Durante el cuarto día en que Inés María Jelú Iravedra testifica sobre el alegado patrón de hostigamiento sexual que sufrió en el municipio de Guaynabo por parte del hijo del exalcalde Héctor O’Neill sin que se tomara una acción a su favor, la abogada se quejó de que el representante legal del ayuntamiento, Claudio Aliff Ortiz, realizó unas supuestas expresiones amenazantes.

Según la denuncia, realizada en medio del juicio civil que se lleva a cabo contra el municipio de Guaynabo en el Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, el abogado se le acercó para recoger unos documentos y supuestamente indicó: “Si quiere pelear, vamos a pelear”. Aludió a que su traductor escuchó el comentario.

Después de la presunta expresión, Aliff Ortiz se dirigió hacia el juez federal Raúl Arias Marxuach para dilucidar una objeción que había realizado el abogado de la víctima, José Quetglas, sobre el uso del documento que Jelú Iravedra había tenido en sus manos. Se trataba del historial de asistencia de la mujer al municipio, el cual esta dijo no reconocer.  

Tras la queja, no se estipuló si la alegada expresión amenazante iba dirigida hacia la mujer que denuncia haber sido víctima de un patrón de hostigamiento sexual por parte del hijo del exalcalde Héctor “El Cano” O’Neill Rosa entre el verano de 2012 a verano de 2015 o se trataba de que el abogado estaba molesto por la objeción que recibió por parte de Quetglas mientras le presentaba el documento a la testigo. 

Arias Marxuach despachó la disputa pidiéndole disculpa a Jelú Iravedra por no haberse dado cuenta de la situación, así como indicándole a los abogados que se comportaran en sala.

Aliff Ortiz dejó atrás el incidente, presentando las cartas en que el municipio le extendía por seis meses adicionales el periodo probatorio, así como las respuestas sometidas por Jelú Iravedra para solicitar reconsideraciones.

“El hecho es que usted no ha mostrado ningún documento en el récord en la cual el municipio la ha requerido regresar a trabajar en una fecha cierta. ¿Correcto?”, le cuestionó. 

“Sí existe el documento”, respondió la mujer. 

Esta pieza de evidencia en la que supuestamente el municipio le indicó a Jelú Iravedra que debía interrumpir la licencia de enfermedad para retornar al trabajo no se ha presentado todavía en corte abierta. 

Cabe destacar que la mujer ha reiterado en su testimonio que durante tres años fue víctima de hostigamiento sexual por parte de O’Neill Rosa y que lo informó a varios de sus supervisores, Héctor Hoyos, Denisse Rodríguez, Ana Quintero y Eduardo Farria, sin que se tomara acción. No fue hasta el 13 de julio de 2015, varios días después de que se le cuestionara que no había entregado un informe, que la mujer somete la primera querella formal ante el municipio por el alegado acoso sufrido. 

En diciembre de 2015, Jelú Iravedra tomó una licencia por enfermedad, recomendada por su psiquiatra Ramón Cuevas. Tras el intercambio de cartas sobre la extensión del periodo probatorio, la mujer finalmente renunció a su puesto el 28 de marzo de 2015, renuncia que no fue aceptada por el exalcalde O’Neill. 

“¿La realidad es que la razón por la que renunció es porque se le extendió el periodo probatorio?”, le cuestionó Aliff Ortiz. 

“No, fue por recomendación médica”, insistió la mujer. 

Previo a estas declaraciones, la defensa de Jelú Iravedra sentó a testificar a un experto en siquiatría, Fernando Cabrera. Este aceptó que recibió un pago de $1,500 por ir al tribunal a testificar. 

El galeno informó que la víctima sufría de un “desorden de depresión mayor”. Dijo que ante el cuadro que presenta la paciente, por ser mayor de 40 años y haber tenido al menos dos recaídas, tendría que continuar tratamiento con medicamentos ansiolíticos de por vida.

“Si lo detiene, puede tener recaídas”, afirmó el doctor a preguntas del abogado de la víctima. 

Durante este testimonio, el otro abogado de la defensa, David Rodríguez Burns, se dedicó a destacar que Jelú Iravedra comenzó a recibir tratamiento psiquiátrico meses después de haber sometido la querella por el alegado hostigamiento sufrido. Cabrera reconoció que fue el 28 de septiembre de 2015 que esta comenzó a ser evaluada por el doctor Cuevas. 

Trascendió, sin embargo, que la mujer había sido medicada anteriormente con ansiolíticos por un médico de familia. 

El juicio civil continúa esta tarde. Se espera que testifique el exdirector de Recursos Humanos al que Jelú Iravedra le indicó que era hostigada sexualmente por O’Neill Rosa, Eduardo Farrias. 

Cabe destacar que el pasado 14 de octubre Jelú Iravedra retiró voluntariamente la demanda que pesaba contra el supuesto victimario sin obtener ninguna compensación. No obstante, prosiguió con la demanda contra el municipio, en la que pide $300,000 por leyes federal y $3 millones por leyes estatales. 

El actual alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, intentó llegar a una transacción monetaria con la víctima, pero la Legislatura Municipal no le dio paso a una resolución que le hubiese concedido a la abogada $600,000 por los daños sufridos. Ante este marco, es que comenzó esta semana el juicio civil contra el municipio.