Una empleada del Municipio de Guaynabo radicó una demanda en el Tribunal Federal en la que reclama más de $10 millones por daños y angustias mentales como consecuencia de un patrón de hostigamiento por parte del hijo del alcalde del pueblo, Héctor O’Neill Rosa. 

La abogada Inés María Jelú Iravedra presentó el recurso contra el hombre, mejor conocido como El Cano, y contra el Municipio por supuestamente tener conocimiento de la situación y no tomar acción al respecto.

El patrón que denuncia, establece, ocurrió de 2012 a 2015. 

La demanda sometida por el abogado José F. Quetglas relata varios incidentes en los que la abogada de la División Legal del Municipio alega fue víctima de O'Neill Rosa, quien supuestamente le hizo invitaciones sexualmente explícitas, le enviaba mensajes de texto y la llamaba, la rozaba de forma no deseada y le hacía acercamientos indebidos.

El escrito indica que Jelú Iravedra comenzó en su posición el 15 de julio de 2012 y que desde entonces, O'Neill Rosa comenzó con los contactos físicos lascivos no deseados. Expuso que le dijo que si no le hacía caso a sus avances sexuales, la despedirían por sus influencias en las decisiones de reclutar empleados por parte de su padre, el alcalde Héctor O'Neill García.

Entre las situaciones ocurridas, la demandante planteó que O'Neill Rosa la abrazaba fuertemente, agarrándole los glúteos y rozando sus genitales con el cuerpo de esta, le besaba el cuello y la boca y le decía que le gustaba y que lo excitaba. A veces, según la demanda, el hombre metía su mano en la ropa interior de ella. Alega, además, que un día entró a la oficina de la abogada, se quitó los pantalones y le mostró su pene, colocándolo cerca de su boca. Ella salió y se encerró en el baño, según lee la acción legal.

Ella indicó que trataba de soltarse y le decía que no le interesaba, que la dejara tranquila, pero supuestamente él le contestaba que todas las empleadas tenían que estar disponibles para él y gozar de su confianza, además de que era para su beneficio “mantenerlo contento”, lo que podría traerle beneficios en su empleo. Supuestamente también le comentó que no duraría mucho tiempo en el Municipio si no se acostaba con él y que tenía que agradecerle una promoción que le hizo el alcalde en 2014.

“La política no escrita del Municipio es que era aceptable para el alcalde Héctor O'Neill García y su hijo O'Neill Rosa sostener relaciones sexuales con empleadas. Las empleadas que sostenían relaciones sexuales con ellos eran tratadas mejor y tenían mejores condiciones de empleo, oportunidades, promociones y beneficios que otras no tenían. De hecho, el alcalde promueve este tipo de conducta al tener relaciones íntimas consensuales con varias subordinadas, y al tratarlas favorablemente y darles mejores condiciones de empleo”, lee la demanda, que agrega que O'Neill Rosa estaba “siguiendo el ejemplo de su padre”.

La demandante señaló que se querelló en varias ocasiones con distintos supervisores, pero que no hicieron nada al respecto. Una de las supervisoras le dijo que eso era así allí y otro le dijo que si fuese mujer, saldría con uno de los hijos del alcalde. No presentó queja ante la oficina de Recursos Humanos porque una de sus oficiales, Sandra Ramos Merced, es pareja de O'Neill Rosa y madre de sus hijos.

No fue hasta 2015 que Jelú Iravedra sometió una querella por escrito ante la vicealcaldesa Aurialis Lozada, y alega que inmediatamente comenzó a ser víctima de un ambiente hostil en el trabajo, de amenazas e intimidaciones por parte de su supervisora Ana Quintero.

Alegó que el exsecretario de la Gobernación bajo la administración de Luis Fortuño, Miguel Romero Lugo, fue quien investigó la querella que sometió y que emitió un informe el 29 de octubre pasado “hecho a la medida basado en los intereses del alcalde”. 

Se indicó que Romero Lugo, quien es amigo del ejecutivo municipal, no dio credibilidad a la versión de Jelú Iravedra y concluyó que no había base para la querella.

Basado en dicho informe, O'Neill Rosa demandó a Jelú Iravedra en el Tribunal Municipal de Guaynabo en febrero pasado alegando que la empleada presentó una querella falsa en su contra, lo que provocó la ruptura de su relación con Ramos Merced.

Jelú Iravedra sometió su carta de renuncia el 28 de marzo, y ayer entabló la demanda civil ante el Tribunal Federal, que fue asignada para ser atendida por la jueza presidenta del distrito de Puerto Rico, Aida M. Delgado Colón.

El Municipio aclaró que no ha sido emplazado, por lo que no emitirían comentarios al respecto.

“El Municipio de Guaynabo no hará declaraciones en torno a una alegada demanda incoada en el Tribunal Federal y que involucra el manejo por parte de la oficina de Recursos Humanos en torno a una querella por alegada violación de derechos civiles sometida por una exempleada municipal. Al presente, no hemos sido emplazados de la mencionada acción legal, razón por la cual no estamos en posición de emitir comentarios algunos al respecto", emitió por escrito el portavoz de prensa del Municipio, Alexis Ramos.