiones de los caocusados provocarían que sea la Fiscalía quien se encargue de la identificación de la prueba y de exponerle cómo pudiese ser la defensa de los coacusados.

“Ordenar al gobierno que revise las producciones para identificar evidencia favorable que sea sustancial para la culpabilidad o el castigo dentro de un descubrimiento voluminoso y sin una comprensión completa de la teoría de la defensa, coloca a Estados Unidos ‘en la insostenible posición de tener que preparar ambas partes del caso a la vez’”, dijo el magistrado.

La decisión de denegar la identificación de la prueba exculpatoria también incluyó el que la Fiscalía ha acordado presentar expedientes que permitan facilitar en identificar alguna prueba exculpatoria, aun cuando no le es requerido.

Según la acusación de la Fiscalía federal, Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero a la exgobernadora para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, alegadamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su remplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

Según lee la acusación, para llevar a cabo su conspiración, Vázquez Garced se comunicaba con Herrera Velutini y Rossini de manera secreta y usando intermediarios, específicamente a Díaz y Blakeman.