En una movida para defender el Sistema de Retiro y las pensiones de los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) presentó ante el Tribunal Federal una demanda contra la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Gobierno de la institución y al presidente del sistema universitario del Estado.

La APPU y nueve profesores y profesoras alegan que el ente federal impuesto por el Congreso no tiene la autoridad para incluir en el Plan Fiscal de la UPR al Sistema de Retiro y hacerle modificaciones, según expresó el presidente del gremio en declaraciones escritas a la prensa, Ángel Rodríguez.

“El Sistema de Retiro, como un fideicomiso, es autónomo y completamente independiente y separado de los estados individuales de los fiduciarios” [UPR], lee la demanda.

No existe una disposición legal que le confiera a la Junta Fiscal, la facultad para supervisar el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR. 

“La Junta Fiscal excedió su poder al recomendar reducir las pensiones y congelar el plan de pensiones definidas y de por vida, en perjuicio de los empleados y pensionados de la UPR”, señaló el profesor Javier Córdova, vicepresidente de la APPU y también demandante.

La APPU incluyó en el pleito legal a los miembros de la Junta de Gobierno de la UPR y al presidente del sistema, Jorge Haddock, por el incumplimiento con sus deberes.

Ellos entienden que la Junta de Gobierno ha descuidado su deber fiduciario al no hacer los pagos que le correspondían hacer al patrono permitiendo el deterioro de la estabilidad económica del fideicomiso, fallando en proteger los activos y al permitir que la Junta fiscal dicte pautas al Fideicomiso de Retiro sin autoridad para ello. Mientras, alegan, Haddock no ha presupuestado ni ha pagado los plazos vencidos que adeuda la UPR al Fideicomiso.

“Mientras los empleados cumplimos fielmente con las aportaciones individuales requeridas y con el pago de préstamos para lograr una mejor pensión, la UPR no cumple con el pago de su deuda al Fideicomiso”, señaló la profesora jubilada y demandante Yohana De Jesús.

“El Dr. Haddock dice que los recortes son manejables y que la reserva de dinero de la UPR aumentó, pero cierra plazas, les paga salarios miserables a los docentes por contrato, pretende reducir el beneficio de plan médico a los empleados y empleadas; y mientras tanto asegura su salario de $240 mil anuales, el más alto que haya cobrado un presidente en la historia de la Universidad de Puerto Rico”, continuó.

Rodríguez, por su parte, aconsejó al presidente de la UPR a que se una al reclamo de la comunidad universitaria, de la APPU y de los representantes estudiantiles y claustrales en la Junta de Gobierno para que el gobernador de Puerto Rico cumpla con la Ley número 2 de 1966 y asigne a la UPR los fondos que necesita para continuar su misión educativa de excelencia.

“Es su obligación salvaguardar el recurso humano, cumplir con sus obligaciones contractuales, proveer materiales y equipo; y asegurar un ambiente de trabajo seguro y adecuado para la educación, la investigación y las prácticas educativas y comunitarias que realizamos en la UPR”, sostuvo.

Los demandantes reclamaron al Tribunal que declare nula cualquier participación de la Junta Fiscal en la operación del Sistema de Retiro de la UPR o en sus beneficios y que decrete que la Junta de Gobierno no puede obedecer las instrucciones de la Junta fiscal con relación al Fideicomiso de Retiro de la UPR.

Asimismo, que ordene a la Junta de Gobierno a pagar lo que adeuda, así como las pérdidas que le ha causado al Fideicomiso por su incumplimiento; le remueva la fiducia del Sistema de Retiro a la Junta de Gobierno y la transfiera a la Junta de Retiro; que le ordene al presidente de la UPR y a la Junta de Gobierno que aseguren el cumplimiento de la Ley número 2 de 1966; y que ordene cualquier remedio que proceda.