Un joven y sus padres demandaron por $6,000,000 a agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por considerar que fueron víctimas de violación de derechos civiles al ser arrestado y cumplir cárcel por un crimen que supuestamente no cometió.

Según la demanda de 12 páginas, Gabiel Lozada Manzano fue arrestado y acusado a nivel federal en mayo de 2013 por supuestamente participar de un robo de un auto frente a una residencia, ocurrido a eso de las 4:00 p.m. el 22 de julio de 2012 en la urbanización Country Club de Carolina.

Agentes del FBI, según la demanda, llevaron a dos niños de la familia asaltada a identificar en una rueda de confrontación al demandante como la persona que cometió el atraco.

“El demandante entiende que los agentes maliciosamente influenciaron a los niños para identificarlo erróneamente”, indica el documento.

Sin embargo, según los demandantes, al momento del robo investigado por el FBI, Lozada Manzano se encontraba detenido en un cuartel de la Policía. Su alegación apunta a que a las 3:00 p.m. de ese día, el joven –quien era menor de edad en ese momento–acompañaba a otras personas en un auto que huyó de una intervención policiaca de tránsito en Isla Verde. Fue arrestado en persecución por la policía y permaneció en la celda de un cuartel hasta la medianoche.

“Es físicamente imposible que el acusado estuviera en dos lugares a la vez”, plantea la demanda. “Los documentos que prueban la imposibilidad física de estar presente en dos lugares a la vez siempre estuvieron en posesión de agentes del FBI”, se indicó.

En la demanda radicada por el abogado Luis R. Rivera se indica que, cuando se discutió en una vista de fianza en marzo de 2014 la coartada de Lozada Manzano, que imposibilitaba que hubiera participado del robo del auto, la fiscal federal Amanda Soto Ortega le ofreció a su cliente declararse culpable a cambio de cumplir siete años en prisión “por un crimen que no cometió”.

Lozada Manzano pasó 10 meses encarcelado en el Centro Metropolitano de Detención –o cárcel federal- hasta marzo de 2014 cuando se le concedió libertad bajo fianza. Finalmente, sus cargos fueron archivados en mayo pasado.

El joven y sus padres, identificados como Belkis Manzano y César Lozada, alegaron que sufrieron persecución maliciosa, arresto erróneo, y privación de su libertad en violación al debido proceso de ley, a manos de los agentes del FBI y que toda la violación de derechos civiles que sufrieron le causó angustias y daños mentales. Indican incluso que el joven recibe tratamiento psiquiátrico tras los incidentes.

El FBI, a través de su portavoz Moisés Quiñones, dijo que no reaccionará a la demanda por tratarse de un caso civil que está bajo investigación.