El Secretario General del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, opinó hoy, jueves, que las demandas que instó el secretario de Justicia, César Miranda, contra los alcaldes penepés de Maricao, Canóvanas y Vega Alta responden a consideraciones político partidistas.

“Si hay alguna acción que se le ve la costura política es esta. ¿Cómo es posible que el Secretario de Justicia demande a los alcaldes de Maricao, Vega Alta y Canóvanas por alegadamente haber recibido salarios indebidos y no hiciera lo propio con el destituido alcalde interino de Guayanilla? Debe ser porque los tres primeros son miembros del PNP y el de Guayanilla es del Partido Popular Democrático, donde fue Secretario del Partido y quiere seguir siendo Miranda”, señaló el líder estadista en un comunicado de prensa.

Aponte Hernández dijo que el alcalde interino de Guayanilla, Pablo González, devenga un salario mensual de $5,000. Planteó que el funcionario fue designado por el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) tras la suspensión del alcalde Edgardo Arlequín Vélez, quien encara acusaciones en un caso de acoso sexual.

Según Aponte Hernández, durante una investigación que realizó la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara de Representantes, en agosto pasado, el Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), Carlos Santini, confirmó que el sueldo del alcalde interino de Guayanilla se está recibiendo “de forma incorrecta”.

“Los hechos hablan por sí solos en este caso. Venir a perseguir a los alcaldes del PNP y no hacer lo propio con el alcalde popular de Guayanilla es un acto mezquino que demuestra como verdaderamente se trabaja en Justicia bajo este Secretario. Existe un referido del propio presidente de la Comisión de Asuntos Municipales a la Contralora y Ética Gubernamental. ¿Cuándo Justicia va a tomar acción en esto? O es que lo van a dejar como tantos otros casos que involucran a figuras del partido de gobierno y se quedan en el limbo”, sostuvo el expresidente de la Cámara de Representantes.

El secretario general de la Palma dijo a este medio que el pasado 15 de septiembre, el representante popular, José Rodríguez Quiles, refirió el caso a la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, y a la licenciada Mabel Santiago Ramírez, directora del área de investigaciones y procesamiento administrativo de la Oficina de Ética Gubernamental, para su consideración.

A los alcaldes Gilberto Pérez Valentín, de Maricao, y a Isabelo Molina Hernández, de Vega Alta, se les señalan aumentos salariales indebidos. El Departamento de Justicia solicita que devuelvan $45,000 y $88,135, respectivamente, por haberse cobrado en contra de la ley, según expuso el titular de Justicia.

Mientras, el caso incoado contra Lorna Soto Villanueva, alcaldesa de Canóvanas, es por devengar salarios mayores a los $6,500 mensuales que le correspondían al momento de asumir el cargo, tal como se dispone en la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada en junio de 2014.